Mauricio Macri quiere sacar de la agenda el tarifazo de transporte y gas con una agenda de temas sociales en el Congreso, que ingresaría el lunes a Diputados y el Gobierno quiere tratar el miércoles mismo en el recinto.

Los proyectos serían para bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y crear una tarjeta social y, de paso, se agregaría la puesta en marcha del juicio en flagrancia y el sistema de acceso a la información pública, cuentas pendientes del kirchnerismo.

Para llevar un proyecto al recinto en Diputados no hay plazos y alcanza con dictaminar y tener mayoría quórum. Pero los voceros de Cambiemos preferían no aventurarse tanto y esta tarde sólo hablaban de una sesión para tratar los decretos que ya tuvieron dictámenes en la bicameral de trámite parlamentario.

Puede derivar en arduos debates, porque algunos fueron muy resistidos por el peronismo como la eliminación de la devolución del 15% del IVA a las provincias, dispuesta por Cristina a partir de un fallo de la Corte.

Otro es el que elimina la ley de medios y de argentina digital para crear el Ente de Comunicación (Enacom), también cuestionada por el FpV.

Cambiemos debe armar una mayoría para confirmar los cambios al impuesto a las Ganancias, porque los dictaminó en soledad, sin apoyo del Frente Renovador. Depende del bloque peronista, de Diego Bossio. La agenda social y judicial caería justo para ensuciar esa negociación.

Los proyectos

La restitución del IVA prevería un reintegro de 15 puntos del gravamen para la compra de alimentos que realicen quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la jubilación mínima y el plan Progresar.

El objetivo sería afianzar el sistema de bancarización, ya que la devolución se efectuará ante la compra de un alimento con una tarjeta magnética.

Otra de las propuestas tiene que ver con el juicio de flagrancia, elaborado sobre la base del proyecto que la funcionaria macrista impulsó en el Congreso en su etapa como legisladora.

Este sistema pretende agilizar el proceso penal cuando el delincuente sea descubierto “in fraganti”, ya que establece que en un plazo de 35 días hábiles a contar desde la detención debería arribarse a una sentencia de condena o absolución.

Asimismo, en la propuesta que Bullrich presentó en el Congreso, se exige realizar una audiencia a las 24 horas de la detención del imputado, con la finalidad de formalizar su aprehensión y su inmediata puesta a disposición del juez de turno.

La tercera iniciativa tiene que ver con el acceso a la información pública, que establece que toda información en poder del Estado se presume que será pública y de libre acceso.

La propuesta prevé la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo titular será designado a partir de una serie de audiencias públicas.

Para los casos de información reservada se fijó un plazo de 10 años para la difusión de esos datos.

Fuente: LPO