La Corte Suprema activó el manual de procedimiento estándar y avisó que se prepara para resolver el conflicto eminentemente político entre la Nación y la Ciudad por la presencialidad escolar. A través de una resolución con las cinco firmas de sus miembros, la mayoría dio por abierto el trámite de la causa reconociendo la competencia originaria del máximo Tribunal y le imprimió características de “sumarísimo” para abreviar la producción de prueba y los plazos. Sin embargo, notificó a la Jefatura de Gabinete para que en un máximo de 5 días defienda el DNU al que la administración de Horacio Rodríguez Larreta impugnó a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad, el recurso principal que tramita en medio de un enjambre de presentaciones y amparos en distintos tribunales y fueros, con resultado dispar como el que se vio el domingo que le permitió al Gobierno porteño abrir ayer las escuelas.

Unas horas más temprano, la Procuración del Tesoro con Carlos Zannini a la cabeza corrió hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal y pidió la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló el domingo a favor de la presencialidad en las clases en el distrito. Recayó en el juzgado de Esteban Furnari. La estrategia del Gobierno -en el fuero lógico para tratar esos conflictos- es lograr aplastar el fallo porteño por ser incompetente y volver a restablecer los alcances del DNU presidencial en territorio capitalino, además de obtener un fallo que impida a otro tribunal local fallar de manera similar, ante la avalancha de amparos que quedaron diseminados. El camino ya lo había iniciado Carla Vizzotti el mismo domingo solicitando a la Sala IV una declinatoria. No le hicieron caso. El que planteó la inhibitoria fue Zannini. El Ejecutivo desplegó así a todos sus alfiles para convertir en efímero el triunfo judicial de Larreta.

La providencia se firmó pasadas las 13 y llevó las firmas de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Durante toda la mañana circuló entre las vocalías donde había un preacuerdo y conversaciones telefónicas entre los ministros. En el camino, no faltaron operaciones mediáticas que incluyeron falsas mayorías para un sector y hasta una confusión acerca de que el Gobierno acudiría a Comodoro Py para frenar el fallo, como si hubiese alguna cuestión penal en el medio. No hubo nada sorpresivo en los movimientos de la estructura del cuarto piso del Palacio de Tribunales para poner primera en la resolución de la controversia.

Highton planteó su disidencia y se remitió a votos precedentes por los cuales argumentó que no le reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capacidad de litigar bajo los alcances de la competencia originaria. Así, sólo en la teoría (porque siempre puede ofrecer sorpresas) se bajó de la discusión de fondo, quizá con la única posición más afín a la del propio Alberto Fernández. Como ya informó Ámbito, desde 2019, la Corte ha fortalecido jurisprudencia que considera a la CABA una ciudad constitucional autónoma federada y se expresó en esa dirección en los casos “GCBA v. Córdoba”, “Bazán”, “Corrales”, “Nisman” y “Mármol”, sobre aspectos diversos. ¿Podría la Corte tomar el caso “Escuelas” para delimitar bien los bordes de la siempre discutida autonomía porteña y sus alcances?

Eso será materia de discusión entre los ministros que ya saben que tienen todas las miradas puestas sobre la decisión. Eso no es obstáculo para que se perciba cierto fastidio por la modalidad “take away” que adquirieron los desacuerdos políticos que se pretenden pasar a buscar por el mostrador de los tribunales. Aunque le imprimió celeridad al caso (que contiene una cautelar y una cuestión de fondo) no está prevista la habilitación de días y horas inhábiles para su tratamiento. Eso deja en un limbo el “cuándo” y torna en misterio el “cómo”.

Hoy la Corte tendrá su habitual Zoom semanal, donde tiene un temario aparte y el miércoles está agendada la audiencia de conciliación entre los mismos protagonistas: Nación y Ciudad por el tema del recorte de la coparticipación. Ahora empieza a correr el tiempo para la respuesta del Gobierno y para los informes que requiera como documentación respaldatoria para comenzar a decidir, el trámite en la Procuración y el producido final. Pero todos los caminos terminan inexorablemente en la Corte también por otras vías.

En la maraña, el Contencioso Administrativo Federal también tiene un pedido de amparo contra el DNU interpuesto por Carolina Stanley como asesora tutelar porteña. En sentido contrario, el de Zannini. Cualquiera sea la decisión en ambos casos en primera instancia, podría tener que decidir la Cámara de Apelaciones, cuyo hombre fuerte es Sergio Fernández. Pero así y todo (podría también ocurrir la paradoja) de que se pronuncie la Corte, el Contencioso sigue por su camino para volver a terminar en el máximo Tribunal. La diferencia es si en el transcurso de la decisión final Larreta puede continuar con clases presenciales o si regresa a la virtualidad como fija el lapso definido por el DNU. Para la ciudadanía, confundida en todo este desaguisado, se podría emular las palabras de Miguel Pichetto en la previa del voto no positivo de Julio Cobos en la “125”: “Lo que haya que hacer, hágalo rápido”.

Como no podía faltar en todo caos, volaron las denuncias penales también, como si fuesen piñas. Ya Mauricio Macri había recibido una por sedición por parte del fiscal de Morón Javier Baños a raíz de un tuit. El fiscal es un firme candidato en el concurso de la Casación bonaerense. Pero lo más paradójico de toda la secuencia fue la ira que despertó en el kirchnerismo porteño la irrupción de los jueces que tomaron la decisión exprés el domingo. Recibieron denuncia penal y un puñado de legisladores amenazó con ir al Consejo de la Magistratura local para que se inicie el juicio político.

La realidad es que toda esa Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Ciudad fue modelada en plena pandemia. En agosto del 2020 el trío tuvo un paso más que formidable en su acuerdo en la Legislatura. Obtuvieron 42 votos favorables, 9 abstenciones y 0 negativos. El peronismo local ayudó aportando 12 de esas voluntades positivas. Pero quizá lo más paradójico, sobre todo en el tono dramático que le imprimió el kirchnerismo pos fallo, fue la presunta objeción a Nieves Macchiavelli -una de las juezas que firmó el fallo- por ser familiar de un hombre clave en la estructura de funcionarios de Rodríguez Larreta como Eduardo Macchiavelli. Bastaba corroborar como fue la versión taquigráfica del plenario en el Consejo local para definir las ternas como para poner en duda que ese dato hubiese pasado desapercibido. La hoy jueza no estaba en la lista original que iba a ser aprobada el 11 de marzo 2020. Fue Ana Salvatelli -consejera por la Legislatura por el sector que lidera el peronista y asesor presidencial Juan Manuel Olmos- la que propuso hacer lugar la impugnación planteada por la candidata Macchiavelli respecto al puntaje de la entrevista personal, lo que la hizo escalar posiciones. Inmediatamente, Alberto Biglieri -a quien le atribuyen lazos con Daniel Angelici- respaldó la propuesta. Ganó por mayoría. Una postal perfecta de la distribución de poder existente en la Ciudad no debiera ser empañada por una fingida sobreactuación realizada sobre los hechos consumados.

Fuente: Ámbito