El Gobierno finalmente distribuyó el proyecto de ley para impulsar la formalización en los sectores textil y de calzado, tras un primer encuentro que mantuvo ayer con los sindicatos y empresarios como parte del acuerdo sellado la semana pasada.

Según el borrador del texto, al que accedió El Cronista, la iniciativa propone eximir del pago de las cargas patronales hasta el Salario Mínimo Vital y Móvil a todas las empresas del rubro de confección e impulsar un blanqueo laboral con la respectiva condonación de las deudas previsionales para las que tienen trabajadores en negro, de forma tal de incentivarlos a registrar a esos empleados.

El proyecto declara la emergencia del sector de confecciones por 180 días desde la promulgación y reglamentación de la ley. Durante ese plazo, se creará un registro de operadores en el marco de la AFIP en el que deberán inscribirse las empresas que deseen acogerse al beneficio. Y las que participen, deberán comprometerse a mantener o aumentar la nómina de trabajadores desde el momento en que se inscriben el régimen, según lo establece el artículo 13º de la iniciativa.

Del encuentro con el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, participaron representantes de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA); la Cámara del Calzado; la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), la Fundación Protejer, de la Asociación Obrera Textil (AOT) y de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra). Las partes resolvieron analizar el proyecto y trabajar sobre los cambios que consideren pertinentes para avanzar en las próximas semanas y poder tenerlo listo en el lapso de un mes. Luego será enviado al Congreso. La vigencia de la norma será de diez años desde su promulgación.

El proyecto para el “Fortalecimiento y Mejora de la Competitividad para el sector de confecciones y calzado” prevé, en el artículo 11º, la creación del Plan de Informalidad Cero, que otorga eximición del pago de contribuciones patronales hasta el SMVM (actualmente, de $ 8060). Y un bono de crédito fiscal intransferible equivalente a los aportes personales, ART y el componente de aporte patronal de obra social del SMVM de cada uno de los trabajadores.

Concretamente, la empresa acogida al régimen pagará todas las cargas y luego tendrá, por hasta el salario mínimo de cada trabajador, un crédito fiscal por todas las contribuciones patronales, que podrá usarlo para el pago del 100% de IVA y Ganancias.

Los empresarios intentarán negociar que ese bono pueda ser endosado, dijeronfuentes del sector. También pelearán por lograr que el beneficio sea mayor si la empresa compra insumos nacionales. La iniciativa también establece que no podrán acogerse al régimen quienes estén en situación de quiebra o individuos que tengan sentencia firme por delitos económicos, tengan o no conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias y/o previsionales.

La eximición de multas y deudas de la seguridad social para las empresas que quieran regularizar trabajadores está plasmado en el artículo 12º del proyecto. También hay un capítulo referido a la trazabilidad. Sobre este punto, el objetivo es realizar un seguimiento del producto y efectuar una correcta fiscalización en toda la cadena. La Administración Federal de Ingresos Públicos será el organismo encargado de realizar esta tarea.
Según las proyecciones oficiales, el costo fiscal del régimen sería, en 2018, de $ 1820 millones; en 2019 de $ 1560 millones y en 2020, de $ 780 millones.

El objetivo es que a partir de ese momento, haya ganancia para el Fisco por lo que vayan a tributar las mayores empresas formalizadas y el crecimiento general del sector.

Fuente: Cronista