El director general de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, ensayó ayer tibias disculpas, pero no se retractó ni dio marcha atrás con su doble negación: al número de desaparecidos y a la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico militar, refrendado tanto en causas judiciales como por los propios represores, los criminales ejecutores de ese plan. Así sumó su voz a las previas relativizaciones y provocaciones que surgieron desde el gobierno de Mauricio Macri, tanto hacia las víctimas del terrorismo de Estado como a la lucha histórica por la memoria, la verdad y la justicia.
El funcionario calentó la pantalla televisiva la noche del domingo. Opinó que no existió “un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo” y que se refirió a los 30 mil desaparecidos como “8 mil verdades” y “22 mil mentiras”. Ayer buscó bajar la temperatura con un comunicado escueto y -se presume- reclamado desde el Poder Ejecutivo. Ofreció una “disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas” y aclaró que “estas opiniones son de carácter personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal”.
Antes que los dichos del excarapintada Gómez Centurión, ya había habido otras referencias similares desde el Gobierno. MJacri se había refirido a los juicios por delitos de lesa humanidad como “el curro de los derechos humanos”, el que describió -ya siendo presidente- como “guerra sucia” al sistema de secuestros, detenciones ilegales, torturas, violaciones, desapariciones, asesinatos y apropiación ilegal de bebés que padeció la Argentina entre 1976 y 1983 y el que, ni siquiera como un gesto para la tribuna, pudo admitir la cifra reconocida de desaparecidos cuando, ante una pregunta directa, respondió: “No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.
El debate por la posición macrista frente a la dictadura llegó al escaparate hace un par de días, cuando el Presidente modificó mediante un DNU el régimen de feriados. En ese decreto Macri transformaba como feriado móvil al 24 de marzo. La intención de vaciar la tradicional marcha a Plaza de Mayo fue reafirmada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Explicó que los feriados se dividieron entrehistóricos, religiosos e internacionales; y que los “otros” se consideraban móviles. En la bolsa de los “otros” estaban desde el Carnaval al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y que el plan consiste en que “las instituciones funcionen a pleno y que estén consagradas a homenajear la lucha por los Derechos Humanos”. Para asistir a los “homenajes” en “instituciones”, trabajadores y estudiantes no podrían llegar nunca a la Plaza.
Con esto sí prometieron dar marcha atrás, con otro DNU. Aunque la idea que circuló por alguna de las cabezas con despacho en Casa Rosada no era que el 24 de marzo quede a mano para acomodar fines de semana largos, sino directamente eliminarlo de la lista. No se animaron a tanto.
Antes de todo esto, la mecha la encendió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, cuando tuvo que admitir -tras intentar sin éxito ocultarlo- que había recibido en su despacho a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando. Desde la misma cartera salió, también, la orden de no apelar las prisiones domiciliares a ex represores.
Fuente: Diario BAE
