Los sindicalistas buscan reanudar el tratamiento del proyecto que elimina multas a empleadores informales y garantiza hasta 5 años de aportes al personal blanqueado.
El Gobierno y la CGT retomaron las negociaciones por la ley de blanqueo laboral. El debate había quedado en suspenso y se lo supuso frustrado por los cambios introducidos por el Ejecutivo al proyecto de ley a espaldas de la central obrera, pero recobró vida en medio de la escalada de protestas del sindicalismo opositor e incluso motivó reuniones en medio del paro nacional del martes.

El programa determinaba que los empleadores debían avisar las desvinculaciones al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días hábiles de anticipación, como lo indicaba el decreto presidencial de noviembre pasado. Los sindicalistas involucrados dan por sentado que en esta ocasión se zanjarán las diferencias y la iniciativa se convertirá en ley.

Según informó el periodista de ámbito.com Mariano Martín, el proyecto presenta una serie de modificaciones a la legislación laboral destinadas a anular las multas administrativas y sanciones dinerarias previstas para los empleadores que tuviesen personal no registrado y quisieran formalizarlo.

Pero, el plan también contiene beneficios para los empresarios que no se adhieran al blanqueo y fuesen enjuiciados por sus trabajadores, al eliminar las penalidades y pagos extra en las indemnizaciones surgidas de sentencias. Además, el texto establece un aporte reconocido de hasta 5 años (60 meses) a los asalariados regularizados y exime de acciones penales a sus contratistas.

El proyecto impulsado por la administración de Mauricio Macri y presentado al Congreso por el senador oficialista Roberto Basualdo incorpora un capítulo de interés para los sindicalistas: crea una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (Agnet) cuyo propósito es contener los juicios de los afiliados contra sus obras sociales o prepagas al establecer, previo a la apertura de la instancia judicial, un dictamen de cumplimiento obligatorio por parte de ese organismo integrado por especialistas de todas las áreas de la salud.

El paro dispuesto por Hugo Moyano generó una dura interna en la central obrera, entre quienes apuestan a las negociaciones y al diálogo con el administración de Mauricio Macri y quienes exigen un endurecimiento de posiciones. Por el momento no está prevista una convocatoria del consejo directivo.

Sin embargo, los negociadores de ambas partes admitieron estar a las puertas de un acuerdo. Al igual que con la reforma laboral su tratamiento había sido condicionado por el PJ en el Senado a un guiño favorable previo por parte de la CGT. La diferencia, en este caso, es que el texto no fue blanco –todavía- de las quejas de Moyano y cuenta con el aval de los “gordos” de los grandes gremios de servicios, los “independientes” de buen diálogo con Cambiemos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), todos los sectores que aportaron abogados para pulir la escritura final.

Fuente: Minuto Uno