Los ministros de la Corte Suprema están muy preocupados porque sospechan que las reformas que pretende introducir el Gobierno en el Consejo de la Magistratura apuntan directamente a “vaciar de poder” al máximo tribunal.

El grado de inquietud es tan profundo que ayer la Corte celebró una reunión por fuera de su agenda habitual -en general los jueces se reúnen los martes- para analizar el impacto que tendrán todos los proyectos de reforma judicial, aunque en particular se focalizó sobre las enmiendas al Consejo de la Magistratura.

El acuerdo extraordinario se celebró a media mañana y, aunque la Corte evitó difundirlo, LA NACION pudo averiguar que ése fue el tema excluyente de la conversación.

Ninguno de los jueces quiso faltar a la reunión, que tuvo asistencia perfecta: los siete jueces supremos -el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti; Elena Highton; Carlos Fayt; Juan Carlos Maqueda; Enrique Petracchi; Carmen Argibay, y Raúl Zaffaroni- debatieron durante una hora, y todos, incluido Zaffaroni, coincidieron en el análisis que hacen de los proyectos.

Entre los ministros, el diálogo a puertas cerradas fue claro, pero los jueces nunca repetirán en público lo que piensan y evalúan en la intimidad. El martes último, cuando habló en representación de la Corte, Lorenzetti dijo que los ministros no opinarán públicamente para evitar ser recusados cuando les toque intervenir en una causa. Aseguró que no tienen una opinión formada sobre el tema.

Pero en reserva los magistrados estarían muy preocupados por las fuertes transformaciones que tendrán las nuevas medidas.

El malestar, en realidad, había comenzado a sentirse la semana última, cuando los jueces analizaron si debían o no concurrir al acto donde el lunes último la Presidenta anunció los proyectos. Pero el martes, una vez que los jueces conocieron la letra chica de las reformas, el enojo y el temor se hicieron más palpables.

En los últimos días, uno de los ministros del tribunal recordó que en 1989, cuando el entonces presidente Carlos Menem dejó trascender que ampliaría la Corte, los jueces de entonces -entre los que estaban Enrique Petracchi y Carlos Fayt- dictaron una durísima acordada para advertir sobre los riesgos que la decisión tendría para la Justicia.

Ayer, los jueces no decidieron seguir ese precedente. Esta vez, no se decidió dictar acordada alguna. Pero los ministros sí ordenaron a sus colaboradores hacer un muy pormenorizado análisis de la reforma, que, en opinión de algunos, parece estar teñida por algunos excesos y objetivos políticos.

La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Pero uno de los propósitos de la reforma del Consejo parece ser sacarle al máximo tribunal todas las atribuciones que tiene en materia de presupuesto, personal y de superintendencia.

En otras palabras, la Corte está corriendo el riesgo de quedar reducida, simplemente, a un tribunal de justicia. Seguirá siendo el tribunal más alto y el que tiene la última palabra a la hora de dictar fallos -como ocurre hasta ahora-, pero no tendrá las facultades de manejar a todo el poder que encabeza.

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura es bastante amplio y contiene modificaciones que afectarán tanto a los jueces inferiores como a la Corte.

Por un lado, los jueces de primera instancia y los integrantes de las cámaras de apelaciones sienten temor porque el nuevo Consejo, que estará en manos del oficialismo, podrá conformar ternas de jueces y removerlos por mayoría absoluta, sin el requisito de una mayoría agravada que, todavía actualmente, obliga al Gobierno a buscar consenso con la oposición a la hora de decidir sobre el destino de un magistrado.

En otros términos, los jueces y su estabilidad estarán en el puño de un Consejo dominado por el oficialismo, que de ahora en más tendrá menos límites para tomar decisiones. Por eso ayer jueces en todas las instancias y fueros también realizaban decenas de reuniones, para hacer catarsis y analizar qué hacer.

Pero lo que preocupa a la Corte, más allá de las observaciones que pueden surgir sobre los distintos proyectos de reforma, tiene que ver fundamentalmente con el poder que el nuevo Consejo le sacará a la Corte.

En efecto, la Corte perderá las facultades de administración del Poder Judicial; no podrá fijar la política salarial; no tendrá injerencia sobre el manejo del presupuesto, y tampoco decidirá sobre el personal. Además, los empleados de la Corte en el Consejo no tendrán estabilidad.

Fuente: La Nacion