El juez Gallardo detectó que faltan decenas de cuerpos, muchos de ellos, de bebés. Otros están sin identificar. Ordenó 20 allanamientos más.
Según Injusticia porteña, en la morgue de menores del Hospital Rivadavia faltan 60 cadáveres: fueron ingresados, pero nunca egresaron y tampoco se encuentran en el lugar. Simplemente, no están. En el caso del Ramos Mejía, en su depósito hay dos cuerpos identificados con el nombre de un mismo bebé. En la cámara de frío del Muñiz los cadáveres muestran un avanzado estado de descomposición y en la morgue del Durand -donde no pudieron ser hallados dos cuerpos que el gobierno porteño pedía enterrar- una doctora confesó que en la salida “no se realiza control alguno”.
Los datos, tan fríos como graves, se desprenden de la documentación y de las pruebas secuestradas en estos cuatro hospitales que dependen del gobierno de Mauricio Macri, allanados el viernes pasado de forma simultánea y de donde surgió una larga y grosera lista de anomalías en los depósitos de cadáveres. Ayer, las morgues de otros 18 centros de salud porteños eran inspeccionados por personal de la Policía Federal y del Juzgado N° 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo de Andrés Gallardo, el magistrado que impulsa la investigación y que también pidió allanar la Procuración General de la Ciudad y la Dirección de Cementerios.
Gallardo ordenó el megaoperativo a raíz del diagnóstico demoledor al que llegó en los hospitales generales de agudos Carlos Durand, José Ramos Mejía y Bernardino Rivadavia, y en el de enfermedades infecciosas Francisco Muñiz. En todos los casos, se detectaron “deficiencias estructurales” en las morgues que “implican situaciones gravísimas”, en lo que el juez consideró “violaciones a los más elementales derechos de las personas en relación a la transparencia que debe imperaren la administración de las instituciones públicas, (…) a la identidad de las personas eventualmente fallecidas en ellos y el trato digno que corresponde acordar a los muertos”, sin todos los hechos, el magistrado destacó “las conductas u omisiones de los funcionarios involucrados”.
El origen de estas actuaciones -con derivaciones judiciales difíciles de pronosticar-no fue una denuncia, sino un pedido, aparentemente rutinario, de la propia administración macrista que, a través de su Procuración General, impulsó diez expedientes, en su mayoría, ingresados al juzgado en ausencia de Gallardo, durante la licencia que se tomó para ejercer como defensor general acto de la Ciudad. Luego de retomar el cargo, el juez tuvo conocimiento de la existencia de actuaciones iniciadas en 2011, salvo una de 2009, bajo la carátula “GCBA s/Otros procesos especiales”, donde la Ciudad pedía que se inhumara -aún. apelando a la necesidad de dar “cristiana sepultura”- a 17 cadáveres -ocho de ellos.
“NN”- que permanecían en heladeras de los hospitales antes mencionados, ya agotados los plazos legales para proceder al entierro. Algunos esperaban desde 2008.
Sorprendido por lo solicitado, Gallardo relevó en los expedientes irregularidades múltiples: desde incongruencias en las fechas y otros datos de los certificados de defunción, hasta documentación no aportada e incumplimientos en los protocolos legales. Sin embargo, en lugar de pedirle que investigara estas situaciones, lo que le solicitaba la Ciudad era tan sólo una firma que autorizara el proceso de inhumación.
LOS HALLAZGOS. Un los allanamientos a los cuatros hospitales ya mencionados -de donde se obtuvo un profuso material fotográfico y de video-, no sólo se corroboró lo que surgía de los expedientes enviados por la Ciudad, sino muchos más, como la ausencia de cadáveres cuya inhumación fue judicialmente pedida por el gobierno porteño -entre ellos, bebés recién nacidos- hasta la presencia de otros que no figuraban en registro alguno o ni siquiera estaban identificados.
El juez lo resumió así: “Depósitos de cadáveres en condiciones peores a las de un ‘basural’, registros inexistentes o llevados en forma absolutamente irregular que computan como depositados en las morgues numerosos cuerpos que faltan frente a otros que sobran, descontrol absoluto en la entrada y salida de óbitos, ausencia de personal responsable, y hasta depósitos de botellas de cerveza en una cámara de frío”, como se vio en el Muñiz.
HOSPITAL DURAND. De acuerdo a lo pedido por la Ciudad, en la morgue del Durand debían estar 14 cadáveres individualizados en tres expedientes, la mitad de ellos, “NN”. Según detalló el juez, la encargada, María del Carmen Kordich. jefa de Sección Necropsias del Servicio de Anatomía Patológica, “hizo entrega de tres listados en los que se consigna la existencia de 13 cadáveres de adultos, y de seis óbitos menores”. En los formularios de en- vio de cadáveres de 2008 a la fecha, pudieron ser localizados tres de las personas buscadas. “En lo que hace al control de acceso a la morgue -agregó Gallardo-, indicó que éste es irrestricto. En lo atinente a la salida de cadáveres del hospital, refirió que no se realiza control alguno”. La médica contó que como no hay un grupo electrógeno, cuando se producen cortes de energía “la cámara pierde su temperatura con la consecuente descomposición de los cuerpos”. De ahí el “avanzado estado de putrefacción” de los cuerpos y las “emanaciones que hasta generan quejas de los vecinos”.
En el depósito, el personal de la Policía Científica y de la División Tanatología de la PEA localizó 13 cuerpos de personas adultas, junto a seis menores. “Los cuerpos efectivamente hallados en la cámara de frío no coinciden en cuanto a su identificación con los detallados en las planillas acompañadas por el personal del hospital”, subrayó Gallardo. “En efecto -ejemplificó-, el cuerpo de Daniel Cismo, que figura en el listado aportado por la facultativa no pudo ser hallado en el lugar, al igual que el del menor Leonel Martínez”.
En cuanto a los cadáveres cuya inhumación pidió la Ciudad, los correspondientes a cuatro NN no estaban en la morgue. “No parece necesario destacar que la desaparición de cuatro cuerpos cuya inhumación ha sido’solicitada judicialmente por la Procuración de la CABA es un hecho de extrema gravedad que toma imperiosa la adopción de medidas investigativas”, agregó el magistrado.
HOSPITAL RAMOS MEJÍA. Allí se buscaron los cuerpos de dos menores de quiénes se solicitó sepultura: Gabriel Bejarano, muerto el 4 de febrero de 2008, con dos horas de vida; y Emir Pierri, fallecido el 22 de octubre del mismo año, a los cuatro días de su nacimiento. El juez informó que “al ser requeridos los óbitos antes señalados, los facultativos exhibieron dos bolsas de polietileno que se encontraban en la antesala de la cámara”. En la primera estaba “el cuerpo disecado de un bebé”. La segunda era “una bolsa transparente con un líquido sanguinolento y gelatinoso que, explicaron, era lo que quedaba del cuerpo de Gabriel Bejarano, en virtud del tiempo transcurrido y de que el hospital no cuenta con acondicionamiento al frío por congelamiento”. Además, había “un trozo de material anatómico humano visiblemente Identificante como un pie amputado de una persona adulta. El hospital aportó un registro de julio pasado. “En dicho libro, llevado por lo demás de manera irregular, con blancos, enmiendas y raspaduras, no constaba cuántos cuerpos se hallaban dentro de la morgue, ni tampoco a quién correspondían”, remarcó el funcionario judicial.
Cuando los peritos ingresaron a la morgue, apareció además “una bolsa de polietileno negra con dos fetos”.
Estaba “debajo de los pies del cadáver de un adulto (oculta debajo de la bolsa que contenía dicho óbito)”.
Uno de los fetos tenía una etiqueta con la leyenda “Pierri Emir óbito 22/10/2008”. El nombre que figuraba en la otra etiqueta era “ilegible”. Por último, en otras bolsas dispersas en la cámara de frío, había tres cuerpos de menores nombrados como “Vanesa Paolo (N.N.)”, “María Magalí Heres” y “Yamila Salvador”. En concreto, dos cadáveres aparecían identificados como Emir Pierri, “uno en estado de disecación, y otro en estado de putrefacción, literalmente ‘tirado’ en una bolsa en condiciones deplorables, y oculto debajo de otro cadáver”. Frente a esta y otras anomalías, Gallardo agregó que “los funcionarios médicos que se hallaban presentes no pudieron dar ninguna explicación razonable” y sostuvo que “demostraron no tener conocimiento de normas básicas del funcionamiento del lugar”.
También se refirió, como a una “nota sorprendente”, al hallazgo de varios ataúdes almacenados en la morgue (ver aparte).
HOSPITAL MUÑIZ. Fue el tercero visitado el viernes por la justicia porteña, para constar si el servicio de Anatomía Patológica tenía el cadáver de un NN masculino, fallecido en febrero de 2009. El responsable del lugar -“una persona de nombre Aníbal Darío Laguna”- dijo no tener “ningún listado de óbitos existentes, e informó verbalmente que dentro de la cámara de frío se encontraban cuatro cuerpos”, Uti dato luego confirmado por la policía. “Más allá de lo expuesto, se verificaron irregularidades estructurales similares a las detalladas al referirme a los otros nosocomios”, informó Gallardo, con cuerpos “en avanzado estado de descomposición” y condiciones de higiene y mantenimiento “deficientes e inadecuadas para un centro de salud”, además de que en una de las cámara para alojar cadáveres había “varias botellas de cerveza vacías y un televisor”.
HOSPITAL RIVADAVIA. En ese caso, las heladeras de la morgue, según el pedido de la Procuración, debía albergar a seis cadáveres. Ante el magistrado, “se hicieron presentes la jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital, Dra. Alicia Dos Santos y una persona que dijo estar a cargo del servicio, y que se identificó como Pedro Narváez”. Además de referir “que cuando ellos comenzaran a trabajar en el lugar, hace aproximadamente un año y medio ‘no había nadie que trabajara allí’, por lo que no había ningún tipo de control”, informaron al juez que en la cámara había ocho cadáveres de neonatología y cinco adultos. Sin embargo, agregaron que “había en el lugar otros cadáveres en un número no determinado por ellos, que en atención a su antigüedad y a la falta de registros no podían identificar”.
Tras el peritaje policial, se registra- ron 13 cuerpos de menores, entre ellos, cuatro de los cinco buscados, junto a “un adulto identificado como ‘Cañas'”. De los otros nueve cuerpos de menores albergados, “dos no poseían identificación alguna”.
En el Rivadavia, Gallardo concluyó que “del libro de registro de cadáveres de menores, surge el ingreso de 73 cadáveres que no tienen registro de salida. Sin embargo la existencia de óbitos pertenecientes a fetos o recién nacidos constatados en la Cámara por parte del personal policial arroja un total de 13, es decir, no coincide en absoluto con lo registrado en la morgue”. Para el titular del Juzgado porteño N° 2, esto supone “o bien que falsamente se registró el ingreso de 60 cuerpos de menores que nunca ingresaron a la morgue, o bien que esos cuerpos fueron retirados irregularmente”. En el caso del libro correspondiente a los adultos, “son 20 los cadáveres ingresados que no registraron egreso”. Entre otras anomalías, también surgió que “el formulario de registro tiene las siguientes opciones: ‘retira, o deja a cargo del hospital, o intervención policial’ y en casi la totalidad de ellos no se encuentra seleccionada ni marcada la opción”.
DERIVACIONES. Se trata de apenas un resumen de todo lo detectado en cuatro hospitales, que aún sigue siendo inventariado en sede judicial.
Al cierre de esta edición, las autoridades comenzaban a procesar todo lo secuestrado en los otros 20 allanamientos ordenados, en una investigación que recién comienza y donde el juez sigue acumulando pruebas antes de dar intervención a la Justicia Penal.
Hasta el momento, l8s delitos que Gallardo considera ya acreditados son los de violación de deberes de funcionario y falsificación de documento público. Pero, eventualmente, los hechos pueden derivar en delitos mucho más graves. Tanto como todo lo encontrado en las morgues.
EL MISTERIO DE LOS FÉRETROS
Durante la inspección en el Hospital Ramos Mejía, fueron encontrados féretros de madera lustrada. ‘En algunos casos, de alta calidad y con revestimientos internos de telas bordadas, como los que suelen utilizar las funerarias que prestan servicios a personas de alto poder adquisitivo’, señaló el juez Andrés Gallardo. Además, en otro cuarto cerrado, cuya puerta tuvo que ser derribada porque no aparecían las llaves, ‘había dos féretros de metal importados de México, que no son de utilización corriente en nuestro país, y en apariencia de muy alta calidad y valor’. En opinión del magistrado, las explicaciones dadas por las autoridades del hospital presentes durante el allanamiento, ‘además de irrazonables y poco verosímiles, se contradijeron entre sí’. Por una parte, se dijo que eran ‘donaciones provenientes de un cementerio privado de Burzaco cuyos datos decían no recordar, agregando que esos féretros no tenían ningún ingreso formal al patrimonio del hospital’. Otro de los presentes afirmó que ‘algunos de esos ataúdes provenían de donaciones, y otros eran remitidos por la Dirección General de Cementerios con un sello especial, provenientes del crematorio’. En cuanto a los féretros de metal, aportó que eran ‘para trasladar cuerpos al exterior, ya que en los nichos de los cementerios de nuestro país ‘no entran’ (textual)’.
Ante la situación, el juez clausuró los cuartos con los ataúdes y, ayer, solicitó a la Policía Científica que los someta al análisis químico para saber si fueron usados y también determinar la presencia de ‘rastros de cualquier tipo’.
Hechos
Tras detectar irregularidades en diez expedientes remitidos por la Procuración porteña, el juez Andrés Gallardo allanó el viernes último cuatro morgues hospitalarias.
Ante la gravedad de lo relevado, mandó allanar la morgue de otros 18 hospitales.
También la Procuración porteña y la Dirección de Cementerios, por su vínculo con los hechos.
Fuente: Tiempo Argentino
