A horas de la media sanción a nueva ley de movilidad jubilatoria obtenida en la Cámara de Diputados, representantes del Gobierno cuestionaron la alianza entre el kirchnerismo y la oposición dialoguista y rechazaron la nueva fórmula.
El primero de ellos fue el presidente Javier Milei, quien en uso de sus redes sociales, anticipó que apelará al veto presidencial en caso de que la oposición conquista la media sanción restante en la Cámara de Senadores.
“Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC !!!”, sostuvo el mandatario en horas de la madrugada.
El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se expresó al respecto y denunció la irresponsabilidad de parte de “de quienes esta madrugada resolvieron incrementos de haberes jubilatorios con un costo de medio punto del PBI sin que el Estado cuente con recursos necesarios para afrontarlo”.
“En 2003 había 79 mil pensiones por invalidez. Año a año se incrementaron, con excepción del período del presidente Macri, hasta llegar a 1.215.000 en 2023, lo que representa un costo anual de USD 3mil millones”, planteó, y agregó: “Una auditoría de ANDIS sobre 3mil pensiones tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de USD2400 millones anuales sin fundamento”.
Otra de las que se hizo eco de la alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque Coalición Federal y Unión por la Patria fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de las más alineadas con la causa libertaria.
“Juntos para quebrar al Estado y empobrecer a los jubilados y sus familias. Ni un paso atrás. 100 años de progreso o la vida en decadencia. ¡El pueblo ya eligió!”, arremetió la funcionaria a través de su red social X.
“Es una vergüenza”, calificó al respecto la canciller Diana Mondino a periodistas en el ingreso al Latam Economic Forum celebrado enParque Norte, el evento de finanzas y economía.
En sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó: “La Cámara de Diputados de la Nación se otorgó un aumento en sus sueldos, le dió media sanción a un proyecto de ley que intenta destruir las cuentas públicas y rechazó eliminar las jubilaciones de privilegio”.
“El nivel de disonancia con el sentido común es astronómico. Fin”, concluyó.
Por otra parte, el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert respaldó la decisión del jefe de Estado de vetar la nueva fórmula votada en la Cámara de Diputados, y sostuvo que el objetivo del kirchnerismo es “quebrar la columna vertebral del programa que es el equilibrio fiscal”.
En la misma línea, el legislador libertario Santiago Santurio expresó que el oficialismo aspira a que trabajadores, jubilados, empresarios y emprendedores perciban un salario justo, pero aclaró que no va a “sacrificar el superávit y el esfuerzo que todos los argentinos están haciendo para recuperar nuestra Patria”
La propuesta opositora de consenso
La iniciativa tanto de UP como de los bloques dialoguistas (UCR, Hacemos, Coalición Cívica e Innovación Federal) es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.
Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumentos adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).
En tanto, se fijó en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.
Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA).
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa de síntesis tiene un costo fiscal del 0,43 % del PBI.
La Libertad Avanza y el PRO la rechazaron en la votación. El bloque oficialista había firmado en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274, que solamente reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.
El debate por la movilidad jubilatoria
Por Unión por la Patria, compartieron el tiempo designado al miembro informante Ricardo Herrera e Itai Hagman.
Durante su intervención, el peronista riojano puso el foco en “el error de considerar a los jubilados como variables de ajuste de este modelo”.
Hagman, por su parte, señaló que en el primer cuatrimestre de este año el gasto previsional en la Argentina, comparado con el mismo periodo del año pasado, disminuyó un 28,5%”.
En esta línea, indicó que la incidencia en el ajuste total del gasto primario que está haciendo este Gobierno en el mismo periodo es del 36%”.
“Es decir que más de un tercio de todo el ajuste del gasto primario que está haciendo el Poder Ejecutivo, recae sobre las espaldas de jubilados, jubiladas y adultos mayores que cobran pensiones”, alertó.
Para Hagman, el Gobierno deliberadamente fijó una fórmula de movilidad jubilatoria en el DNU para “congelar” los haberes en “el nivel más bajo de la historia”.
A su turno, la presidenta de la comisión de Previsión Social, Gabriela Brouwer de Koning (UCR) lamentó que el DNU del Gobierno advirtió “hoy el 86 % de los jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica”, y subrayó que “para lograr el déficit cero no se debe afectar la capacidad de los sectores más vulnerables”.
“No se debe afectar las jubilaciones y pensiones de más 7 millones de argentinos y argentina, que están viviendo con un ingreso menor a la canasta básica”, finalizó.
En nombre de La Libertad Avanza, el jefe de ese bloque, Gabriel Bornoroni, responsabilizó al kirchnerismo por “quebrar el sistema previsional” y habló de “una gran hipocresía” por parte de quienes “ahora dicen que quieren ayudar a los jubilados”.
“En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, agregó, y destacó que “la Argentina tiene que debatir qué hacer con el sistema previsional, tiene que ser una discusión madura y realista; sin populismo”.
Vehemente, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) apuntó contra el oficialismo y sostuvo que “es mentira que cuando arrancaron el Gobierno el 10 de diciembre o después con la propuesta de la Ley Bases, traían una solución para resolver la inequidad que había dado la fórmula del gobierno kirchnerista con ciento de miles de jubilados”.
“Este Parlamento viene a dar respuesta y a romper el cinismo y la mentira de algunos que pretenden no darle una respuesta y seguir castigando, nada más y nada menos que a los jubilados”, disparó.
Más tarde, Martín Tetaz (UCR) dijo que la propuesta de su bloque no era “irresponsable desde el punto de vista fiscal”, sino que busca “volver al punto de partida de este Gobierno” en términos del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios.
“No le pedimos que aumente el gasto en jubilaciones sino que lo recomponga al nivel que tenía cuando él llegó”, completó el economista.
En tanto, la diputada kirchnerista Julia Strada remarcó que desde Unión por la Patria no están dispuestos “a entregar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad” de Anses, un objetivo que le atribuyó al Gobierno.
“Estamos acá desde Unión por la Patria para acompañar un aumento de las jubilaciones. Sólo para eso. No para entregar los activos de los jubilados que son un resguardo para que el sistema previsional de reparto siga siendo público y para que no haya eventualmente una capitalización del sistema”, remató.
El diputado Cristian Castillo (Frente de Izquierda) evaluó que “los dictámenes alternativos a los del Gobierno” con excepción del propio, “no plantean recuperar todo lo que se perdió durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández”.
Juan Manuel López (Coalición Cívica) dijo que “se esperó lo suficiente” y “este tema (el de la actualización de los haberes jubilatorios) sigue sin solucionarse”
Para el referente del espacio de Elisa Carrió, este proyecto “es un acto de estricta justicia” si bien “no es la recomposición que merecerían los jubilados”.
Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) aclaró que “acá nadie quiere quebrar el equilibrio fiscal de nadie”.
“No sabemos volar helicópteros, abandonemos el fetiche y la paranoia por favor”, pidió dirigiéndose al oficialismo.
Y explicó que estaban convocados en la sesión “para corregir una avivada” del Gobierno de haberle recortado “medio mes” de recomposición a los jubilados.
“Hace 7 años estábamos en esta casa y discutíamos una reforma previsional y por un vivo que se comió un trimestre nos comimos un flor de quilombo. Y acá nos encontramos con otro vivo que se comió medio mes”, dijo Massot que trazó una comparación con la reforma previsional del 2017, que se aprobó en medio de enfrentamientos con el kirchnerismo y la izquierda.
Fuente: Noticias Argentinas
