El Gobierno decidió que empresas privadas volverán a operar la mayoría de las líneas ferroviarias, al disolver las unidades de gestión operativas UGOFE y UGOMS.
“Con la entrada en vigencia de los presentes acuerdos, las líneas Mitre y San Martín serán operadas por el grupo Roggio, mientras que las líneas Belgrano Sur y Roca serán operadas por el grupo Emepa“, informó el Ministerio del Interior y Transporte, que conduce Florencio Randazzo, en un comunicado de prensa.
En la norma se argumenta que “es necesario adecuar los acuerdos de operación de las Líneas ferroviarias Mitre, General Roca, General San Martín y Belgrano Sur, con el objeto de establecer reglas claras y acentuar el control y la responsabilidad del operador del servicio público ferroviario”.
El compromiso, se consigna, es “verificar el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo como núcleo principal la protección de los derechos de los usuarios, incluida la prestación de un servicio eficiente y seguro, y de los bienes estatales comprometidos, resguardando la transparencia en cualquier operatoria que haga a la fiscalización de la actividad de que se trate”.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante la resolución 41.
En diálogo con TN, Edgardo Reynoso, delegado de la Unión Ferroviaria opinó: “Con esto no cambia nada. El Estado siempre fue el socio bobo desde la época de Duhalde, cuando se eximió a las empresas a continuar con sus obligaciones. No hubo penalidades para las empresas. Esto fue uno de los grandes problemas que aparecieron tras la tragedia de Once”.
Randazzo justificó la decisión de que empresas privadas vuelvan a operar la mayoría de las líneas ferroviarias metropolitanas, al sostener que se busca “mejorar la calidad del servicio para los pasajeros” y que los usuarios “puedan tener un tren acorde a sus necesidades”.
“Por pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encaramos un ambicioso plan de renovación de los trenes del área Metropolitana que incluye la llegada de más de mil coches nuevos durante este año y una fuerte inversión en materia de infraestructura ferroviaria de cambio de vías y renovación de estaciones”, remarcó el funcionario.
A la par, el Gobierno estableció un nuevo régimen de penalidades ante irregularidades en los servicios de las líneas mencionadas de hasta 220 mil pesos, además de una flamante forma de presentación de planes anuales. “Hemos dispuesto un nuevo régimen de operación que obliga a las empresas a presentar planes anuales sobre las frecuencias de los trenes, su mantenimiento, limpieza de estaciones y calidad de los servicios; y en este sentido, creamos un estricto régimen de penalidades para sancionarlos en el caso en el que no se cumplan estas pautas”, remarcó Randazzo en el comunicado.

Fuente: Fortuna