El Senado bonaerense no sesionará la semana próxima y se enfría aprobación de unos 42 pliegos de jueces y fiscales para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

La avanzada del oficialismo, luego de las primarias de agosto, para dar curso a las designaciones encontró una fuerte resistencia en el peronismo. Desde allí argumentan que el resultado de las PASO permite -de mínima- suponer la posibilidad de un cambio de gobierno en la provincia. Y que eso ya es motivo suficiente para dejar que este tipo definiciones queden para quien gobierne la provincia a partir de diciembre. En la Cámara Alta, la jefa de los senadores de Unidad Ciudadana fue quien encabezó esa resistencia.

Los cargos que mayor ruido causaron en la oposición fueron las vacancias para el Tribunal de Casación Penal bonaerense. El gobierno propone a Ana Julia Biasotti y Francisco Pont Verges

Casación Penal es una de las instancias más importante en materia penal del entramado judicial bonaerense y tiene varios casilleros sin ocupar tras la salida de los ex jueces Horacio Pimobo y Benjamín Sal Llargués.

En particular, desde la oposición rechazan a Pon Vergés, actualmente secretario de Política Criminal de la Procuración y señalado como hombre de Julio Conte Grand. Desde el peronismo aseguran que la celeridad que se le imprimió al proceso legislativo tiene que ver con presiones por parte del propio Procurador.

Los 42 pliegos están listos para ser aprobados desde mediados de septiembre, sin embargo, la polémica alrededor del mecanismo de designación paralizó al oficialismo. Este viernes era el último día en que Daniel Salvador podía convocar a una sesión para la semana próxima. No hubo llamado alguno así que la votación quedará para después de la elección del 27.

Ya con el resultado de esa elección confirmado, el peronismo tendrá aún más argumentos para rechazar la designación. Fuentes del Senado prevén una negociación en la que se puedan aprobar algunos pliegos dejando afuera el de Pon Vergés.

LPO adelantó una presentación judicial redactada por la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS). Esa demanda reclama a la Justicia devolver el pliego al Poder Ejecutivo para que la Gobernadora lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario número dos en la Procuración bonaerense.

Pero también, en caso de que la gobernadora decida ratificar el pliego, solicita que la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.

Esa oficio tuvo movimientos esta semana. La jueza María Ventura Martínez, a cargo del juzgado Contencioso y Administrativo 4 de La Plata, ofició a la Fiscalía de Estado, al Poder Ejecutivo, al Senado y a la Procuración para que envíen informes sobre el expediente de Pon Vergés.

Este viernes, el ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, defendió la designación de los 42 funcionarios judiciales y negó que haya una intención de agilizar la designación de jueces en el tramo final de la gestión. “Después de las PASO no hemos enviado ningún pliego al Senado”, afirmó en Mar del Plata donde encabezó una actividad en el Colegio de Magistrados.

“Todos los años tratamos de nombrar jueces y somos la gestión que más jueces ha designado. Antes de las PASO en el Senado existían una cantidad de cargos que ya habían sido enviados y lo que queremos es cumplir con los nombramientos. Las PASO han significado un mensaje de la ciudadanía que hemos interpretado y después de las PASO no hemos enviado ningún pliego al Senado”, explicó.

Fuente: La Politica Online