La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que habilita los aportes de empresas en el financiamiento de las campañas electorales, algo que había sido prohibido por el Congreso hace diez años.

La iniciativa se aprobó con 148 votos a favor y 69 en contra. El oficialismo, promotor de la reforma, logró la mayoría calificada, de mitad más uno de la cámara, con el respaldo del Bloque Justicialista y del Frente Renovador . Votaron en contra el kirchnerismo, el interbloque que preside Felipe Solá y el Frente de Izquierda (FIT).

La norma estipula que cada empresa puede donar hasta un 2% del total de gastos autorizados para la campaña, mismo límite que rige para los aportes personales. En simultáneo, se prohíben las donaciones en efectivo, por lo que todos los recursos deberán estar bancarizados.

“No nos parece adecuada la prohibición de los aportes de empresas. En el fondo y más allá del espíritu, ese sistema esconde una hipocresía, porque las empresas en general terminando contribuyendo, sólo que lo hacen a nombre de 10 o 20 gerentes. Es más transparente que sepamos que la empresa tal o cual contribuye a una campaña”, argumentó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro), en la apertura del debate.

El contrapunto más fuerte se produjo con el kirchnerismo. “Lo que hicimos en 2009 fue un avance importante. Tenemos que ir a un sistema de financiamiento 100% estatal. Cuanto menor injerencia de empresas exista, mejor será para la transparencia y para la actividad de los partidos políticos”, sostuvo el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi .

Terminó por inclinar la balanza Graciela Camaño , jefa de la bancada del Frente Renovador. No vengamos acá a hacer un discurso de la locura, a decir que ponemos en juego la democracia, simplemente porque cambiamos el método de financiamiento. Salvo los muchachos que se sientan atrás -dijo, en referencia a los diputados del FIT-, todos los demás, en algún momento tuvieron aportes de empresas, a pesar de que la ley lo prohíbe.”

El proyecto fortalece además las atribuciones de la Justicia electoral en materia de control y penalización, y reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación que radios y canales de televisión deberán ceder con fines electorales.

Otro punto importante es que del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% a sitios de producción provincial.

Fuente: La Nación