Con la llegada de Alberto Samid como vicepresidente, el Mercado Central comenzó un ambicioso proyecto de expansión a distintas sucursales como forma de combatir la inflación. Aunque el empresario fue denunciado por haber hecho negocios privados con el proyecto, la iniciativa aún sigue en pie: en el barrio de Colegiales, los vecinos todavía intentan frenar la instalación de la primera sede porteña del mercado.

Causas judiciales, denuncias por incumplimientos de normas, obras sin permiso y las quejas de los habitantes del barrio no fueron hasta el momento suficientes para detener su desembarco en el predio de la calle Cramer 475.

Esta semana, el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño (APrA), Juan Carlos Villalonga, fue denunciado ante la Justicia por rehusarse en reiteradas ocasiones a clausurar la construcción que se realiza al borde de las vías del ferrocarril. A principios de mes, la entidad presidida por el ex titular de Greenpeace Argentina había clausurado una vez más el predio por la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental que debían presentar antes de recibir el permiso de obra.

Desde que comenzaron los trabajos, el predio fue clausurado cinco veces por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) por “falta de aviso de obra”, “planos irregulares” y “falta de planos”, entre otros. Las sucesivas denuncias frenaron los avances por unos dos meses.

En un principio, la administración de Mauricio Macri se mostró en contra de la llegada del Mercado Central. Pero, de la noche a la mañana, cambió de postura: un dirigente del PRO llegó incluso a llevar a una reunión un render del proyecto para defenderlo y propuso actuar como intermediario para solucionar el conflicto. Se trata del presidente de la Comuna 13, Gustavo Acevedo. Por eso, los vecinos denuncian que la obra “se convirtió en objeto de intercambio de favores entre Ciudad y Nación”.

Los habitantes de la zona advierten además que la instalación de un mercado en el predio viola el código de zonificación de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso advierten que representa un peligro para los habitantes de la zona: decenas de camiones circularán por una calle angosta y sin salida, entre 3.000 y 4.000 personas más pasarán por día en esa cuadra e incluso podría crecer exponencialmente la cantidad de roedores de la zona por las sobras de frutas y verduras. Todos ellos representan un peligro para los chicos de las cinco escuelas que están en un radio de 200 metros.

Infobae relató la irregular situación del predio a mediados de este año. Desde ese entonces, los amparos judiciales, las clausuras y las denuncias no alcanzaron para frenarlo. “Acá se pretende instalar un centro comercial ilegal, y sus responsables, que no pagarán impuestos, alquileres o ABL, constituyen una competencia desleal para los comerciantes del barrio, que estarán liquidados”, denunció en aquel entonces la arquitecta Marcia Hashiba, representante de la Asociación Civil Colegiales.

Fuente: Infobae