Además de elegir autoridades, las elecciones de noviembre darán a los estadounidenses la posibilidad de pronunciarse sobre más de 150 consultas populares repartidas en 35 estados, incluyendo una para obligar a usar preservativos en películas pornográficas y varias que buscan legalizar la marihuana.

Desde California a Maine, y desde Texas a Montana, los políticos y ciudadanos estadounidenses han aprovechado durante décadas la enorme maquinaria desplegada en las elecciones presidenciales para modificar algunas cuestiones normativas locales, o para imponer algún cambio de impacto social.

Este año, un total de 165 propuestas llegarán a las urnas en los comicios del próximo 8 de noviembre para elegir presidente y renovar el Congreso.

Algunas rozan lo extravagante, como la de los preservativos en California, una presentada en Montana que busca prohibir la colocación de trampas para animales en lugares públicos u otra en Massachusetts que intenta vedar la venta de huevos provenientes de granjas en las que los pollos vivan hacinados.

Pero las propuestas que posiblemente generen los cambios más palpables son las vinculadas a la despenalización del consumo de marihuana, al control de armas y a la modificación del salario mínimo, que este año han alcanzado un número récord de proposiciones.

La propuesta sobre los preservativos, presentada en California por la Fundación AIDS Healthcare, también hace referencia a la responsabilidad de los productores de estos filmes, quienes deben hacerse cargo de la salud de los actores y responder si alguno de ellos contraiga una enfermedad de transmisión sexual.

De las 165 propuestas, 10 son para legalizar el consumo de la marihuana, ya sea con fines recreativos o para uso medicinal, una opción que ya se aprobó en las elecciones de 2012, en Colorado, donde hoy en día los mayores de 21 años tienen permiso para tener hasta 28 gramos y pueden cultivar hasta seis plantas.

En estados oscilantes como Florida y Nevada, donde hay propuestas para legalizarla con fines medicinales en el primero, y con fines recreativos en el segundo, se espera que este tipo de consultas impulse la participación de los votantes, por lo que es un tema importante en la carrera presidencial.

Los otros estados en los que se quiere legalizar su uso con fines medicinales son Montana, Dakota del Norte y Arkansas, aunque este último también tiene una propuesta para legalizarla con fines recreativos, al igual que en Arizona, Maine, Massachusetts y California.

Por otro lado, mientras estados como Arizona, Colorado, Maine y Washington votarán propuestas para aumentar el salario mínimo, Dakota del Sur hará lo contrario: los ciudadanos deberán decidir si están de acuerdo con rebajar de 8,50 a 7,50 dólares el salario de los menores de 18 años.

Otra de las iniciativas que se repite en varios estados es la que intenta controlar el uso de armas de fuego, un derecho tutelado por la Constitución de Estados Unidos y defendido a ultranza por el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Las consultas que se celebrarán este año no son para prohibir su uso sino para limitarlo: en California se busca restringir el acceso a las armas de gran munición; mientras que en Maine intentarán obligar a los vendedores sin licencia a hacer una averiguación de antecedentes antes de vender o transferir un arma.

Nevada, por su parte, intentará prohibir las transferencias que no se hagan a través de vendedores de autorizados (excepto entre familiares inmediatos o en caso de transferencias temporales); mientras que en Washington buscarán autorizar a los tribunales a que puedan restringir el acceso a las armas a ciertas personas.

Además, este año se han presentado varias medidas relacionadas con la salud universal, entre ellas una en California para crear un sistema de salud que regule el precio de los medicamentos, o una propuesta mucho más ambiciosa en Colorado para brindar acceso universal a la salud a todos los habitantes del estado.

Colorado también busca revertir una enmienda constitucional que permite el trabajo no remunerado y forzado de los convictos, mientras que una decena de estados busca aumentar el precio del impuesto al tabaco, y otros tantos intentarán modificar sus políticas impositivas, algo que afectaría a 123,3 millones de estadounidenses.

Fuente: Télam