El Gobierno nacional dio un paso más para allanar el camino de la intervención militar en cuestiones de seguridad interior. Lo hizo en este caso a través del decreto 1107/2024 publicado en el Boletín Oficial: bajo el argumento de “combatir al terrorismo internacional” y al crimen organizado, el Presidente autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de “objetivos de valor estratégico”, que no están especificados en la normativa. Con esta decisión se “modifica la ley” de Seguridad “de hecho”, algo que en realidad debería hacer el Congreso.

“Debería ser impugnado”, sostuvo ante El Destape el director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró. Desde la organización se presentarán ante la Justicia para frenar su implementación.

En Argentina la intervención de las FFAA se encuentra estrictamente regulada por la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Allí se establece cómo debería hacerse el procedimiento, por ejemplo, en caso de estado de sitio el accionar debe estar determinado a través de un comité de crisis. En el caso de la “modificación de hecho” que hizo a través de un decreto “se agrega una situación”, explicó Tufró. Se trata de los casos en los que las Fuerzas de Seguridad tienen bajo custodia un ‘objetivo de valor estratégico’, ahora si el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, lo requiere, “puede solicitar ayuda de las Fuerzas Armadas”.

“Puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)”, apuntaron en sus redes sociales desde el CELS.

Esa situación, precisaron desde el organismo de derechos humanos, “va en contra” de la Ley de Seguridad Interior, por eso consideran que debe ser impugnado y acudirán ante la Justicia para frenarlo.

“Fueron armando un rompecabezas que bajo la excusa del terrorismo y del crimen organizado que da lugar a la intervención militar en conflictos sociales”, advirtió el especialista. Es que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hubo intentos para modificar el rol de las Fuerzas Armadas en el país. Uno de ellos fue con un proyecto de ley para la reforma de la Ley de Seguridad interior que habilitaba a las FFAA a hacer patrullaje, operativos de control y hasta detenciones en caso de “terrorismo”, que no avanzó en el Congreso.

¿Qué dice el decreto?

La normativa establecida en el decreto 1107/2024, que entró en vigencia desde su publicación este jueves, consta de cinco artículos. En su argumentación se refiere a “objetivos estratégicos” que tienen la “necesidad de custodia”, habla de las amenazas y de la efectiva reacción ante las agresiones que puedan afectarlos y, entre ellos, se refiere al “terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la Agenda del siglo XXI”.

En tanto, el primer artículo da una suerte de “definición” de lo que son los “objetivos de valor estratégicos”. A su criterio se trata de “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bien estar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.

A entender del CELS, es una definición “ambigua” que “le da potestad al Presidente de decidir cuáles serán esos objetivos sin criterios ni parámetros, lo que implica un nivel de amplitud que abre la puerta para que aparezcan las Fuerzas Armadas haciendo custodia o protección en lugares donde no tienen que estar”, señaló Tufró ante este medio. Para el caso dio como ejemplo una protesta en un puerto por parte de sus trabajadores que paralice la actividad economica del lugar, ello podría ser considerado como que se afecta un “objetivo estratégico”, lo que significaría intervención en casos de protesta social.

“Estamos hablando de un Gobierno que ha caracterizado como terroristas a manifestantes o a comunidades indígenas que reclaman por sus tierras”, sumó Turfó en la misma línea, lo que avizora un “escenario complicado, riesgoso y amenazante” para la población en general. Vale recordar que, incluso, acusó de “sedición” a las 33 personas detenidas en el marco de las movilizaciones contra la Ley Bases y con esa línea se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para defender el protocolo antipiquetes, la criminalización de la protesta y de quienes salen a las calles.

Bullrich con más poder sobre las FFAA

En la publicación que hicieron en sus redes sociales desde el CELS también advirtieron que con esta modificación “Bullrich tendría no sólo el control de Seguridad, sino también de las Fuerzas Armadas”.

Según explicó Tufró existe un “trasfondo” en el que un sector político encabezado por la ministra “viene promoviendo la idea de que los militares intervengan en Seguridad”, una idea que se arrastra desde la presidencia de Mauricio Macri, cuando “encontró muchas resistencias en Seguridad y en los propios militares”. La diferencia en esta ocasión es que en la cartera de Defensa ahora se “puso a una persona de su confianza”, que es Luis Petri, quien fue su candidato a vicepresidente en las últimas elecciones y con quien decidió alejarse de su fuerza política –el PRO- para unirse al camino trazado por el gobierno ultraderechista al frente de Mileil.

La primera gran modificación sobre la Ley de Seguridad en democracia

A lo largo de los años democráticos, la Argentina construyó un marco normativo que hizo que las cuestiones que tuvieran que ver con las Fuerzas Armadas y con las cuestiones de Seguridad Interior caminaran por senderos diferentes –con las leyes de Seguridad Interior, de Defensa y, más tarde de Inteligencia-, alejados de las tareas que cumplieron durante épocas dictatoriales asociadas a la persecución política de la disidencia ideológica en línea con la Doctrina de Seguridad Nacional. Con ello, los militares quedaron abocados, por ejemplo, a que sólo pudieran hacer inteligencia para la defensa de la soberanía nacional y no interior ni criminal.  

“Lo que se logró al separar la Defensa y la Seguridad es que los militares dejen de ser actores políticos. De hecho, es uno de los pocos lugares donde no son actores políticos de relevancia, mientras que en muchos otros países de la región sí lo son y hasta ejercen una tutela sobre políticas de seguridad o de la política en general”, señaló Turfó, que sostuvo que la ley argentina “es muy avanzada con militares mucho más profesionales” y comparó su camino con el de Estados Unidos en donde los casos en los que las FFAA pueden intervenir en cuestiones internas son “muy específicos”.

“En particular este paso viene de una serie de otros pasos, parte de un proyecto político que, creo que sí quiere restituirles ese rol (político)”, avizoró el especialista del CELS. “No me queda claro que los propios militares estén contentos con esto. Hay sectores a los que no les hace ninguna gracia hacer trabajo policial o estar subordinados al Ministerio de Seguridad. Todo va debilitando esta distinción que sostuvimos durante tanto tiempo, es un paso potencial para que tengan mayor injerencia en la vida cotidiana, por lo tanto, en la política”, lamentó.

Fuente: El Destape