De manera inconsulta, al igual que sucedió con los subtes, el gobierno de la Ciudad autorizó, sin pasar previamente por audiencia pública, otro fuerte aumento en las tarifas de los taxis porteños. En este marco, las asociaciones de consumidores salieron ayer a denunciar que la falta del debate del aumento en una audiencia pública es una de las irregularidades más frecuentes del manejo de la política de servicios públicos del estado conducido por Mauricio Macri. Este último incremento, cerrado entre gallos y medianoches por la Secretaría de Transporte y las cámaras del sector, será del 21% a aplicarse en dos tramos del 10%, uno a finales de junio y otro acumulativo en octubre. Lo llamativo es que la suba ya fue aprobada, pero la audiencia pública se haría recién en mayo o junio.
Cabe destacar que, en 2012, y también sin proceso previo de consulta, el PRO había autorizado una suba del 25 por ciento. A pesar de que fuentes de la cartera de Transporte intentaron justificar el aumento en mayores costos de mantenimiento de las unidades, en poco menos de dos años, el valor del viaje en taxi subió casi un 50%, bastante más que las perspectivas inflacionarias más pesimistas de las mediciones privadas. Para no entrar en colisión con las mediciones del Indec, el tarifazo al taxi también excede los números del Índice Congreso, la evolución de los precios que, con escasa seriedad metodológica, hace desde 2011 un grupo de diputados opositores al kirchnerismo. Por tomar un ejemplo, ese índice, entre julio de 2011 y julio de 2012 mostró una suba del 24 por ciento. Inferior a la suba del 25% que se autorizó a los taxis en 2012.
La irregular aplicación de aumentos tarifarios sin consulta popular ya había sido denunciada en 2011. En aquel entonces, cuando el macrismo autorizó el incremento a las tarifas nocturnas de taxis, también sin audiencia pública, los diputados porteños nucleados en la Comisión de Defensa del Consumidor presentaron un amparo para parar la suba. No tuvo éxito y además algunos legisladores fueron amenazados por personas sin identificación que, se presume, eran parte del acuerdo.
“Es común que no se consulte, la Ciudad acuerda con las empresas sin audiencia pública y se saca al otro día un decreto y listo. Nadie se entera de nada y encima luego no les dan el proporcional del incremento a los peones”, dijo en diálogo con Tiempo Argentino Pedro Busetti, titular de la ONG Deuco. Por su parte, Osvaldo Bassano, de Adduc, aseguró que “ningún aumento de un servicio público puede hacerse sin audiencia, y Macri tiene que entender que la Ciudad no es una empresa”. Para Bassano, estas subas de los últimos años hacen que “ni siquiera en una emergencia, una persona de bajos recursos pueda tomarse un taxi”. Estas dos entidades son las que acaban de presentar, junto a otras cinco, un amparo para que se considere nula la audiencia pública no vinculante que terminó autorizando la suba del boleto de subte hasta 3,50 pesos.
El impacto en el bolsillo de los usuarios porteños será importante con el nuevo esquema tarifario: el precio de la bajada de bandera que hoy está en $ 9,10 pasará a ser de $ 10 y la ficha (que cae cada 200 metros) costará 1 peso. En esta línea, desde octubre, la bajada de bandera se irá a $ 11 y la ficha subirá a 1,10 pesos. Con iguales porcentajes, los aumentos se aplicarán a las tarifas nocturnas que van desde las 22 a las 6 AM: en el primer tramo, la bajada de bandera pasará de $ 11 a 12,1 y la ficha a 1,21 pesos. En tanto que en el tramo de octubre el precio será de $ 13,31 y 1,31.

Fuente: Tiempo