Es contra cinco empresas que actúan en la plataforma continental, cerca de las Islas, sin autorización local. La ley prevé hasta 15 años de prisión para sus directivos. “No permitiremos que se lleven riquezas del territorio argentino”, advirtió Filmus.
La diplomacia, como la física, como otros aspectos de la vida, sigue también la lógica de la acción-reacción. La Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, a través del secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Daniel Filmus, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, presentaron ayer una denuncia penal contra cinco empresas británicas y estadounidenses que están realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental sin ningún tipo de autorización por parte de las autoridades legítimas: o sea, el propio gobierno argentino. La zona de exploración está ubicada a 220 kilómetros al norte de las Islas ocupadas unilateralmente por Gran Bretaña desde el año 1833. La demanda, que quedará bajo la órbita de la justicia federal, fue interpuesta ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.
Las compañías involucradas fueron denunciadas a partir del contenido de la Ley 26.915, modificatoria de la Ley 26.659, sancionada a finales de 2013, que fija penas de entre 10 y 15 años de prisión y multas equivalentes al valor de entre 150 mil a 1,5 millón de barriles de crudo para quien extraiga hidrocarburos, “sin autorización de la autoridad competente, por cuenta propia o de terceros, (…) en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos”.
Las penas y multas son algo más leves, pero igualmente incómodas, para quien realice tareas de exploración sin el permiso argentino: de cinco a diez años de prisión y el pago de un resarcimiento similar al valor de entre 20 mil a 100 mil barriles de crudo WTI.
Las empresas denunciadas son Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc y Edison International SpA. En línea con lo que establece la legislación, los acusados por el Estado argentino son, concretamente, los “directores, gerentes, síndicos o representantes” de las cinco compañías que se asociaron para poner en funcionamiento la plataforma semi-sumergible Eirik Raude con la intención de perforar, en el mediano plazo, seis pozos bajo la superficie del océano.
A principios de marzo, una de las empresas, Premier Oil, informó a través de un comunicado público que ya se había iniciado la primera perforación, a 450 metros de profundidad, en el llamado pozo Zebedee. Según publicaciones especializadas del sector petrolero, cada perforación al norte de las Malvinas demandará una inversión de alrededor de 50 millones de dólares por pozo.
La demanda se hizo pública en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de la Procuración General de la Nación. También estuvo el fiscal Gonella. Filmus reveló que el gobierno se había comunicado con la empresa propietaria de la plataforma que está realizando las perforaciones (OceanRig, especializada en exploración off-shore, cuyo presidente es el magnate griego George Economou y sus oficinas, según el sitio web de la compañía, están en Atenas) para que se abstuviera de seguir adelante.
“Todas las advertencias fueron desoídas”, aclaró. Así, una vez que se informó del ilícito, el gobierno decidió presentar la primera denuncia penal. La Ley 26.915, sin embargo, es desconocida tanto por la administración de las Islas como por el gobierno conservador que encabeza David Cameron: plantean que la legislación argentina no rige en el archipiélago ni en las aguas circundantes.
“No podemos permitir que se lleven esas riquezas de un territorio que es tan argentino como el Obelisco. Son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Esas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina. Y las consecuencias jurídicas las determinarán los jueces”, señaló Filmus. Luego recordó los antecedentes inmediatos de este agravamiento de la controversia porque los británicos empiezan efectivamente a explotar recursos del subsuelo del Atlántico Sur que la Argentina reclama como propios. “Esta denuncia se hace a pocos días de que Gran Bretaña anunciara el aumento de la presencia militar en la región. Ahora se entiende para qué era ese incremento del gasto: es protección militar a las empresas.”
Cercana al ministro de Economía Axel Kicillof, Matranga informó que las compañías en cuestión, a las que acusó de llevar adelante “operaciones clandestinas”, fueron inhabilitadas para operar en el territorio nacional “por un período de entre 15 y 20 años”.
Sobre la evolución del litigio en el corto plazo, Filmus recordó que Londres incumple dos resoluciones de la asamblea de la ONU, la 2065 (emitida en 1965, de la cual se cumplen 50 años en 2015, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y la persistencia de una situación de colonialismo), y la 31/49, que exhorta al diálogo y a no realizar acciones unilaterales sin consultar a la contraparte.
“El Reino Unido no cumple con ninguna de las dos resoluciones. Ninguno de los dos países puede tomar decisiones unilaterales”, subrayó Filmus. “Todos estos temas van a estar denunciados en la exposición argentina ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que tendrá lugar el 25 de junio. Nosotros pedimos, como dice la ONU, que se sienten a dialogar”, adelantó Filmus a Tiempo.
Fuente: Tiempo Argentino
