El Gobierno nacional trabaja en la elaboración de un estudio para regular las redes sociales y que no “intoxiquen” la democracia, según reveló este martes el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante su exposición en la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Ámbito, el Ejecutivo buscará profundizar los mecanismos que obtuvo al adherirse pacto contra las noticias falsas denominado “Pacto por la Información y la democracia” en junio del año pasado.

Por ende, rechazaron que se vaya a presentar un proyecto de ley, como transcendió poco tiempo después de que el funcionario hablara ante el Consejo y que despertó las críticas de opositores.

Ese acuerdo, que tiene a más de cuarenta países adheridos, promueve la necesidad de los gobiernos para elaborar un marco regulatorio y actualizado conforme avance la tecnología.

A la vez, según explicaron las autoridades al momento de la suscripción, fomenta un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable.

En esta ocasión, Béliz indicó que la administración actual, y específicamente desde su cartera, van a “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”.

“Ya estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, reveló.

Por tal motivo, el Gobierno ya convocó a unas 40 universidades de todo el país para comenzar a estudiar el campo de las redes sociales y armar las regulaciones necesarias.

Uno de los primeros opositores al oficialismo que salió al cruce fue Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, que utilizó parte de una de las frases de Beliz para posicionarse en contra: “La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional”.

“Cualquier límite a la libertad de expresión es un intento de erosión de nuestra democracia y nos oponemos absolutamente”, fijó el alcalde.

En tanto que Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que por “una cuestión de principios” rechaza la iniciativa y preguntó, en referencia a los contenidos que “intoxican” la democracia: “¿Quién decide que cosa intoxica y que cosa no?”.

Fuente: Ambito