Según informaron fuentes parlamentarias, la Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad dio lugar a un amparo iniciado por Mauricio García, integrante de la Asamblea Interparques.
En su demanda, García exigía que la Legislatura de la Ciudad “adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular regulada en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno”.
En su fallo, los magistrados admitieron que “el Reglamento Interno de la Legislatura es norma vigente y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria. El incumplimiento de la obligación en un lapso prolongado configura una conducta ilegal y carente de justificación”.

La “Tribuna Popular” permite a la ciudadanía efectuar “planteos sobre temas de especial interés para la Ciudad o sobre proyectos presentados que tengan estado legislativo, tengan o no despacho de comisión y figuren o no en el orden del día de la sesión ordinaria en que se desarrolle”.

Asimismo, propone que quienes soliciten ser parte de la Tribuna accedan a cinco minutos para su planteo, no pudiendo superar los doce oradores por sesión, los cuales deberán estar inscriptos ante la Secretaría Parlamentaria.

Y contempla que pueden hacer uso de la palabra las personas físicas, entidades de bien público, organizaciones sociales o entidades que propendan a la defensa de los derechos de incidencia colectiva que desarrollen sus actividades en al ámbito de la Ciudad.

Para el legislador Pablo Bergel, el fallo de la Cámara implica que las autoridades parlamentarias “van a tener que poner en marcha esta institución de participación mediante la cual los vecinos podrán exponer sus temas de preocupación y los legisladores los tendremos que escuchar”.

No obstante, el diputado advirtió que “muchos de estos instrumentos, como las Comunas y el Presupuesto Participativo, tardan en implementarse porque muchos son frenados por aquellos que les temen a la participación popular”.

La idea de aplicar la “Tribuna Popular” está presente desde el inicio de las funciones de la Legislatura porteña como tal, luego del cierre del Concejo Deliberante en 1996, desde cuando se elevaron al menos 50 propuestas que incluían su implementación, pero ninguna prosperó con éxito ante la falta de acuerdo por parte de los diputados en mandato.

El requerimiento para que sea habilitada la Tribuna Popular tiene su antecedente en la idea conocida como “la Banca del Vecino”, gestada en junio de 1996 durante una reunión de entidades vecinales que buscaban en la idea de una democracia participativa.

Fuente: Diario Z