Pocos días después de que la Justicia autorizó a la Ciudad a subir la tarifa del subte a $ 3,50, el gobierno porteño pretende definir esta misma semana la aplicación de una tarifa social -para usuarios con planes sociales- de $ 2,50, es decir, el costo actual de un boleto.
En este sentido, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo ayer que “la tarifa social alcanzará a personas con escasos recursos, los que cobran planes sociales y alimentarios”, y especificó que la Ciudad intenta “subsidiar la demanda a la gente, en lugar de subsidiar las empresas”.
Rodríguez Larreta consideró, también, que el costo de la tarifa del subte hoy debería ser de “siete pesos por pasajero” y aclaró que “de ninguna manera” el gobierno porteño pretende llevar la tarifa a ese número. “Una parte se va a seguir subsidiando, la va a pagar la Ciudad con los impuestos que pagan todos”, comentó el funcionario.
En medio de la polémica por la suba, el titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Juan Pablo Piccardo, comentó ayer que “el 70% de la gente que viaja en el subte se toma un café en el día y el café vale 15 pesos. Esa persona podría pagar una tarifa de $ 3,50 y con ese dinero mejorar las inversiones y el servicio”.
Tras siete meses, el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Mántaras, levantó el viernes pasado la cautelar que tenía suspendido el aumento a $ 3,50 del boleto y le ordenó al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que disponga una tarifa social.
Mántaras había frenado la resolución 1798/Sbase/13, a través de la cual se fijó el nuevo cuadro de tarifas a $ 3,50 para el subte. El incremento había sido objetado en la Justicia por el legislador porteño Alejandro Bodart y en marzo pasado fue suspendido con una medida cautelar.
Piccardo también explicó la necesidad del aumento por el alza de la inflación. “Hoy la tarifa a 2,50 está pagando un tercio del costo operativo y el resto lo cubre la Ciudad, cuyo aporte termina subsidiando el costo operativo, sin que alcance para hacer inversiones”, aseguró el presidente de Sbase.
La línea A, sin solución
Por su parte, el conflicto gremial en la línea A recrudece. Tras un paro sorpresivo de los empleados de ese ramal el último fin de semana, que perjudicó a 190.000 usuarios, la empresa Metrovías confirmó ayer a LA NACION que comenzará a sancionar a los responsables de haber “parado” el servicio. Mientras tanto, los delegados de la línea A insisten en el rechazo a las nuevas disposiciones laborales que quiere poner en marcha la concesionaria.
Actualmente, los maquinistas, que cumplen una jornada laboral de seis horas, realizan entre las cabeceras San Pedrito y Plaza de Mayo cuatro vueltas en 3 horas y 56 minutos. Metrovías pretende que realicen cinco vueltas en 4 horas y 55 minutos. El rechazo gremial a esta modificación podría traducirse, en los próximos días, en nuevas medidas de fuerza en el servicio. Desde la Ciudad indicaron que, en caso de concretarse, habrá sanciones por “incumplimiento laboral”.
“Hace 99 años se tardaba 44 minutos en cumplir una vuelta entre Primera Junta y Plaza de Mayo. Hoy, increíblemente, se tarda más. Desde que comenzaron las demoras intencionales en la línea se perdieron unos 100 viajes diarios en promedio”, dijo Lucía Ginzo, gerenta de Relaciones Institucionales de Metrovías.
En cuanto a los dichos de los delegados que denunciaron que no pueden circular a mayor velocidad por presuntos riesgos de descarrilamiento de las formaciones, Ginzo señaló: “Las velocidades para la circulación de los trenes de la línea A fueron determinadas técnicamente -entre 20 km/h y 45 km/h, según los tramos- y resultan incluso inferiores a las que las condiciones de vía, señales y flota permitirían, por lo cual los márgenes de seguridad son amplios y suficientes”.
Fiuente: La Nación
