El cambio empieza por dentro. Así lo manifestaron María Eugenia Vidal y su gente desde un principio. Y finalmente sucedió. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires envió ayer a la Legislatura el proyecto que establece la eliminación de 221 cargos políticos y que busca generar un ahorro de 600 millones de pesos. De esta manera, el Gabinete provincial quedará conformado por catorce ministerios y cuatro secretarías.

Para ordenar los números, la Provincia prescindirá de catorce subsecretarías -de las 80 que existen en la actualidad-; 125 direcciones generales -quedarán 508 en total-; y 82 concejos provinciales -de los 277 que hay hoy en día-. Esto significa un 22% de recorte de política a nivel provincial. Pese al recorte, se contempla la creación de un nuevo ministerio que tendrá como fin la urbanización de las villas.

“De a poco nos vamos acercando a lo que nos propusimos hace un año: reducir un tercio de cargos que cumplían, en definitiva, funciones similares”, aseguró uno de los voceros provinciales. Por lo que todavía quedaría un 11%, la mitad de esta reducción, por implementarse.

Por compromiso, negociación o necesidad drástica ya son varios los municipios que se hicieron eco de la decisión de Nación y Provincia, y que comenzaron a delinear cómo será el achique de la estructura departamental.

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, fue uno de los primeros en tomar la iniciativa. Según se anunció, a partir de 2018, se hará efectivo un ajuste del 30% de los cargos políticos. La iniciativa contemplará la eliminación de 5 subsecretarías que provocarán un ahorro de cerca de 75 millones de pesos para el año próximo.

Con relación a la medida, el mandamás asegura que “es un punto de inflexión totalmente necesario en este camino de transformación que planteamos para el municipio, en línea con lo que nuestra Gobernadora propone para la Provincia. Queremos que los recursos vayan a la gente. El fin es buscar optimizar la gestión para que sea más eficiente. Eso también es política de cambio. Como intendente tengo la responsabilidad de cuidar los intereses de los vecinos y buscar soluciones para mejorarles la calidad de vida”.

En la misma dirección, el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell sostiene que “así como le pedimos a los contribuyentes que hagan un esfuerzo, nosotros debemos achicar el gasto en política teniendo un gesto con los vecinos que con tanto esfuerzo pagan sus impuestos”.

Los intendentes de La Plata y Bahía Blanca -una de las ciudades cabecera de la sexta sección-, Julián Garro y Héctor Gay, respectivamente, también se plegaron a la decisión provincial y ya realizaron recortes en sus gabinetes al tiempo que manifestaron que el reacomodamiento seguirá.

Luego de ganar las elecciones, Gay les pidió la renuncia a todos sus funcionarios. “Muchos se sorprendieron por haber pedido la renuncia de los funcionarios al día siguiente de las elecciones, después de haber ganado por más de 30 puntos, pero soy de los que descreen de aquella frase futbolística de que equipo que gana no se toca. Siempre hay posibilidad de optimizar y mejorar la gestión y sobre todo volcarla en recursos para los vecinos, este es el objetivo de los cambios que están en marcha”, concluyó el intendente que aceptó que 12 funcionarios dieran un paso al costado.

Garro, en cambio, se comprometió a reducir en un 30% la cantidad de funcionarios. De los 200 actuales quedarán 140, lo que significa un ahorro de casi 70 millones de pesos para 2018. “La reducción de la planta de funcionarios de la comuna no afectará la estabilidad laboral de los empleados. Habrá cambios y reasignaciones en algunas oficinas, así como fusiones de áreas para optimizar el funcionamiento general y los recursos humanos”, precisó el intendente.

Las medidas responden al llamado pacto fiscal que se sancionó en noviembre pasado y que apunta a que los municipios instrumenten reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos de cada municipalidad. El acuerdo establece límites en los aumentos de tasas y un tope al porcentaje de contratación de personal. De esta manera, los distritos pueden endeudarse con la Provincia.

La mayoría de los recortes afectará a las áreas intermedias, direcciones y subsecretarías. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo. Una funcionaria provincial, que pidió resguardo de identidad, dejó en claro que con el achique “se están borrando cargos de muchos directores que laburan. Entiendo la idea de hacer un recorte, pero justo es la gente que hace las cosas bien y de esa manera están enquilombando mucho los equipos de trabajo. En los niveles nacionales cuando se corta en la estructura, quizá los re contratan porque es una reforma a mediano y largo plazo. Pero en lo municipal, cuando sacan la estructura del raviol no tienen plata para recontratar y es así cuando el golpe es más fuerte”.

San pedro. Salazar ya habló de recorte.

El norte no es la excepción. En San Pedro, Cecilio Salazar ya dio de baja la secretaría Privada y de Prensa y aseguró que está analizando otras reducciones en la que se verán afectados hospitales y que no se renovarán contratos y la quita de horas extras. Más cerca de la Capital Federal, otro de los intendentes que se verá obligado al recorte será el kirchnerista Ariel Sujarchuk. En 2018, el gasto municipal por cargos políticos bajará en un 15 %. Morón tampoco está exento. El intendente Ramiro Tagliaferro redujo casi un 25 % del gasto de la estructura política.

“Nosotros estamos respondiendo a una política que lleva adelante el Presidente y la gobernadora a la que cualquier intendente puede acompañar para seguir su línea, pero no les estamos bajando línea para que lleguen a un número en particular. Es algo más gestual para con la ciudadanía”, aseguró otro vocero provincial.

Tres de Febrero es otro de los municipios que se plegará. El intendente Diego Valenzuela ya aseguró que la plata que se obtenga de los recortes en los cargos políticos se utilizará para mejorar la calidad de los servicios locales y para seguir gestionando diferentes obras en el distrito.

Estas medidas responden principalmente a una línea iniciada por el Gobierno nacional que tiene como fin recortar unos 700 puestos políticos y más de 10 mil contratos de empleados.

La reducción general sería del 20% y afectaría, en mayor medida, a los ministerios de Hacienda y Modernización.

El pacto fiscal establece “subsanar la ausencia de coordinación sobre los hechos imponibles, las bases tributarias y las alícuotas” municipales, homogeneizando las tasas y evitando la dispersión impositiva, así como imponiendo menores cargas a las actividades productivas.

Y también consigna que cada vez que se modifiquen las ordenanzas fiscales de cada municipio, tendrán que ser remitidas a la autoridad de aplicación.

Con respecto de los niveles de endeudamiento, los municipios que adhieran a la ley se comprometerán a contraer servicios de deuda de hasta el 8% de los recursos corrientes de cada ejercicio fiscal.

A punto de finalizar el 2017, son varios los intendentes que ya ejecutaron, o prometieron hacerlo, un recorte que tiene como fin la reestructuración de los gabinetes. Un ajuste que va desde la base hasta la punta. Y que dejará en evidencia cuáles serán los intendentes que buscarán poder acomodarse en la consideración del Gobierno y quiénes los que se declaren en rebeldía. Sólo resta saber cuáles son las consecuencias políticas que tendrá ser parte del acuerdo o no. Pese a que no se manifestaron, ya son muchos los que afilan la tijera.

Fuente: Ámbito Financiero