La intención oficial de reformar el mercado laboral abrió una grieta en el sindicalismo. O, mejor dicho, mantuvo el mapa de relaciones tal como lo ideó el Gobierno durante su primer año de gestión: negociación y concesiones con los gremios peronistas que anidan bajo las siglas de la CGT y una política de relegamiento para las dos vertientes de la CTA y la izquierda sindical.

El Gobierno dio a conocer en dosis homeopáticas su plan de reformas, que avanza más allá de las meras modificaciones sectoriales de los convenios colectivos, como sucedió con los petroleros de Vaca Muerta. Se anunciarán en el corto plazo un proyecto de ley o un decreto sobre el blanqueo laboral y los alcances que tendrá el auxilio a empresas que regularicen a sus empleados. También habría medidas sobre el regreso del sistema de pasantías como marco formativo y no como vínculo laboral, y el llamado a sesiones extraordinarias para intentar sancionar la ley que modificará el sistema de las ART.

Las CTA y la izquierda acusaron al Gobierno de avanzar hacia una flexibilización. En la CGT, en cambio, habilitarán los cambios en los convenios colectivos y negociarán el resto de las posibles reformas.

El Gobierno convocará para la primera semana del mes próximo a la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, que integran el Estado, la CGT y el denominado Grupo de los Seis, que integran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados.

La dinámica que impuso el Gobierno a la agenda laboral alteró las vacaciones de algunos sindicalistas. En la CGT la preocupación está latente: se llamó de urgencia a una reunión de consejo directivo para la semana próxima. El primer encuentro de 2017 estaba planificado inicialmente para el 9 de febrero.

“Queremos ver cómo estamos parados y definir nuestra estrategia. Al Gobierno no le queda otra que dialogar porque no tiene mayoría parlamentaria. Quedó demostrado con el proyecto de ley sobre el primer empleo, que no salió de comisión”, dijo ayer uno de los jerárquicos de la CGT que interrumpió su descanso en la costa argentina.

La cúpula de la CGT dará luz verde para que cada gremio negocie los cambios que crea convenientes en su convenio colectivo de trabajo. “Es algo muy particular de cada sector”, argumentó un dirigente de peso. Y rechazó que el acuerdo de los petroleros pueda ser paradigmático y aplicable al resto de las actividades.

En tren de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento de Vaca Muerta, el gremio petrolero cedió beneficios salariales. El moyanista Guillermo Pereyra, el jefe sindical petrolero, estaba en una encrucijada: tenía miles de afiliados de brazos cruzados, con riesgo de perder el puesto. Nadie de la CGT asistió anteayer al anuncio en la Casa Rosada, pese a las invitaciones. Una discusión similar se avecinaría en Aerolíneas Argentinas con los pilotos y los gremios de tripulantes, quienes tienen un régimen parecido al de los petroleros en lo relativo a traslados y horas extras.

En el Ministerio de Trabajo, en tanto, admitieron negociaciones con empresarios y sindicalistas de diferentes rubros para avanzar en modificaciones de convenio o instalar debates sobre productividad. Ya hubo gestiones con los gremios de la construcción, telefónicos, mecánicos y metalúrgicos. También con los peajes, una actividad a la que empresarios y gremialistas le pronostican una pronta caducidad.

En el mismo sentido, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desea imponer cambios en el transporte interno de cargas y bajar los costos de la logística. Esto desencadenaría inevitablemente en un choque con los camioneros de Hugo Moyano, un aliado clave de Mauricio Macri. Aún no explotó la verba combativa de Pablo Moyano, el número dos de los camioneros, que está de vacaciones en Cancún.

A modo de presión, el ferroviario Omar Maturano envió un mensaje. “Sin el consenso del movimiento obrero será imposible avanzar en cambios laborales o previsionales.”

Maturano, como muchos de sus colegas cegetistas, se jactan de que la CGT talló de manera directa para el impulso de la ley de emergencia social y para la reforma del impuesto a las ganancias. Al triunvirato de mando de la central le sirvieron estos logros de fin de año para posicionarse como un actor clave para el control de la calle y en la futura reconstrucción del peronismo. También para demostrar mayor poderío que las dos CTA.

El debate interno en la CGT girará ahora en cómo guiar el vínculo con el Gobierno. Mantener la suerte de tregua sellada a partir de la agilización del reparto de los fondos a las obras sociales sindicales o endurecer su postura en la calle y como oposición legislativa. Mientras tanto, los dos referentes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, presionan a sus pares cegetistas para activar un reclamo conjunto, como lo hicieron en abril del año pasado para presionar por la ley antidespidos, que finalmente desencadenó en el primer veto presidencial.

Los objetivos del Gobierno

Una nueva política en materia laboral

El Gobierno busca generar las bases para delinear una nueva política laboral. Mauricio Macri está convencido de que es el único camino para alcanzar dos objetivos fundamentales para este año: sumar inversiones y terminar con la falta de competitividad. Es por eso que la negociación del acuerdo para la puesta en marcha del plan de explotación de Vaca Muerta, y que incluyó a la Casa Rosada, al gobierno de Neuquén, a los gremios petroleros y a las empresas, se transformó en un caso testigo. El Gobierno aspira a replicar el acuerdo que estableció la reducción de los costos laborales a cambio de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento. “Tenemos que ver cómo mejorar la competitividad sector por sector”, explicó anteayer el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui

Bajar costos para atraer inversiones

Entre los problemas de fondo se encuentra el “costo laboral”. En el Gobierno escucharon el reclamo de los empresarios y posibles inversores. “Con estos costos no llegarán las inversiones”, aseguran en la Casa Rosada. Pero los funcionarios que ocupan la Casa de Gobierno anticipan que no será una tarea sencilla. Lo cierto es que para modificar un convenio colectivo de trabajo hace falta un acuerdo de tres: el Estado, el principal gremio de la actividad y la cámara empresaria. Como incentivo, el Gobierno trabaja en una serie de incentivos, como el compromiso de que no habrá despidos en los sectores que alcancen acuerdos similares y capacitación de los recursos humanos. “Vamos a generar una revolución de empleo”, describió anteayer Macri

Reforma impositiva y agenda legislativa

Además de la reducción de los costos laborales, algo que el Gobierno consiguió con el acuerdo de Vaca Muerta, está en carpeta la reforma impositiva que se comenzará a discutir con los gobernadores el 2 de febrero, y el proyecto de ley que introduce cambios en el régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), a fin de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. Iniciativa que ya tiene media sanción en el Congreso. Además de los petroleros, otros gremios ya empezaron a discutir cambios; uno de ellos es el de la construcción.

Fuente: La Nación