Argentina se unió a la Convención de Cibercrimen de Budapest, un acuerdo que intenta definir cómo tratar con los criminales que se mueven por medios digitales sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.

El convenio surgió en el Consejo de Europa, fue elaborado por países europeos, pero permite que países de otras regiones se incorporen. A la iniciativa también están adheridos Chile, Costa Rica y Panamá.

“Es el primer instrumento que aborda de forma integral el tema de la ciberseguridad”, señala Eduardo Ferreyra, abogado y analista de políticas públicas del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El fenómeno del cibercrimen ocurre en varios países al mismo tiempo y, según el especialista, es necesario tener reglas comunes para actuar y responder de forma coordinada.

Este se divide en dos partes: la definición de los delitos informáticos y las reglas para la obtención de evidencia digital. “En cuanto a los delitos, la Argentina ya tiene una ley y ya estaban previstos. Pero la parte procesal, que detalla cómo se obtiene la evidencia digital, todavía no cuenta con una regulación específica. Ahí estará el principal impacto”, destaca el abogado.

Según explica el especialista de la ADC, el convenio establece las medidas a las cuales pueden recurrir los estados para investigar esta clase de crímenes, como por ejemplo el acceso a bases de datos. “Establece facultades, pero si bien marca que las medidas deben respetar los derechos y las libertades de las personas, las referencias son generales o abstractas. Por lo tanto, queda abierto a la interpretación por parte del estado argentino y su implementación depende de la legislación interna de cada país”, detalla Ferreyra. Desde la asociación esperan que se debata abiertamente el tema para definir cómo será implementado el convenio.

Fuente: Infotechnology