Julián Domínguez y Miguel Pichetto, los jefes de bloques del Frente para la Victoria en el Congreso, convocaron para hoy a la primera línea de legisladores kirchneristas para lanzar en el Salón de Honor el primer conflicto de poderes del año electoral. El oficialismo parlamentario interrumpirá así el receso legislativo para denunciar una presunta intromisión del Poder Judicial en las prerrogativas del Congreso en respuesta al fallo del juez Enrique Lavié Pico, quien suspendió las designaciones de nuevos cargos realizados por la jefa de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El 1 de marzo, Cristina de Kirchner brindará su último discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación.

Batería

El capítulo contra el corporativismo dentro de la Justicia ya se comenzó a redactar y será similar al expresado el 1 de marzo de 2013, cuando la Presidente anunció una batería de reformas judiciales a través de proyectos de ley enviados al Parlamento. Si bien todavía se arrastra el conflicto derivado de la jubilación de Eugenio Zaffaroni como integrante de la Corte Suprema, este año comenzó con una batalla a partir de la designación de Gils Carbó de 16 nuevos fiscales que quedó sin efecto a partir del fallo de Lavié Pico dictado sobre la base de una medida precautelar presentada por el legislador neomassista Mauricio D’Alessandro. Esas designaciones se habían realizado en el marco del nuevo Código Procesal Penal, que creaba esos cargos a partir de la ley votada en el Congreso el año pasado.

Los conflictos intrapoderes fueron un clásico en la era kirchnerista. Detonaron en 2005, cuando el Frente para la Victoria impugnó el diploma de diputado nacional electo de Luis Patti, quien había sido habilitado por la Justicia para presentarse como candidato.

En 2010 rozó el paroxismo con la destitución de Martín Redrado como titular del Banco Central de la República Argentina. La Presidente había removido por decreto a Redrado del BCRA exceptuando la aplicación de la Carta Orgánica que establece el proceso de remoción a cargo del Congreso. El choque no fue sólo con el Poder Legislativo, sino también con el Poder Judicial, ya que un fallo de la jueza María José Sarmiento había suspendido los efectos del Decreto 2010/09, que creaba el Fondo del Bicentenario para pagar deuda con reservas del BCRA y desplazaba de la titularidad de ese organismo a Redrado.

En 2013, año de elecciones legislativas, la Corte Suprema volteó la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para establecer la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. “Más temprano que tarde, los argentinos van a poder votar a todos los órganos políticos”, dijo en aquel entonces la Presidente para rechazar el fallo de la Corte en contra de la ley votada por el Poder Legislativo. Este año, la Justicia podría pronunciarse en relación con la pretendida equivalencia entre los fueros de los legisladores nacionales y los fueros que corresponderían a los nuevos 43 parlamentarios del Mercosur que serán electos en las elecciones generales de octubre próximo.

Suspensión

El fin de semana, Domínguez afirmó que “esta decisión judicial desprecia la soberanía popular que representa el Congreso argentino”, al referirse a la medida precautelar de Lavié Pico a través de la cual se suspendió la designación de fiscales. En esta línea, Domínguez destacó: “La Ley número 27.063 anexo I claramente expresa y ordena designar fiscales para que pueda operar el Código Procesal Penal, es deber y derecho de la Procuración General de la Nación hacerlo y no todo lo contrario”.

El Congreso nacional, dentro de sus facultades constitucionales específicas (artículos 75 incisos 20 y 32 y el artículo 120, Constitución nacional) ha creado por Ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, reiteró que Gils Carbó es “la nave insignia del Gobierno para colonizar el Ministerio Público”, y convocó a todos los precandidatos presidenciales y jefes de bloques parlamentarios a “comprometerse expresamente para dejar sin efecto y derogar toda disposición que se contraponga con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público”. Desde el massismo, Alberto Asseff expresó su “alborozo” por la decisión del juez Lavié Pico de suspender los nombramientos de fiscales que había firmado Gils Carbó. “Hay justicia, hay esperanza. La arbitraria e ilegal designación de 16 fiscales fue suspendida hasta 2016 y con ello los ciudadanos de nuestro país respiramos un poco de aire puro. El intento de colonizar las fiscalías y asegurarse la impunidad ha sido fulminado por un juez que cumplió con su deber”, afirmó Asseff.

Fuente: Ámbito Financiero