El bloque presentó ayer un proyecto de ley que propone limitar al 25% la asignación discrecional del Gobierno
El reparto arbitrario de la publicidad oficial en función de imponer “premios y castigos” a los medios periodísticos es patrimonio no sólo del gobierno nacional, sino también de buena parte de los gobiernos provinciales. Establecer una regulación en todo el país que limite esa discrecionalidad es el principio rector de un proyecto de ley que presentó ayer el bloque de diputados del Frente Renovador, de Sergio Massa, en un nuevo gesto para diferenciarse del Gobierno.
El proyecto propone que sólo un 25 por ciento de la partida destinada a la publicidad de los actos oficiales sea ejecutada a discreción para “casos de necesidad y urgencia”.
“Queremos establecer parámetros claros, transparentes y equitativos para que todos, aun el más pequeño de los medios, reciban pauta oficial”, destacó Darío Giustozzi, jefe del bloque massista, rodeado por su bancada en pleno. El único ausente fue el propio Massa, quien está de viaje. “En los últimos 10 años asistimos a un reparto discrecional y abusivo de la publicidad oficial, beneficiando a determinados medios y perjudicando a otros”, advirtió, por su parte, el diputado Adrián Pérez.
La iniciativa se conoce días después de que la Corte Suprema de Justicia le pidiera a la Casa Rosada que incluyera a Canal 13 en el reparto de la publicidad del Estado. El fallo irritó a la presidenta Cristina Kirchner, que lo cuestionó por cadena nacional. Por su parte, Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, acusó a la Corte de violar la división de poderes. Este año el Gobierno gastará al menos $ 2400 millones en publicidad oficial (monto que se limita sólo a las partidas de Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno y a Fútbol para Todos).
El gobierno bonaerense, de Daniel Scioli, no le va en zaga. Según las estimaciones del massismo, el año pasado (año electoral) el gasto en publicidad oficial habría trepado a un total de 3000 millones de pesos. En la Capital, la gestión de Mauricio Macri gastó, sólo entre junio y septiembre de 2013 (elección primaria y nacional), unos 63 millones de pesos para este mismo fin, es decir, unos 700.000 pesos por día, según denunció la ex diputada porteña de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.
En Córdoba tampoco faltaron las acusaciones contra el gobernador José Manuel de la Sota: allí, el kirchnerismo denunció, con datos del Tribunal de Cuentas de la provincia, que desde enero hasta septiembre de 2013 el cordobés gastó casi 91 millones de pesos en publicidad. La cifra superaría los 400 millones, alertó la oposición, si se consideran los gastos de entidades autárquicas.
“En todas las provincias hay arbitrariedades y por eso este proyecto de ley invita a los gobiernos locales a adherir. De ser ley, sus disposiciones tendrán alcance federal”, precisaron Giustozzi y el santafecino Oscar Martínez.
El proyecto del massismo establece que el 50% de la partida destinada a la publicidad oficial se asignará según una pauta de proporcionalidad por segmentos. Esa pauta se calculará sobre la base del valor promedio de participación de cada medio y segmento. Este valor resultante será el punto de referencia a partir del cual a todos aquellos que estén por encima de ese promedio se les restará hasta un 10% de lo que les debiera corresponder y, con esa quita, se constituye un fondo común que se distribuirá en partes iguales entre aquellos medios por debajo del promedio.
La iniciativa agrega que un 25% restante del presupuesto se aplicará según un margen de “razonable y fundamentada discrecionalidad administrativa”. En tanto, el otro 25% se adjudicará mediante licitación pública.
En la conferencia de prensa participaron, además, los diputados Graciela Camaño, Mario Das Neves y Felipe Solá, quienes detallaron el proyecto. “De aprobarse esta ley, el próximo gobierno no podrá «ir por todo», sino ajustarse a un marco legal riguroso”, sostuvo Solá. “No hay antecedentes legislativos sobre una iniciativa similar; sólo pedidos de informes”, destacó Camaño.
Stubrin cree que perdió el Gobierno
El director de la Afsca por la oposición Marcelo Stubrin (UCR) opinó ayer que “el Gobierno perdió en tanto y en cuanto le atribuyó a la batalla por la ley de medios efectos que no tenía” y se preguntó “qué calidad de Estado se tendrá para evitar que haya colisiones de intereses y que exista competencia real entre las nuevas empresas”.
Además, consultado sobre la eventual regulación de Internet, Stubrin dijo que si eso ocurre en algún momento, deberá ser de naturaleza internacional. “Pretender hacerlo en un solo país es bastante ridículo. Lo mejor que ocurre con la Red es el libre tráfico de la información”.

Fuente: La Nación