En el interior de la Casa de Gobierno que deja María Eugenia Vidal, el allanamiento -o requerimiento presencial- ordenado por la Justicia sobre la Auditoría General de Asuntos Internos se explica con dos frases cortas: “Es cambio de época. Es tiempo político”.

Para el oficialismo, la denuncia contra Asuntos Internos se entiende por una tarea que incomodó a muchos durante los últimos cuatro años y que queda en evidencia en números: desde 2015 se iniciaron 36.641 sumarios a policías bonaerenses. Esto es, un tercio de los 91.000 policías que integran la fuerza de seguridad más grande de la Argentina fueron sumariados entre 2015 y 2019.

En ese mismo período, un total de 13.323 uniformados fueron apartados de la fuerza. De ellos, 2300 fueron exonerados. Y otros 1500 están en trámite de expulsión. En paralelo, 2773 policías fueron suspendidos y 967 fueron detenidos por orden judicial.

Hubo, además, 2036 sumarios iniciados por enriquecimiento ilícito a policías y a sus testaferros, que involucran a un total de 3500 personas investigadas. Sobre ese total, 205 agentes ya fueron denunciados en los tribunales.

Declaraciones juradas, informes de la AFIP, denuncias anónimas, todo lo recibió y lo auditó el titular de Asuntos Internos bonaerense, Guillermo Berra. También fue el encargado de pedir bajas y hasta exoneraciones de agentes que podrían terminar en prisión.

¿Por qué María Eugenia Vidal no respaldó en público al funcionario que encaró la tarea de hurgar entre los restos de la “maldita policía”?

Todos los policías de la bonaerense, desde el rango de oficial inspector en adelante, están obligados a presentar su declaración jurada. Unos 50.000 agentes tuvieron que hacer público su patrimonio. Y Asuntos Internos se encargó de auditar las inconsistencias.

Pese a todo, Vidal no manifestó en público su apoyo a Berra. “No se le soltó la mano”, afirmaron cerca de la gobernadora bonaerense.

Un hombre de confianza de Vidal que sigue de cerca la trama jurídica y policial de la denuncia sobre el titular de Asuntos Internos profundizó: “Acá la Justicia deberá determinar si Berra se excedió en la investigación sobre personas que ya habían sido dadas de baja de la fuerza, mientras aún tienen estado policial. Y si esta investigación alcanzó al círculo de los excomisarios, formado por civiles, y hasta funcionarios del Poder Judicial. Pero bajo ningún punto de vista se investiga a Berra por corrupción”.

La pregunta sobre el alcance de la auditoría sobre Berra no es menor: Vidal ya fue acusada públicamente por el Frente de Todos de permitir -por acción u omisión- la instalación de seis unidades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la provincia, supuestamente dedicadas a espiar a opositores.

La policía que condujo el ministro de Seguridad Cristian Ritondo también fue acusada de realizar espionaje tras la tragedia de San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro personas. La Comisión Provincial por la Memoria incluso realizó una denuncia ante el Juzgado Federal Nº 3 por este accionar presuntamente irregular.

Esta nueva investigación, si bien vuelve a señalar supuestas tareas de espionaje desde sectores uniformados a sectores civiles, tiene un cariz distintivo para el oficialismo: el acusado es un funcionario de Vidal. La denuncia sostiene que desde Asuntos Internos se montó un sistema ilegítimo de investigación.

Son policías apartados y sospechados de delitos a los que se investigó. Pero también a su entorno. ¿Se puede permitir que se siga investigando a policías que ya no cumplen funciones? ¿Hasta cuándo dura el estado policial? Su entorno civil, o incluso sus testaferros, ¿también pueden ser investigados por Asuntos Internos? Estas son algunas de las preguntas que deberá responder el procurador general Julio Conte Grand, superior de la fiscal Cecilia Corfield.

Conte Grand también espera su momento para intervenir en este sensible expediente. No será mientras esté en funciones la gobernadora que lo postuló para el cargo.

Mientras tanto, el gobierno de Vidal se despide esta semana con un balance de su gestión de seguridad. “Hoy hay menos policías que delinquen respecto de 2015. Pero nosotros no depuramos a la policía. Nosotros instalamos una política de continua observación civil sobre el accionar policial”, dijo Ritondo, para completar: “Pero también necesitamos buenos policías. Sin ellos hubiera sido imposible reducir los índices de secuestros y homicidios como lo hicimos”.

Fuente: La Nación