El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad confirmó la medida cautelar que suspendió la obra en un predio de Caballito, emprendimiento conocido como “Ciudad Palmera”, donde estaban proyectados edificios de hasta diez pisos y un shopping a cielo abierto.

El máximo tribunal emitió el dictamen ante la presentación de la Procuración de la Ciudad para declarar “inconstitucional” la cautelar del juez Darío Reynoso, que había frenado las obras en Avellaneda al 1300, al considerar que no se adecuaba a las normas urbanísticas vigentes en la zona.

El fallo de Reynoso, que fue también avalado por la Sala II de Apelaciones, hizo lugar a un amparo presentado por el Consejo Consultivo Comunal de Caballito y organizaciones barriales contra el Gobierno de la Ciudad y la empresa a cargo de la obra para que se frenen los trabajos.

El amparo se basaba en el contexto de la pandemia por el coronavirus y también argumentaba que presentaba una irregularidad en los permisos otorgados para el emprendimiento urbano del grupo IRSA, que desde hace más de una década intentó construir allí un shopping y un conglomerado de departamentos.

Hasta el momento, dicha empresa no logró concretar el megaemprendimiento ya que, para eso, requiere de un cambio de zonificación de la superficie por parte de una ley de la Legislatura porteña.

No obstante, según aseguran desde las organizaciones barriales, IRSA dividió los terrenos en cuatro parcelas y transfirió una de ellas a la firma Portland, que estaría a cargo del desarrollo inmobiliario denominado “Ciudad Palmera”.

Martin Iommi, coordinador del Consejo Consultivo Comunal 6, consideró que “la presentación del Gobierno porteño fue un acto de desesperación, que demuestra que después de 13 años sigue sin escuchar a Caballito en su reclamo histórico contra la construcción indiscriminada y su pedido de espacios verdes públicos”.

“Quisieron aprobar esta obra siete veces en la Legislatura porteña y nunca pudieron. Esto es porque se trata de un proyecto que destruye el comercio barrial y la red de servicios públicos. Ahora dividieron el terreno en cuatro para evitar el tratamiento legislativo”, agregó.

Nadia Solodkow, vecina del barrio y abogada del amparo, manifestó que “sabemos que es un triunfo, pero no nos sorprende porque la presentación del Gobierno de la Ciudad fue improcedente, tal como fueron todas las presentaciones hasta ahora realizadas”.

Fuente: Minuto Uno