La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, brindó una entrevista exclusiva al presidente y CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia. En la conversación, que estará disponible por completo este lunes en PERFIL, la funcionaria respondió a aquellos que la acusan de designar fiscales “a dedo”.
—Doctora, Macri sostiene que usted no tiene “autoridad moral” para el cargo. ¿Por qué cree que hace esa afirmación?
—Bueno, lo ha dicho con motivo de la citación a indagatoria en una causa que le voy a explicar en detalle. Eso sorprende, porque él llegó a Presidente estando procesado. Así que para nada es una causal. La única causal para remover un Procurador es el mal desempeño de la función a través de un juicio político, no por opiniones que, a veces, son interesadas. Digo interesadas porque aún desde antes de haber asumido como presidente Mauricio Macri decía una vez en el gobierno yo tenía que renunciar para colocar un hombre de su confianza. Pero no es eso lo que dice la Constitución Nacional. Ningún presidente puede, por su voluntad, poner como Procurador a una persona de su confianza.
—Estaban Righi, su predecesor, en su renuncia dijo: “La naturaleza del cargo de Procurador no es compatible con las manifestaciones propias de la militancia partidaria, no obstante no puedo ocultar que jamás creí que fuera posible ejercer tan alta función en condiciones de asepsia política”. ¿Es incompatible un cargo como el suyo y como el que tenía Righi con la militancia política?
— En mi opinión sí, es incompatible. Y lo quiero aclarar. Cuando los constituyentes pensaron en este Ministerio Público como cuarto poder autónomo, independiente, hubo todo un período de crecimiento. Ese desarrollo para que ese poder se hiciera realidad es parte del proceso de maduración de nuestra democracia. Cuando el kirchnerismo postuló a Daniel Reposo, que venía de la militancia, hubo un gran debate sobre la incompatibilidad de que fuera Procurador alguien que tenía una filiación política. Fue un debate positivo, de madurez institucional. Con motivo del fracaso de esa postulación, me buscaron a mí que soy la primera empleada judicial que llega a Procuradora General, con 25 años de carrera, 20 como fiscal y sin haber tenido jamás afiliación partidaria. Sé que hasta el Presidente me acusa de ser militante K, lo cual me genera una enorme incomodidad. Examinaron con lupa mis pruebas de independencia que no solo incluyen la impugnación a la fusión Cablevisión-Multicanal contra el deseo del entonces presidente, sino también en el caso Sociedad Comercial del Plata, una denuncia caratulada: “Banco Nación sobre estafa”. La presidenta del Banco al momento de los hechos era Felisa Miceli, y al momento de radicar la denuncia, ministra de Economía de Kirchner.
— Cuando Macri dice que necesita como Procurador a alguien “de mi confianza”. ¿No es esa una contradicción frente a su acusación de militante K que le hace a usted?
— Bueno, está diciendo eso. Es lo que hizo con el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta al nombrar Fiscal General al ministro Martín Ocampo, que era diputado del PRO. Con lo cual la razón que está dando para pedir mi desplazamiento no es la real. También me acuso en el programa de Mirtha Legrand de estar detrás de las causas Correo, Panamá Papers y Avianca. Más allá de que sea falso, lo que demuestra es una enorme resistencia a aceptar el rol de frenos y contrapesos que debe tener el Ministerio Público Fiscal, cuya obligación es investigar las denuncias de corrupción de todo gobierno, cuando asume, en ejercicio, cuando se va, cuando no está más. Por eso no siento esto como un ataque personal. Se la ataca a la institución, al rol que debe cumplir como garantía de independencia judicial.
—¿Cuál es su opinión, su balance, sobre el estado general de la justicia en la Argentina?
—Los últimos tiempos parecen turbulentos, pero yo he visto cómo han salido a la luz problemas de los que nunca se había hablado, temas como la vinculación de los servicios de inteligencia con la justicia, algo que siempre fue un tema tabú. O como debatir si la independencia no solo debe ser del poder político, sino también del poder económico. Eso es algo muy positivo.
—A ver. Puede que haya fiscales con afinidad al gobierno, los puede haber contrarios al gobierno y, de hecho usted es el mejor ejemplo al ser llamada a indagatoria. No todos actúan de manera uniforme. Hay fiscales que usted nombró que son más afines a su pensamiento y su pensamiento no parece afín al del gobierno. Sería interesante aprovechar un reportaje largo como este, incluso para que le sirva al Presidente y a la sociedad, para entender su posición. ¿Hay fiscales que tienen la mirada de Justicia Legítima, no comulgan con el gobierno y a la vez simpatizan con el kirchnerismo o es una equivocación? Si así fuera, ¿en qué se basa esa equivocación?
—Dos cosas le voy a aclarar. Primero, yo no designo fiscales. O sea, concursos públicos, televisados, filmados, anónimos, con cinco miembros de jurado que son fiscales, los examina el Senado que da la aprobación y los designa el Poder Ejecutivo. Conclusión: no designo ni designé nunca fiscales a dedo. Y eso de que los fiscales o jueces estén comprometidos con intereses políticos, lo veo como un fenómeno reducido. No es así. Justicia Legítima surgió en un momento en que se advirtió, o se temió, cierta influencia del poder económico sobre algunos jueces en el caso particular de la llamada Ley de Medios. Con la idea de defender la independencia y la autonomía un núcleo importante de jueces, fiscales y defensores, puso sobre el tapete el debate de la independencia de los jueces y fiscales del poder económico.
—Déjeme leerle algunas de esas acusaciones. Usted dice que no nombra fiscales. Pero al mecanismo de designación de fiscalías estratégicas se agrega, además, el traslado de fiscales a otros destinos al asignado en el concurso, sin respetar el lugar fijado en el acuerdo del Senado. Fiscales que habían sido nombrados para Neuquén o Goya pero terminaban en Comodoro Py. Usted conoce esos casos: el fiscal Barbella, el fiscal Córdoba, el fiscal Guzmán, el fiscal García, que terminan en causas que involucran a funcionarios kirchneristas. ¿Existe a su juicio algún grado de justificación en las sospechas respecto de que se nombran fiscales para un lugar y luego son trasladados a causas con alta sensibilidad política y que usted lo haría a propósito, para beneficiar a los funcionarios kirchneristas acusados o para dilatar sus causas?
— Bueno, no ha sido así en absoluto. Le voy explicando por partes, si me permite. De hecho, nadie puede dar un ejemplo de eso. A veces sucedía que el Senado daba acuerdo y el Poder Ejecutivo le daba decreto a un fiscal para una fiscalía que no estaba habilitada porque la habilitación, a veces, depende o de que se cree el juzgado, o de que haya presupuesto para habilitar la fiscalía. Entonces yo me encontraba con fiscales nombrados por el Poder Ejecutivo a los que tenía que tomarles juramento y ya empezaban a cobrar el sueldo. Bueno, si no está habilitada su fiscalía, no sé, de Goya, de General Pico o de Santiago, los hago a trabajar en otra fiscalía. Con el déficit de fiscales federales que hay, apenas 400 para todo el país, y el genuino reclamo de la sociedad en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, no voy a tener un fiscal sentado en el escritorio diciéndole: “Espere que se cree su fiscalía para ponerse a trabajar”. A eso obedecen muchos de esos traslados. Nunca hice un traslado a fiscalía de Comodoro Py de personas ajenas a Comodoro Py. A lo mejor habrán sido designadas en otra fiscalía.
— Usted habrá visto el programa de Majul donde el fiscal Moldes, de Zapala, se quejaba de que había sido trasladado y hacía una denuncia concreta que usted tenía un problema con él y que por eso lo había hecho.
—Para nada. Es justo al revés. Me puedo equivocar de localidad, pero era el propio fiscal Moldes quien quería pasar a otra fiscalía. Por algún tema personal, prefería una fiscalía distinta del lugar para el cual le habían dado el acuerdo. Eso fue todo.
—Leonel Gómez Barbella, designado para la fiscalía de General Pico, termina como fiscal en la causa Papel Prensa. Entonces, hay personas que suponen que usted lo colocó a propósito. Y hubo otros casos.
— Le explico. Vayamos punto por punto. Esa fiscalía, la número 5, estaba concursada. Mientras tramita el concurso, uno debe designar un fiscal subrogante. Siempre observé que cada fiscalía de Capital tuviese un fiscal porque tienen grandes responsabilidades y mucho trabajo. Entonces tenía un fiscal como Gómez Barbella que había sido designado para una fiscalía no habilitada y lo puse unos meses a cubrir ese cargo, hasta que se designó el fiscal. En las fiscalías de Comodoro Py caen casos relevantes y sensibles de manera continua. No elegí un fiscal para el caso Papel Prensa ni para ningún otro.
—El caso de Abel Córdoba, por ejemplo. Tuvo acuerdo del Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal en Neuquén y primero se lo coloca en Procuvin y luego en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Buenos Aires, donde se tramitan varios juicios a Cristina Kirchner.
—Cuando creo las Procuradurías, si hubo algo que signó mi gestión fue la federalización. Cuando llegué, las unidades fiscales especializadas solo estaban cubiertas por fiscales de Capital. Entonces cubrí Procuradurías con fiscales de las provincias, muchas veces porque realmente los fiscales de las provincias estaban aislados, no solo en apoyo sino en participación. En esas condiciones se desarrollaron personas muy valiosas y una de ellas es Abel Córdoba. Estuvo en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que interviene en casos de abusos policiales. Así que vea qué importante fue la labor de Abel Córdoba.
— Trato de encontrar explicaciones de los rumores, incluso de los mitos que corren sobre usted, doctora. Fíjese: Barbella estaba designado para La Pampa y terminó en Comodoro Py
—Ahora no está en Comodoro Py, está en una fiscalía de la provincia de Buenos Aires. Fue un breve interregno que tuve que cubrir para designar al concursado, que creo que fue el fiscal Picardi.
—Lo que trato de traer a la luz son los motivos de las sospechas sobre usted para intentar, inclusive, desarmarlas. Tenemos a Barbella que iba a La Pampa y terminó en Comodoro Py. A Córdoba, que era para Neuquén y terminó en el juicio de…
— Le explico. Córdoba primero estaba en Procuvin y después pidió un cambio de jurisdicción junto al fiscal Palazzani. Los dos pidieron el cambio. La facultad de trasladar fiscales no solo en la ley del Ministerio Público, sino en todas las leyes de Ministerio Público de la región, se da con el solo requisito de que el fiscal de su conformidad. O sea, no es algo ilegal irregular. La mayoría de los fiscales de Comodoro Py fueron trasladados por Procuradores anteriores. Digo, para terminar con eso de que cualquier traslado es antidemocrático, como se lo quiere presentar, porque incumple el acuerdo del Senado.
—Está, como usted marca, dentro de la ley y así fue que se pronunció después cuando se le hicieron reclamos judiciales por haber autorizado esos traslados. Entonces, le pregunto: ¿no cree esos traslados generaron las sospechas respecto a su intervención a favor de las causas en las que se juzgaba al gobierno anterior con una serie de fiscales que eran nombrados para Goya, para Neuquén, para Corrientes, para distintos lugares y varios de ellos terminaban en Comodoro Py? Ya le mencioné a Barbella, le mencioné a Córdoba. Carlos García, designado en Tartagal, también termina en Comodoro Py.
—Mire, si le nombro a los fiscales trasladados en Comodoro Py no terminamos más. Se la hago más fácil: los únicos fiscales designados por concurso en Comodoro Py son Picardi y Ochoa. Todo el resto son trasladados. Así que si vamos a cuestionar los traslados a Comodoro Py van a meter en cuestión a diez fiscales.
— Entiendo. ¿Qué tiene para decirles a quienes suponen que usted es kirchnerista e interviene trabando causas, todo lo contrario de lo que hoy sucede en Brasil, y que así, en Argentina la justicia es parte del problema?
—A la opinión pública le diría que tengo 30 años de justicia, nunca tuve una afiliación partidaria y lo que hice como Procuradora es en la misma línea de lo que hice como Fiscal General. Modernizar, generar que los fiscales tengan mayores herramientas con estas procuradurías especializadas en temas de crimen organizado, con la dirección de análisis criminal que comparte información de todos los fiscales para llevar un sistema de alerta y monitoreo con mucho compromiso por la seguridad ciudadana.
—Pero algo falla.
—Son las campañas o las difamaciones que me llegan por distintos motivos, ya le digo. Después de tantos años como Fiscal y Procuradora uno deja rencores y sinsabores en sectores del poder económico y del poder político. La actuación en equipo durante todos estos años, abrir el ministerio también a la población más necesitada, colocar oficinas en las villas, el trabajo de la oficina de víctimas en el edificio de Perón…
—Creo entenderle que una cosa es no tener afiliación política y otra es tener una ideología. Lo que usted dice es que tiene una ideología que puede chocar contra sectores más conservadores; por ejemplo, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. A lo mejor irrita a ciertas personas conservadoras, más allá que usted no sea kirchnerista, sino de ideas progresistas.
—No solo es una cuestión de ideología. En el caso del Colegio de Montevideo lo que veo son acciones que pretenden quebrar la institucionalidad. Guillermo Lipera era uno de los postulados a Procurador. Este Colegio, además, hizo una acción judicial que está en trámite y que justamente se movió estos días para que se declare inconstitucional que haya juicio político para los fiscales y para la Procuradora, en plan de lograr que no pueda ser removida por juicio político sino por decreto. No solo una cuestión de ideología. Acá hay cuestiones concretas para atacar la institucionalidad.
—¿Puede ser también que el hecho de ser mujer, de haber sido nombrada por una presidenta, de haberse opuesto a la fusión Cablevisión-Multicanal, de enfrentarse a Clarín con la importancia que tuvo Justicia Legítima en su momento a partir de la Ley de Medios, que todo esto haya producido una especie de condensación alrededor suyo como para que se la vea como un significante de Cristina Kirchner?
— Sí, pero ojo que no es solo mi caso. Es, también, un fenómeno regional. Usted ve en estos momentos a la fiscal Luisa Ortega hostigada por Maduro de la misma manera que se me hostigan a mí, utilizando una causa judicial, pretendiendo remover a la Fiscal General de Venezuela de maneras diferentes a las que establece la Constitución, prescindiendo de la Asamblea Nacional. El Procurador Rodrigo Janiot de Brasil también está siendo acusado por Temer que está generando sospechas sobre su honestidad. No soy la única Procuradora acusada de la región. Lo hemos hablado en la última reunión de fiscales generales que se hizo la semana pasada en la Procuración. Esa hostilidad del poder en contra del Procurador y el fiscal es especialmente violenta cuando se trata de una mujer. Se puso como ejemplo el caso de Luisa Ortega, el de Eugenia Villagrán de Guatemala y el mío, también. Tiene que ver la figura femenina. Todavía hay un sustrato patriarcal en el pensamiento de la sociedad, que es lo que ha llevado a excluir a las mujeres de cargos importantes por muchísimo tiempo.
— Y en el caso específico de Argentina, la relación de amor-odio que produce Cristina Kirchner ¿cree que se proyecta sobre su figura?
— No veo cómo puedan relacionarme tanto con Cristina Kirchner. De paso quiero decir que no la conocía cuando se me postuló. Al contrario, yo fui el contrapunto del candidato Daniel Reposo. Lo que veo claro, cuando Macri dice que quiere que renuncie, es que lo dice para nombrar a un hombre de su confianza. Un varón.
El lunes encontrá el resto del material de la entrevista exclusiva de Fontevecchia a Gils Carbó en perfil.com/PeriodismoPuro
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Fuente: Perfil
