El gobierno le dio una nueva estocada al proceso de verdad y justicia. Por decreto, Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los niños y las niñas robados durante la dictadura. La Conadi ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años.

“Esto es totalmente maligno. Están deshaciendo una institución de muchísimos años. Es una vejación más que hace este gobierno a los derechos humanos”, denunció Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con Página/12.

La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los bebés que habían sido arrancados de sus familias durante los años del terrorismo de Estado.

Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, a través del cual se creaba una UEI dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

La Conadi recibe denuncias –que pueden provenir de Abuelas o de alguien que pueda aportar un dato para encontrar a las personas que se buscan– y presentaciones espontáneas de quienes tienen dudas sobre su origen biológico. Por ley, es el nexo con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El 90 por ciento de los casos que llegan al BNDG lo hacen desde la Conadi.

Desde hace meses, el gobierno viene gestando una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante.

Un mes después, se filtró el proyecto de decreto que había redactado Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona, en el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo denunció que se estaba preparando el vaciamiento del organismo. A los pocos días, corrieron a Claudia Carlotto de la dirección de la Conadi.

Los argumentos

Cuando parecía que el tema había quedao en el tintero, el decreto se publicó en el Boletín Oficial (BO) con las firmas de Javier Milei y Cúneo Libarona. El argumento para cerrar la UEI es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, ya que éstas deberían quedar en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF). “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.

Durante 20 años no hubo planteos de jueces ni de fiscales ni de defensores contra la UEI de Conadi. Pese a la falta de cuestionamientos, la cartera que conduce Cúneo Libarona celebró su disolución y dijo que su existencia era un “atropello a nuestra Carta Magna”. Nada explicó el Ministerio acerca de cómo hará con las investigaciones que estaban en marcha. Si se archivan de oficio, podría tener que dar explicaciones el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que es el máximo responsable de la Conadi.

Pablo Parenti es el fiscal a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) y valora especialmente el trabajo realizado por la Conadi. “La UEI se creó hace 20 años y vino haciendo un trabajo muy importante para el sistema de justicia. Su aporte ha permitido clasificar miles de denuncias recibidas por Abuelas de Plaza de Mayo desde la dictadura y determinar mínimamente las hipótesis para que luego el sistema de justicia pueda investigar sobre una base más definida. No hay que olvidar que estamos hablando de comunicaciones de personas particulares hacia Abuelas que muchas veces tienen datos muy escasos o imprecisos y la tarea que viene cumpliendo la Conadi es justamente intentar delimitar una hipótesis para que los jueces y fiscales podamos realizar las investigaciones sobre una base más determinada” explicó Parenti a este diario.

“En estos 20 años de trabajo, la Conadi realizó centenares de denuncias basadas en el trabajo de la UEI y eso nunca fue cuestionado por ningún juez, ningún fiscal y ni siquiera por las defensas de los imputados. Por eso, es llamativo el argumento de que la tarea de la UEI afectaría la división de poderes cuando, en verdad, lo que hace es colaborar con el sistema de justicia para que pueda desempeñar mejor su tarea”, resaltó Parenti. 

A contramano de lo que dice el gobierno, no es una rareza que haya entes del Poder Ejecutivo que realicen investigaciones. El mes próximo se cumplirán 40 años desde que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) concluyó su informe sobre los campos de concentración de la dictadura. Hay otros organismos del Ejecutivo que también investigan como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) o la UEI AMIA.

Las razones ocultas

Para la legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP), una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas, la avanzada del gobierno contra Conadi tiene un fin claro. “Buscan preservar a los victimarios”, afirma. “Hay que reaccionar prontamente porque esto afecta la búsqueda de los nietos y a todo el proceso de verdad y justicia”.

Guillermo Pérez Roisinblit, otro de los nietos encontrados por Abuelas, sostiene que se trata de un “gesto para los genocidas sin precedentes en 40 años de democracia”y resalta que no hubo otro intento de obstaculizar de este modo la búsqueda de los bebés apropiados. Resalta que incluso este delito no quedó contemplado en la Ley de Obediencia Debida.

La decisión de vaciar de funciones a la Conadi se ejecutó en pleno escándalo por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza, visita que no fue repudiada por la Casa Rosada ni por las autoridades del Congreso –como advirtió desde su cuenta de X el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. 

Hay varias iniciativas en pie para impedir el desguace. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, ante la posibilidad de que se desarmara la UEI, dictó una medida de no innovar para evitar que toda la documentación que la Conadi produjo a lo largo de su historia no se pierda o destruya. Horas después de que se publicara el decreto de Milei, desde Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto para restablecer la UEI por ley. La iniciativa lleva las firmas de Cecilia Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, Máximo Kirchner y Gisela Marziotta, entre otros diputados.