Se había aprobado en general, pero el Senado no iba a tratarla. Mientras se modificaban los artículos, Lousteau pidió volver a debatirla en comisiones y toda la oposición se sumó. La ley de financiamiento político, también deberá esperar.

La ley para aumentar las penas a los barras bravas volverá a debatirse en comisiones de Diputados en 2019, tras un pedido de Martín Lousteau cuando ya se había aprobado en general y por unanimidad, pero se sabía que no sería tratada este año por el Senado.

“Si los barras bravas nos están viendo televisión deben saber que no vamos a hacer nada. Por eso propongo que la ley vuelva a comisión”, sorprendió el economista, cuando se debatía el articulado con un sinfín de modificaciones.

La propuesta de Lousteau no fue descolgada, para cuando la hizo ya se sabía que -tras varios días de intercambiar borradores y consensuar un texto común- minutos antes de la votación el senador Miguel Pichetto había reunido a su bloque y coincidieron en no debatir el proyecto y el de financiamiento político hasta febrero, cuando el presidente Macri debería volver a pedir que se lo incluyan en las extraordinarias en otro decreto. El período ordinario recién empieza en marzo.

“Ahora nos enteramos que el Senado no lo va a tratar. ¿Por qué nos apuramos tanto?”, se indignó el kirchnerista Agustín Rossi, antes de acompañar la ley en general y plantear cambios en cada artículo que no eran tenidos en cuenta.

Ningún bloque quería ser acusado de trabar la ley y contribuir a nuevos hechos de violencia en partidos de fútbol, pero Lousteau no tuvo problemas en poner la cara cuando ya era difícil entender las correcciones que se iban haciendo en el recinto.

Ningún bloque quiso ser acusado de trabar la ley cuando ya se sabía que el Senado no iba a tratar la norma y el debate era estéril. Lousteau no tuvo problemas en poner la cara y decir lo que todos pensaban.

La vuelta a comisión fue avalada por 115 votos con 84 en contra y dos abstenciones, la de Marco Lavagna y Nicolás Massot, jefe del PRO y harto de tanta negociación con fórceps. Toda la oposición aportó: kirchnerismo, Argentina Federal (bloque de los gobernadores) y Frente Renovador, que había sido el elegido por la diputada radical Gabriela Burgos -encargada de empujar la norma- para mostrar una mayoría propia capaz de asustar al resto del recinto. Lo logró, hasta que se supo que el Senado cajonearía la ley y la oposición se empezó a animar a pedir rescribir cada párrafo.

Antes que volviera a comisión, los federales, cercanos a los gobernadores, modificaron varios artículos para contemplar realidades de las provincias, como venían pidiendo sin éxito estos días.

El kirchnerismo exigía menciones a la prevención y menos punitivismo y el debate sobre las penas complicó más las cosas, porque a toda la oposición le parecía exagerado sancionar la tenencia de entradas falsas. “Está claro que se tiene que demostrar el dolo”, intentaba poner orden Guillermo Montenegro.

Pero no era posible. Felipe Solá ya había advertido sobre cierta laxitud en el texto cuando se penaba a quienes alteren el orden de un partido (“¿Si los jugadores se agarran a trompadas?”, consultó). Burgos negaba sugerencias, pero los planteos se hicieron insostenibles y el propio Luis Borsani, de la UCR, pidió cuarto intermedio para acomodar la sesión.

Después vino la propuesta de Lousteau, los diputados volvieron raudos a sus bancas y la ley volvió a comisiones, un fracaso para Patricia Bullrich, que no logró que el Senado la tratara por dos años, la envió a Diputados cuando se suspendió River-Boca, Burgos lo reescribió con la oposición (sumó 15 artículos) pero no alcanzó.

Se habían reducido penas para algunos delitos sean excarcelables, como los cuidadoches o “trapitos”; y otros para que tengan penas de prisión pero menores a un homicidio, como interrumpir un partido con objetos punzantes.

Como había adelantado LPO, los últimos retoques realizados ayer entre Bullrich y los diputados de Cambiemos aumentaban la penas a los dirigentes por enriquecimiento ilícito y Elisa Carrió había adelantado que pediría sumar un artículo para prohibir que los funcionarios sean dirigentes.

“Angelici es dirigente de Boca y opera para el Gobierno nacional. Yo no quiero eso”, ejemplificó en el recinto. Y aseguró que tras estudiar los expedientes sobre narcotráfico de la provincia de Buenos Aires siempre aparece un barra brava”.

Esa prohibición fue otro punto de discordia con los diputados de provincias chicas, como la jujeña Carolina Moises, del peronismo federal, que consideró habitual que los clubes pequeños tengan referentes políticos en su comisión directiva. Pero ese debate no llegó. La ley volvió a comisión mucho antes.

Financiamiento político deberá esperar

La ley para regular el financiamiento de las campañas electorales no se tratará este miércoles en el Senado, como pidió Macri para eludir a Elisa Carrió al menos hasta febrero. Pichetto reunió a su bloque y acordaron que recién en esa fecha el PJ discutirá el dictamen firmado en el Senado hace un mes.

El rionegrino y el catamarqueño Dalmacio Mera habían iniciado negociaciones con diputados justicialistas y senadores de Cambiemos para modificar ese despacho, aceptaban bajar de 5% a 2% el porcentaje sobre los gastos totales de campaña que puedan ser cubiertos con un aporte privado, que en conjunto no deberían superar la mitad de las erogaciones, registradas en transferencias bancarias.

Pero tras varias conversaciones con sus pares, Pichetto entendió que no tenía sentido exponer diferencias de su bloque por una urgencia de Macri, que ni siquiera fue capaz de calmar a Lilita y tratar el proyecto en Diputados como pidió en su primer decreto de extraordinarias. Si vuelve a llamar en febrero, deberá negociar mejor. Adentro y afuera de Cambiemos.

Fuente: LPO