Un Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe sobre la violencia contra las mujeres en la vida política donde recomendó al Congreso “desarrollar una normativa para proteger a las legisladoras del acoso político” y pidió a los medios de comunicación que eliminen “toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género”.

El Comité había visitado Argentina a principios de marzo para abordar el tema de la violencia contra las mujeres en la vida política, meses después del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el cual calificaron como un intento de “magnifemicidio”, que estuvo alentado por “discursos de odio”.

En esta ocasión, el comité de expertas desarrolló un conjunto de recomendaciones -en un documento al cual tuvo acceso Télam- a varias instituciones democráticas con el objetivo de cumplir con los estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

Entre ellas, solicitaron al poder ejecutivo federal que genere “una mesa interinstitucional donde estén representados el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Cámara Nacional Electoral, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la Defensoría de Público, con la representación de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres periodistas”, para realizar una “revisión estricta de todas las normas y prácticas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.

Erradicar la violencia de género

En cuanto al Congreso, solicitó dar rango constitucional a la Convención Interamericana mencionada, desarrollar “una normativa específica para proteger a las legisladoras del acoso político” y generar un marco jurídico que ayude a “erradicar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías”.

En tanto, expresó a los órganos judiciales que actúen “con debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres en la vida política” y promuevan la capacitación con perspectiva de género, entre otras cuestiones.

A los partidos políticos, se pidió que “adopten protocolos en materia de violencia de género contra las mujeres en la vida política”, que incluye “prohibir la inclusión dentro de sus listas de candidaturas por parte de personas denunciadas por actos de abuso y violencia contra las mujeres”. –

También recomendaron a los medios de comunicación que generen “políticas internas”, así como “códigos de autorregulación dirigidos a desnaturalizar las agresiones”, y promuevan la no violencia.

Así como “eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y”, prohibir “toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo” y promover “el uso responsable y respetuoso de la comunicación”.

La vicepresidenta Fernández de Kirchner había denunciado en marzo ante la comitiva que desde hace dos décadas ella es víctima de una “escalada de violencia por motivos políticos y de género” que se profundizó “a lo largo de los mandatos” que ejerció al frente del Ejecutivo hasta llegar al “intento de magnicidio” del 1º de septiembre pasado, al que definió en un informe de 96 páginas como “el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia”.

El informe elaborado por el equipo jurídico de la presidencia del Senado analiza con reproducciones de tapas de la revista Noticias, fotos de manifestaciones antikirchneristas y otros recursos las acciones de “hostigamiento mediático”, de promoción del “discurso de odio”, de “despersonificación” y “objetivación” de las que fue objeto Cristina Fernández de Kirchner en los últimos años.

Al respecto, el documento presentado este miércoles por las expertas retoma este antecedente y señala que “el uso violento de la sexualización de su figura, las imágenes de su familia, ha sido identificado como actos de violencia política”

Y detallaron que estos actos “buscan menoscabar el ejercicio libre de los derechos políticos de la Vicepresidenta y con su carga simbólica permite o legitima ataques permanentes y consistentes en contra, no de su gestión como vicepresidenta, sino en su condición de mujer política”

Recientemente el comité también había repudiado los “comentarios estigmatizantes” vertidos por las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, del canal La Nación+ (LN+), hacia la Vicepresidenta y su hija Florencia.

Las periodistas aludieron a comienzos de abril cuestiones personales de la joven, basándose en imágenes que Florencia Kirchner posteó en su cuenta de la red social Instagram y tras afirmar que padecía una enfermedad, especularon sobre los motivos de ese supuesto cuadro clínico.

En el informe también se destacó el intento de asesinato contra otra vicepresidenta de la región, Francia Márquez, de Colombia, y los femicidios de Berta Cáceres (Honduras), Juana Quispe (Bolivia) y Marielle Franco (Brasil), mujeres políticas y activistas latinoamericanas

Otro caso que recoge es en torno a los “insultos misóginos y sexistas ejercidos en contra de Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, resaltando que el gesto obsceno realizado por el diputado Cristian Ritondo evocaba una violación, lo que configuró en criterio del Comité un claro acto de violencia política, que no sólo afectó a la Presidenta de la Cámara, sino al resto de las mujeres políticas”.

“Ante la mayor participación política de las mujeres, se han intensificado las formas de discriminación y de violencia contra ellas”, señala el documento y añade que “el problema de la violencia contra las mujeres en la vida política pone de manifiesto que el logro de la paridad no se agota con la adopción de leyes de cuota, sino que requiere de un abordaje integral que asegure condiciones igualitarias en el acceso y ejercicio de las funciones públicas”.

“Ante la mayor participación política de las mujeres, se han intensificado las formas de discriminación y de violencia contra ellas”

El informe fue suscrito por las expertas integrantes de la Delegación de Asistencia Técnica del Comité de Expertas (CEVI), encabezada por su Presidenta, Marcela Huaita Alegre, de Perú, las expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, así como la experta independiente del país Susana Chiarotti.

El informe fue coordinado por Luz Patricia Mejía Guerrero Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimientos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI); y colaboraron en su preparación Tatiana Bensa, Eva Villareal Pascual y Sara Brochet de la Secretaría Técnica del MESECVI.

Fuente: Telam