El jefe de Gabinete en realidad siempre tuvo la palabra final en el manejo de cada plan de Participación Público Privada. De todas formas consolida poder.
El Gobierno apuró ayer la reorganización del Gabinete, pasando a los papeles algunas lineas de decisión que ya existían de antemano. Por eso es que se desmentía anoche que el decreto que otorga a la jefatura de Gabinete el manejo directo de los PPP destinados a obra pública fuera un nuevo giro a favor de Marcos Peña ya que, de hecho, siempre manejó la cuestión. Aunque los PPP se encuentren, según su destino, en áreas de Hacienda, Interior o Transporte, lo cierto es que la última palabra siempre la tuvo Peña, secundado en esto por Gustavo Lopetegui.
Así, el Gobierno modificó ayer la Ley de Ministerios para dejar el manejo de los PPP directo y sin interrupciones a la Jefatura de Gabinete, por medio de una serie de competencias vinculadas con los contratos de Participación Público Privada que estaban en manos de los ministerios de Hacienda y del Interior.
La decisión se tomó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Mauricio Macri y publicado en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo justificó la medida al señalar que “resulta necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas y tornar más eficiente la gestión”.
De ahora en más, la Jefatura de Gabinete deberá “entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de Participación Público Privada (PPP) en los términos de la Ley N° 27.328”.
Sobre este punto, la Casa Rosada aclaró que “actualmente, a pesar de la indudable vinculación entre la contratación de bienes y servicios por una parte, y por otra la referida a la obra pública, coexisten en la Administración Pública Nacional dos sistemas distintos de asignación de competencias para dichos procedimientos”.
“En ese contexto, resulta oportuno que la Jefatura de Gabinete de Ministros cuente con la facultad de reorganizar el Registro Nacional de Constructores de Obras Pública, a fin de que forme parte del Sistema de Información de Proveedores establecido para las compras y contrataciones, actualmente en la órbita de dicha jurisdicción”, se dice en los considerandos.
También, la Jefatura de Gabinete deberá “entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas y de consultorías”.
Por otra parte, se dispuso que el Ministerio de Hacienda debe “expedirse, de forma previa a la adjudicación, sobre la existencia de previsión presupuestaria para afrontar los compromisos asumidos bajo los contratos de Participación Público Privada que comprometan recursos del presupuesto público de ejercicios futuros previstos en el artículo 15 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias”.
Por último, el Ministerio del Interior tendrá que “entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras públicas en el ámbito” de esa cartera.
Fuente: Ámbito
