El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, formalizó este lunes la denuncia que el Gobierno adelantó que realizaría en contra del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para promover su destitución del cargo a raíz de la ventilación de datos de la causa seguida al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio en una reunión pública realizada la semana pasada en el Congreso de la Nación.
En nombre del Poder Ejecutivo, es decir el presidente Mauricio Macri, Mahiques pidió al organismo que él mismo integra la suspensión de Ramos Padilla en su cargo y su envío a juicio político por la causal de mal desempeño de sus funciones a raíz de los datos que reveló sobre la causa penal que tiene a su cargo y en la cual tiene convocado a prestar declaración indagatoria al fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en el llamado caso de “los cuadernos de las coimas”.
“El magistrado hizo de su investigación una cuestión pública, política y mediática, alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis la confianza que los habitantes depositan en ese poder del Estado”, sostuvo en su escrito el hombre del Gobierno en el órgano encargado de seleccionar a los jueces y promover su destitución en caso de mal desempeño del cargo.
Mahiques señaló además que el juez, en su “extensa exposición” ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por el kirchnerista Leopoldo Moreau, “afirmó categóricamente como verdaderos diversos extremos de la investigación que, conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.
“Del mismo modo cuestionó e involucró a otros diputados y magistrados nacionales, lo que resulta, además de imprudente, contradictorio y constitutivo de un inaceptable prejuzgamiento”, añadió Mahiques en el texto de su denuncia, a la que Clarín tuvo acceso de fuentes del Consejo de la Magistratura.
De acuerdo con el Gobierno, Ramos Padilla “careció de imparcialidad y demostró no haber observado en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”.
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“Ello, por cuanto la objetividad de un juez es un principio fundamental y funcional que importa la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado”, sostuvo Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.
Mahiques dijo en el texto haber formulado la denuncia por instrucciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien había anunciado la postura del Gobierno el viernes pasado, luego del paso de Ramos Padilla por la comisión presidida por Moreau y sólo ante legisladores opositores ya que los oficialistas no acudieron porque dijeron que se trataría de un “show mediático”.
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La denuncia del Gobierno pasará ahora a la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que en su próxima reunión sorteará a qué consejero le toca instruir el expediente. La comisión es presidida por el presidente del bloque peronista en la Cámara de Senadores, Miguel Pichetto.
Uno de los tres consejeros-jueces que integran el organismo, Alberto Lugones, camarista federal en San Martín y representante de la lista que más cercanía demostró al kirchnerismo entre los magistrados, dijo que “no es razonable” pedir el juicio político de Ramos Padilla y que no le “gusta que los jueces sean perseguidos”.
Fuente: Clarín
