Envió un proyecto a la Legislatura que recorta el control comunal y permite al Ejecutivo fijar topes presupuestarios.
El gobierno de la Ciudad envió un proyecto a la Legislatura porteña para modificar la Ley de Comunas, en el que elimina la palabra “jurisdicción”, recorta el control comunal, le otorga Ejecutivo la potestad de fijar topes presupuestarios, y deja a todos ad honorem excepto al presidente de la comuna, al que le da todo el poder, asignándolo también presidente del descentralizado Consejo Consultivo Comunal (CCC), entre otros puntos. Mientras, el dinero destinado a las comunas los nuclea la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que en 2014 tendrá por las 15 zonas al menos 370 millones de pesos, que se suman a su presupuesto propio. “El proyecto del PRO es violatorio del espíritu participativo y descentralizador de la Constitución de la Ciudad”, definió a este diario Cynthia Salama, comunera de la 10 por el FPV.
Como primer punto, el artículo 2º de la ley original 1777 marca: “Naturaleza jurídica. Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia.” Ahora le quita la palabra “patrimonio”. Otra polémica es con el artículo quince. En este nuevo texto “el Poder Ejecutivo fija el tope de gasto de cada Comuna”. En realidad según lo estipulado en su momento, un 5% de presupuesto total debe ir destinado a las comunas que manejan su propio financiamiento descentralizadamente, pero para 2014 sólo alcanzará el 3% y no será manejado por ellas mismas. Las miradas están puestas en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que conduce Eduardo Machiavelli. Este año su presupuesto es cercano a los 550 millones, unos 200 millones más que en 2012.
El artículo 25º de la actual ley define las remuneraciones. Todos los miembros de la Junta Comunal perciben un 60% del ingreso bruto total de un diputado porteño, y el presidente de la Junta, un 10% más. Ahora, sólo cobraría el presidente de la Junta, que tenderá a ser afín al partido gobernante porque las elecciones a comuneros acompañan la elección general del distrito. El resto, ad honorem.
“Esto ya lo quiso hacer el macrismo en 2011. Espero que el proyecto no prospere y que se siga apostando a las comunas. Es una democracia directa, que se la quiere ahogar. Ni siquiera tenemos estructura de personal, no podemos contratar gente”, criticó Alejandra Camiña (Proyecto Sur), de la Comuna 8.
También le recorta funciones al CCC, que hoy en teoría debe funcionar descentralizadamente de la Junta, formado por actores sociales, políticos y habitantes con domicilio en la comuna, con su propio reglamento y autoridades. Todas las recomendaciones emanadas del CCC son de tratamiento obligatorio por la junta comunal. En algunas comunas tiene un presidente, en otras una coordinación y en otras es asambleario. En el proyecto macrista, definitivamente se lo pone bajo la tutela del presidente de la Junta Comunal. Y por último, borra del articulado original las “jurisdicciones comunales”, parte esencial de la ley vigente. De acuerdo con la actual norma, deberían ser 15 jurisdicciones administrativas, de gestión, patrimonio, personal y presupuesto propio. Su falta de concreción motivó que comuneros del FPV lleven adelante una denuncia judicial.
“Para 2014 ya dijeron que van a descentralizar 300 mil pesos para el arbolado, no van a descentralizar la luminaria, y van a otorgar 2 millones de pesos para aceras. Pero cada comuna tiene un presupuesto de 23 millones, que se lo lleva la Secretaría de Gestión Comunal. En la Comuna 10 a mitad de año cambiaron el proyecto de una plaza ya presupuestada y consensuada con los vecinos porque se quedaron cortos con la plata. No sabemos dónde va la plata”, denunció Salama. Y acotó: “Ahora es una mega secretaría asentada en casi 900 millones de pesos, que sin ningún criterio aplica por ejemplo 5 millones de pesos a construir un boulevard en la Avenida Cabildo y luego levantarlo para hacer la traza del nuevo metrobus”. «
Algunos puntos del proyecto
En las funciones del Consejo Consultivo Comunal (CCC), se quitan 5 puntos del original. Entre ellos, los que le asignaban “efectuar el seguimiento, evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo en la Comuna”, “formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular”, “promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación vecinal” y, especialmente, el que insta a “controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna”.
En el artículo 4º saca el inciso c, que refiere a la “subsidiariedad de la actuación del Poder Ejecutivo en relación con las competencias de las Comunas”.
Del artículo 14º sobre patrimonio y recursos, borra el inciso d, que marca que cada Comuna tendrá los bienes que la administración central le transfiera.
Dejaría de ser un gobierno de proximidad: para emitir resoluciones y declaraciones necesitarán acudir primero a la anuencia de la Procuración General de la Ciudad.
Fuente: Tiempo Argentino
