El comienzo de la obra del Centro Cívico en terrenos desafectados del Borda, desencadenó ayer graves incidentes entre la Policía Metropolitana y trabajadores del hospital, gremialistas de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que responde al kirchnerismo, legisladores y militantes del Partido Obrero. Hubo una violenta reacción policial, con ocho detenidos y al menos 36 heridos que atendió el SAME, incluyendo trabajadores, periodistas, policías y pacientes. A la noche, la Justicia en lo Contencioso Administrativo porteña ordenó que no se modifique el predio.
Hoy desde las 10, la Legislatura porteña interpelará al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por el resultado del operativo. Desde la madrugada, la Metropolitana había desplegado sus fuerzas en la parte de atrás del Borda para resguardar a los operarios que iban a demoler el Taller Protegido 19. “Para entrar las maquinarias, rompieron un paredón. Enseguida empezaron a cavar para hacer un vallado. Un grupo de trabajadores, familiares y también pacientes vinimos a ver qué pasaba. Se fue juntando gente, en algún momento los ánimos se caldearon y empezó la represión. Tiraron muchas balas de goma e hirieron a personal del hospital y a pacientes”, contó Marcela Capozzo, de la Asociación de Profesionales del Borda.
Para Mauricio Macri la Metropolitana se defendió después de una hora de recibir pedradas. Pero el legislador Aníbal Ibarra contó que a la mañana no había violentos entre los manifestantes. “La Metropolitana tenía la orden de no dejar pasar a nadie. Si alguien avanzaba, reaccionaba. La represión fue porque la gente se quería acercar donde estaba el taller, que ya habían terminado de demoler”, relató.
La policía arremetió a bastonazos, gases y balas de goma, e hirió a enfermeros, médicos y periodistas, entre ellos el fotógrafo de Clarín, Pepe Mateos. Aunque la vicejefa María Eugenia Vidal negó que hubiera pacientes del hospital, algunos resultaron heridos. “Uno de los míos recibió un balazo de goma en el cuello”, contó una médica. El jefe del Servicio 17 del Borda, Guillermo Puerta, fue golpeado y detenido. “Puerta pasó el vallado, como lo hicimos varios legisladores, y se sentó en un banquito –contó Ibarra–. Ahí lo detuvieron”.
Más tarde, aparecieron encapuchados, algunos de Quebracho y otros de agrupaciones no identificadas, que apedrearon a la Policía. Eso desató más balazos de goma. Los empleados del Borda intentaron frenar a los violentos: “Ustedes tiran piedras y después los balazos los recibimos nosotros. Además, acá hay pacientes”. “Tres meses estuvimos ocupando el taller para protegerlo y a ustedes nunca los vimos”, les cuestionaban.
Los incidentes ocurrieron en un parque que forma parte del complejo del Hospital. Allí salen a caminar los pacientes, algunos internados, otros ambulatorios, que por la tarde se mezclaban con los manifestantes. Ese parque fue dividido por el cerco de la obra. “Nos preocupa cómo esta situación repercute en los pacientes. No pueden venir los policías con armas largas a un hospital de salud mental”, afirmó el psiquiatra Javier Torassa. “Muchos pacientes nos preguntan dónde los van a llevar”, contó su colega Beatriz Zapata.
Por la tarde hubo asambleas. El enfermero Omar Navarro anunció: “El Borda está en paro desde hoy y el lunes se hará una asamblea. Pedimos que se retire la Policía”. “Esto no es un hecho aislado, es parte de un gran negocio inmobiliario donde el Borda es una moneda de cambio”, sostuvo el psicólogo Hernán Scorofitz. Se refería al pacto PRO-K, por el cual el macrismo aprobó una ley que habilita al Gobierno nacional a construir torres en terrenos ferroviarios. Mientras, el Frente para la Victoria le dio los votos para autorizar la venta del ex Mercado del Plata para financiar la construcción del Centro Cívico.
En el último año se presentaron dos amparos para frenar la obra, que recibieron medidas cautelares favorables. Según el Gobierno porteño, la Justicia las dejó sin efecto, porque el Ejecutivo acreditó que el Taller 19 fue mudado y funcionaba. Los legisladores del Frente Progresista Popular Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, ayer hicieron una presentación ante Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña alegando que los amparos aún no se resolvieron. Y la Sala II dictaminó la cautelar del 28 de diciembre sigue vigente y ordenó la suspensión de los trabajos. En otro fallo, además, le fijó una multa de $ 20.000 a Macri, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín y al procurador Julio Conte Grand, por haber avanzado con la obra sin esperar la resolución final.
Fuente: Clarin
