Tras casi un siglo de retórica sobre la falta de democracia racial brasileña y más de una década de debates, la idea de solucionar la baja representación de la población negra en la vida pública ganó fuerza y comienza a ser una realidad. El gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, del PSDB, partido opositor del Gobierno, anunció este viernes una cuota del 35% para negros en la administración pública del Estado más rico del país, que suma un PIB de más de 1,2 billones de reales (500.000 millones de dólares). Alckmin se suma así al proyecto presentado el mes pasado por la presidenta Dilma Rousseff, que prevé cuotas del 20% en el funcionariado público federal.

En Brasil no puede hablarse de la población negra como una minoría, ya que el 50,7% de la población es negra, pero su representación política gira en torno al 6% y el 9%, según cálculos independientes disponibles, ya que la Justicia Electoral no divulga datos basados en los llamados criterios de memoria o de raza. Las iniciativas anunciadas la semana pasada tienen gran amplitud, teniendo en cuenta que el Gobierno federal brasileño emplea más de dos millones de funcionarios y el Gobierno de São Paulo tiene 570.000 servidores.

El mundo académico fue pionero, en 2003, en la creación de cuotas para la población negra, con la apertura de vacantes en la Universidad de Brasilia (UnB), una de las principales instituciones de enseñanza superior del país. Pero fue el diputado del Partido de los Trabajadores (PT) del Estado de Bahia, Luiz Alberto, quien el mes pasado lanzó la iniciativa de establecer cuotas para negros en los órganos de representación política. La idea de Luiz Alberto generó polémica y fue discutida, incluso dentro de su propio partido, por políticos que consideran que establecer cuotas, independientemente de los votos, ataca los principios de la democracia.

Según Alberto, hay que crear mecanismos que rompan la lógica de que los negros no están preparados para ejercer cargos importantes. “El caso brasileño es grave, pues no se trata de querer incluir en el debate político una minoría históricamente excluida, sino una mayoría. De esa forma, las cuotas no son solo una reparación, sino un reconocimiento de la capacidad que la población negra ya tiene para ser protagonista en el campo político”, dijo Alberto, en entrevista por teléfono. En Brasil, la esclavitud se abolió en 1888, y los exesclavos no tuvieron soporte para fortalecerse económicamente, quedando al margen de la sociedad.

En Bahía, Estado del noreste, donde cerca del 80% de la población es negra o mestiza, fueron elegidos 39 diputados federales. Solo cuatro son negros. En la Asamblea de Bahía, entre los 66 parlamentarios elegidos hay dos negros en su bancada estatal. En las Asambleas estatales, la participación gira en torno al 5%.

La ley de cuotas para políticos ya fue aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) en la Cámara de los Diputados, a la que cabe determinar la constitucionalidad de la enmienda, y espera ahora el análisis de otras comisiones para discutir cambios o alteraciones en el texto. Hoy, la Cámara dispone de 513 vacantes. Si la propuesta se aprueba, 173 de ellas se cubrirán con parlamentarios que se declaran negros o mestizos.

La vigencia estipulada de las cuotas, en el caso de la propuesta para cargos políticos, es de cinco legislaturas (20 años), prorrogable por el mismo periodo. Para la profesora de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de São Paulo, Luciana Ramos, ese es un punto positivo de la propuesta. “Como se trata sobre todo de una acción positiva, es importante que ya tenga una fecha para expirar”, afirma.

Medios brasileños, como el diario Estado de S. Paulo, sin embargo, se posicionaron contra el proyecto del diputado bahiano. “La propuesta está claramente en conflicto con el principio democrático de la indiferenciación de los titulares de mandatos parlamentarios”, criticó en un editorial llamado Apartheid Electoral.

Alberto se defiende diciendo que hay un conjunto de medios de comunicación que limitan el debate político brasileño y representan principalmente las ideas de la “élite tradicional”.

Sin embargo, incluso entre aliados del PT la idea no es unánime. El abogado y exministro de Justicia del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, Márcio Thomaz Bastos, cree que la propuesta restringe la libertad la política. “El principio republicano y democrático es dar todo el poder al elector, no colocar límites a su voluntad. Esa (acción afirmativa) se justifica en cuestión de educación como medida compensatoria y provisional”, dice Thomaz Bastos.

Fuente: El País