Por diversas trabas relacionadas con el uso de los terrenos del Borda, el proyecto podría no concretarse durante el presente mandato; sólo una decisión favorable de la Justicia permitiría cumplir los plazos
La mudanza de las oficinas gubernamentales al sur porteño, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Mauricio Macri, corre riesgo de no concretarse antes de que culmine el segundo mandato del líder de Pro. La judicialización de las obras previstas en un terreno que perteneció al hospital Borda, en Barracas, ya demoró lo suficiente los trabajos como para que sea imposible finalizarlos a tiempo. Y todo indica que la definición podría demorarse.
De todos modos, la idea no fue abandonada. Es más: según revelaron fuentes oficiales a LA NACION, se evalúa destinar un nuevo lote en la zona sur, cerca del primero, para trasladar más dependencias del gobierno no incluidas en los edificios previstos.
Las obras para construir un Centro Cívico en Perdriel y Amancio Alcorta, en una parcela que el Ministerio de Salud cedió a su par de Desarrollo Urbano, iban a desarrollarse en dos etapas. La primera, con un plazo de ejecución de un año, correspondiente a las instalaciones que alojarían al jefe de gobierno, sus colaboradores y las áreas que dependen directamente de él. La segunda, con un plazo de diez meses contados desde la entrega de la primera, incorporaría los edificios destinados al personal de cuatro ministerios: Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Hacienda y Educación.
Así, con una fecha de inicio estimada en mayo de 2012, todo el complejo estaría listo en marzo de 2014, recordaron voceros de la Ciudad. Los trabajos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas Teximco SA, EMA SA y Dal Construcciones SA, pero luego fueron objetados ante la Justicia.
Como se recordará, la parcela elegida por el gobierno porteño para erigir el Centro Cívico originalmente formaba parte del predio del hospital Borda. Allí funcionaba, más precisamente, el taller protegido 19, en el que algunos pacientes realizaban actividades de rehabilitación, como herrería, carpintería y pintura. La obra por encararse demandaba la demolición del viejo inmueble del taller y el traslado de las tareas de resociabilización a un nuevo emplazamiento, por construirse.
Diputados de la oposición rechazaron la propuesta porque, en su opinión, la obra supone un ataque al sistema de resocialización de los internos. Al mismo tiempo, denunciaron un presunto negocio inmobiliario e interpusieron un recurso de amparo ante el fuero en lo contencioso administrativo porteño. Profesionales del hospital y sindicalistas también rechazaron la edificación de oficinas gubernamentales en ese lote.
En primera y segunda instancia, la Justicia obligó a frenar la obra y dispuso una serie de exigencias que el gobierno porteño debía cumplir antes de proseguir. Luego, en febrero pasado, la jueza de primera instancia levantó la cautelar, que fue apelada por los autores del amparo.
La Procuración General de la Ciudad entendió que la apelación no suspendía la vigencia del levantamiento de la medida cautelar. Por eso, el 26 de abril pasado, cuadrillas de la empresa adjudicataria custodiadas por la Policía Metropolitana emprendieron la demolición del viejo taller con miras a un inminente comienzo de la obra del Centro Cívico.
La situación derivó en un violento enfrentamiento entre la policía, por un lado, y trabajadores y sindicalistas, por el otro, que derivó en más de 30 personas heridas, incluido el reportero gráfico Pepe Mateos. Fue la actuación más cuestionada de la fuerza de seguridad creada por Macri; el escándalo obligó a encargar una auditoría externa sobre el desempeño de los agentes y, desde entonces, el cuerpo no volvió a ser empleado para dispersar protestas ni manifestaciones.
En medio de los disturbios, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo envió un fuerte mensaje al gobierno porteño: informó que la medida cautelar que frenaba las obras estaba vigente e intimó a la Ciudad a no proseguir con los trabajos hasta que la apelación fuera resuelta.
Pasaron casi cuatro meses y no hubo ninguna definición en la causa, sostuvieron fuentes con acceso al expediente. Y en la parcela destinada al Centro Cívico sólo se observa una casita construida con chapas por los trabajadores con un cartel que reza “Taller Protegido N° 19”.
Tras la inquietud generada por la posible presencia de asbesto en el terreno como consecuencia de la demolición, un estudio realizado en el lugar por una consultora especializada determinó que los restos hallados de ese material no tenían poder contaminante en el aire ni el suelo. Luego se procedió a retirarlos según los protocolos vigentes. Los resultados, pudo saber LA NACION, serán pronto anexados a la causa judicial.
A 200 metros de allí funciona el nuevo taller de rehabilitación erigido por el gobierno porteño para mudar las actividades del N° 19; son instalaciones confortables, según pudo constatar LA NACION.
La suspensión de los trabajos del Centro Cívico derivó también en la postergación de la venta del edificio del ex Mercado del Plata, situado en Pellegrini 211, explicaron fuentes oficiales. Por ley, el dinero proveniente de la subasta del inmueble debía invertirse en el desarrollo del distrito gubernamental, valuado en unos 280 millones de pesos.
Así, la intención de la administración porteña de trasladar la Jefatura de Gobierno y cuatro ministerios a Barracas no podrá concretarse antes de diciembre de 2015, cuando concluye el segundo mandato del macrismo. Sólo si la Justicia se expidiera favorablemente podría estar concluida la unidad para el jefe de gobierno y sus equipos.
Las claves de la iniciativa
De qué se trata el proyecto del Centro Cívico
Dónde queda
El sitio elegido para emplaza el Centro Cívico es la esquina de Amancio Alcorta y Perdriel, en Barracas
Qué albergará
El predio reunirá la Jefatura de Gobierno, Jefatura de Gabinete, ministerios de Desarrollo Urbano, Hacienda, Educación, y Ambiente y Espacio Público
4500
Es la cantidad de empleados que serán desplazados a las nuevas dependencias
$ 280 millones
Es el presupuesto de la obra, considerada por fuentes del gobierno una de las más ambiciosas de la gestión de Mauricio Macri
45.300 metros cuadrados
Es la superficie cubierta que cubrirá todo el edificio

Fuente: La Nacion