Tiene apenas seis párrafos, con muchas especificaciones técnicas pero indudable voltaje político. Esta mañana, como adelantó Clarín, la Oficina Anticorrupción (OA) envió a la Corte Suprema una carta en el que pide que los jueces del Máximo Tribunal le manden a este organismo las declaraciones juradas de bienes para hacerlas públicas en Internet. La presión se da en medio de una sorda disputa entre el Gobierno nacional y la Justicia por la suba de las tarifas.
El reclamo de la OA, que conduce la macrista Laura Alonso, incluye a la procuradora Alejandra Gils Carbó (otra apuntada por el oficialismo) y los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, el ente encargado de controlar a los jueces.
El texto que llegó esta mañana a Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, con copia a Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, remarca en el segundo párrafo que “a través de la Ley 26.857 se dispuso la libre accesibilidad” a las “declaraciones a través de Internet, con el objeto de que puedan ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita, estableciéndose asimismo que todas las declaraciones juradas -con excepción de los anexos reservados- deben ser publicadas en el sitio Web de la Oficina Anticorrupción”.
La aclaración de la divulgación en la web es clave. Los magistrados ya presentaron sus declaraciones juradas ante la Corte. Pero la OA quiere difundirlas al público masivo. El organismo es un ente independiente dentro del Ministerio de Justicia, aunque su titular es una reconocida dirigente macrista, que responde a Daniel Angelici, el titular de Boca con buenos contactos judiciales.
Elisa Carrió, por otra parte, ya se había quejado de los datos que los jueces de la Corte (en particular Lorenzetti, con quien tiene una pelea abierta) en sus DD.JJ. eran escuetos. Ahora se sumó Alonso.
La titular de la OA ofrece en la carta a “ese Honorable Tribunal toda la cooperación y asistencia técnica que se requieran por parte de esta Oficina para incorporar al sitio las Declaraciones Juradas”. Y recuerda que el pedido es “concordante con la política de apertura de datos” dispuesta por un decreto de Macri. Curioso: el propio presidente viene siendo hostigado por la oposición, con reclamos públicos y denuncias judiciales, por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas. E incluso reclamaron la intervención de Alonso en el tema.
Como cierre de la carta a Lorenzetti, la ex diputada del PRO insiste en que la publicidad de los bienes de los funcionarios “constituye un mecanismo más efectivo para garantizar el derecho de acceso a la información pública”. Y aguarda “que esta propuesta resulte de vuestro interés”. ¿Resultará?
Fuente: Clarín
