Los magistrados y funcionarios judiciales bonaerenses salieron a reclamar “soluciones urgentes” a las circunstancias en las que “los reclusos cumplen sus condenas”, y exigieron que “se ponga fin a los discursos que livianamente pretenden responsabilizar” a los jueces “de decisiones de política legislativa y presupuestaria”.

El pronunciamiento fue formulado ayer por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que exigieron una solución “sin más dilaciones”.

La entidad hizo el reclamo justo cuando un nuevo episodio de inseguridad, esta vez una toma de rehenes, llevó a funcionarios del gobierno bonaerense a poner en la mira a los jueces por esos episodios.

El ministro de Justicia, Ricardo Casal, cargó contra la jueza de Ejecución Penal de San Isidro Victoria Elías García Maañón, quien benefició al preso Marcelo Almeijeidas, que se fugó de una comisaría y el jueves protagonizó la toma de rehenes.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ha venido reclamando a los tres poderes del Estado provincial soluciones urgentes a serios problemas estructurales del sistema de administración de Justicia”, dijo la entidad en un comunicado.

La misiva sostiene que “los contextos y circunstancias en los que cumplen sus condenas los reclusos han sido fuente de preocupación y motivado diversas acciones y pedidos tendientes a evitar, entre otras cosas, las fugas y el alarmante número de casos en el que internos esgrimen y amenazan con armas blancas al personal, en juzgados, fiscalías y otras dependencias judiciales”.

También se sostuvo que “el Servicio Penitenciario Provincial, y quienes lo conducen operativa y políticamente, tienen insoslayables responsabilidades en las problemáticas denunciadas”.

Los jueces y funcionarios afirmaron que “los lugares de alojamiento de los menores adultos en conflicto con la ley penal están colapsados y sin cupos para ingresar a nuevos internos, incluso después de las restricciones que contempla la legislación reciente respecto de los supuestos de su detención”.

“En una situación no menos preocupante -añadieron-, se encuentran los lugares de alojamiento de detenidos mayores ya que, por diferentes órdenes judiciales, se han clausurado celdas en comisarías que nunca han sido rehabilitadas”.

La entidad advirtió además que “el alto nivel de litigiosidad, que ha sido reconocido por el Ejecutivo provincial, que pidió la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, es un problema que se ve agravado por la negligencia con la que es abordada esa situación”.

Ese “extremo puede advertirse al señalar que en todo el año no se ha nombrado ningún juez, situación que lleva implícita la denuncia de inacción en estas materias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, manifestó.

“El Colegio demanda públicamente que estos problemas sean resueltos sin más dilaciones y que se ponga fin a los discursos que livianamente pretenden responsabilizar a los Magistrados de decisiones de política legislativa y presupuestaria que nos han llevado a la actual situación”, añadió la entidad.

Fuente: Infobae