Luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados que duró hasta la madrugada, con 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el oficialismo convirtió en ley esta madrugada el polémico proyecto de hidrocarburos. La iniciativa recibió el rechazo de la oposición.

La nueva ley reconoce el dominio del subsuelo a las provincias, pero crea un marco regulatorio único para todo el país. Se dispone la ampliación de los plazos de concesión, se establece una promoción fiscal para los proyectos de inversión de más de 250 millones de dólares, se pone un tope de 12% a las regalías (que puede elevarse hasta 18% en caso de prórroga) y se elimina la posibilidad del “acarreo”, esto es, que las provincias se integren como socios de los proyectos sin hacer la inversión correspondiente.

Las críticas de la oposición se centraron en dos puntos: la falta de una regulación ambiental para evitar los eventuales daños que se atribuyen al fracking, el método de estimulación hidráulica usado para la extracción de hidrocarburos no convencionales, y el tope del 12 por ciento en las regalías.

También se escucharon quejas porque permitirá extensos períodos de concesiones (35 años en algunos casos prorrogables por otros 10) y porque habilita a un concesionario a extender la explotación de un yacimiento convencional cuando éste se encuentre vinculado a uno de hidrocarburos no convencional.

El proyecto mereció además fuertes críticas de los ex secretarios de Energía de los sucesivos gobiernos desde 1983 hasta el kirchnerismo.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende atraer las inversiones necesarias para la exploración y explotación de los yacimientos instalados en nuestro país, con el propósito de recuperar el autoabastecimiento energético, perdido durante la gestión kirchnerista. En cambio, los bloques de la oposición advierten que el proyecto oficial avasalla las autonomías provinciales (al establecer contratos tipo sin la aprobación de las Legislaturas locales) y que perjudica a los distritos, al limitarle al 12% el nivel de regalías (que pueden llegar al 18% en una segunda prórroga de la concesión) que podrán percibir por la explotación de los recursos de sus subsuelos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, defendió hoy la reforma a la ley de hidrocarburos al afirmar que con la iniciativa se busca “la soberanía energética frente al parque jurásico que siempre pretende volver al pasado”.

Domínguez explicó que el proyecto “tiene su origen en la nacionalización de YPF” y “marca un nuevo destino de la Patria hacia el autoabastecimiento hidrocarburífero”.

Fuente: La Nación