El fiscal Jorge Di Lello imputó este jueves al presidente, Mauricio Macri, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, a su antecesor, Juan José Aranguren, y al canciller Jorge Faurie, y pidió a un juez evaluar la suspensión del primer vuelo de la empresa Latam hacia las islas Malvinas con escala en Córdoba, que está previsto para el 20 de noviembre.

El vuelo en cuestión parte de San Pablo, en Brasil, utiliza el espacio aéreo de nuestro país, tiene una escala en Córdoba y termina en las islas Malvinas.

Para el fiscal Jorge Di Lello, los funcionarios denunciados deben ser investigados por su participación en negociaciones con el Reino Unido que perjudicarían la soberanía nacionaly por la firma del acuerdo denominado “Foradori-Duncan”.

Di Lello sostuvo que “existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”.

“Así corresponde que VS evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que está autorizado por el decreto 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”, dice el dictamen presentado al juez Luis Rodríguez.

Para el fiscal, el Poder Ejecutivo “no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación”.

La denuncia apunta al decreto 602/2019 que permite vuelos desde el continente, vía Brasil a las Islas Malvinas en aviones de gran porte de Latam “violando la soberanía del espacio aéreo” ya que se avalaría el transporte de material y personas a las islas “sin mínimo control y conocimiento de la Argentina”, y beneficiando a Gran Bretaña.

Según dice el dictamen, el Poder Ejecutivo habría dictado ese decreto sin efectuar el trámite de aprobación requerido por la Constitución Nacional, respecto al Congreso de la Nación.

La denunciante Valeria Carreras había manifestado que si se declarara la inconstitucionalidad de ese decreto, “la empresa LATAM podría reclamar los daños y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por vía del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría el convenio bilateral”.

A partir de ese acuerdo, se avanzó –según remarca el dictamen- en tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Areas del Atlántico Sur a empresas británicas; el decreto 602 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur.

fuente: Minuto Uno