El diputado nacional por el kirchnerismo Carlos Kunkel defendió el proyecto de ley que propone regular y restringir las protestas callejeras y que distingue entre “piquetes legítimos e ilegítimos”.

Para justificar su postura, Kunkel hizo referencia a un piquete realizado a principios de marzo por trabajadores portuarios del sindicato SUPA, en el que un joven de 27 años y con una pierna ortopédica, fue arrojado desde el puente Nicolás Avellaneda porque quiso atravesar por el medio de la manifestación para llevar al hospital a su mujer embarazada.

“Se va a garantizar que, si cortan o exteriorizan su protesta, pongan sus carteles y tengan las cámaras de televisión para difundir su reclamo pero que, por ejemplo, los 30 o 40 de un sindicato que cortaron el puente no sigan tirando discapacitados desde un puente”, enfatizó en diálogo con la radio de FM Rock and Pop.

El legislador, quien respaldó la iniciativa con otros seis diputados kirchneristas, agregó: “Si no hubiéramos estado durante estos 11 años instruyendo a las fuerzas de seguridad para que respeten los derechos de todos los ciudadanos, no valdría de nada sancionar una ley para que se pueda generar una situación un poco más pacífica”.

Sostuvo que “la forma de reclamar que tenía el ciudadano de a pie era muy reducida” antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder, porque “había un 25, 26 por ciento de desocupación” y los desempleados carecían de la posibilidad de protestar con una huelga. “No había forma de visualizar la protesta y el reclamo social”, concluyó.

El proyecto K de ley para regular y restringir las protestas establece la legitimidad de un corte y obliga a notificar con 48 horas de antelación las manifestaciones ante la policía, fuerza que no podrá portar armas de fuego.

La iniciativa, que lleva las firmas de José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos, además clasifica las manifestaciones en “legítimas” e “ilegítimas”.

El proyecto considera que “una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites” previstos en la normativa.

Asimismo, define como manifestación legítima la que “no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud pública”.

Fuente: Infobae