El fiscal Gerardo Pollicita impulsó una investigación penal contra el exdirector del Banco Nación (BNA) durante el gobierno de Mauricio Macri Javier Gonzáez Fraga en la causa donde se investiga si la entidad bancaria autorizó a la cerealera Vicentín a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. El juez al frente de esta causa es Julián Ercolini.

Como primer paso tras la imputación de González Fraga y de Alberto Padoan y Gustavo Nardelli -quienes fueron sindicados como responsables de la empresa- Ercolini deberá decidir si hace lugar a las medidas de prueba pedidas por Pollicita.

Hace dos semanas, el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, denunció al expresidente y a varios de sus exfuncionarios por el delito de defraudación, a raíz de un préstamo que le otorgó el Banco Nación a la empresa Vicentín.

La cerealera fue la principal aportante para la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado. Míguez formuló su denuncia basándose en un informe elaborado por Claudio Lozano, el nuevo director del Banco Nación, que analizó la situación económica de la firma y consideró que el proceso de endeudamiento que acumuló Vicentín con el BNA “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de los establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.

Lozano informó que se le otorgó el préstamo a la empresa a pesar de que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que, según indicó, no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.

En medio de un ahogo financiero, la firma pidió el concurso preventivo de quiebra hace cuatro días.
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“Se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentín S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”, informó el fiscal en el dictamen al que accedió LA NACION.

El reporte en el que está basada la denuncia sostiene, además, que “sin fundamento alguno [Vicentín] habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición ‘Juntos por el Cambio’, que la ubican como la principal contribuyente”.

Entre las medidas de prueba pedidas por el fiscal para avanzar en la investigación, una de ellas implica pedirle al Banco Nación un informe que indique el monto total de la firma con la institución, cómo se compone esa deuda, qué porcentaje de la cartera del banco representa la deuda que tiene la firma Vicentín, qué porción de la deuda que mantiene la empresa con el banco resulta exigible y si la deuda que posee la firma supera los límites a los que podía acceder la firma en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas.

Pollicita pidió, además, citar a prestar declaración testimonial al presidente del Banco Nación Eduardo Hecker así como también al director Claudio Lozano.

El fiscal también le pidió al juez solicitar información de la empresa a la AFIP, así como también convocar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a responder si tiene Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la firma y a la Oficina Anticorrupción (OA) a informar si llevó adelante algún expediente vinculado a este hecho.

Fuente: La Nación