En una nueva vuelta de tuerca en la lucha contra los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, Francisco decidió que, de ahora en más, los obispos culpables de “negligencia” en casos de abusos sexuales -es decir, de encubrimiento- podrán ser expulsados.

La decisión responde a las críticas en torno al hecho de que en muchos casos de pedofilia comprobados los obispos que los encubrieron o no hicieron nada para impedir que sucedieran permanecieron en sus puestos.

En una carta apostólica en forma de motu proprio, titulada “Como una madre amorosa”, publicada ayer, pero que entrará en vigor el 5 de septiembre próximo, Francisco explicó que el derecho canónico ya prevé la posibilidad de remoción de un obispo “por causas graves”. Pero “con la presente carta quiero precisar que entre las llamadas «causas graves» debe incluirse la negligencia de los obispos en el ejercicio de su oficio, en particular con respecto a los casos de abusos sexuales cometidos sobre menores y adultos vulnerables”, indicó.

A través de cinco artículos, el decreto estableció los procedimientos a seguir para que un obispo pueda llegar a ser removido, cuando por negligencia haya omitido actos que provocaron grandes daños a otros, sean personas físicas o una comunidad en su conjunto. También indica que en el caso de que se trate de abusos sobre menores o adultos vulnerables es suficiente causa para la remoción “que la falta de diligencia sea grave”, mientras que en los demás casos se exige una falta de diligencia “muy grave”.

De todas formas, en todos los casos en los que “parezca haber indicios” de estos hechos, la competente Congregación de la Curia romana “puede comenzar una investigación al respecto”.

Según explicó el padre Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, son cuatro las congregaciones competentes para esta eventual investigación: la de los Obispos, la de la Evangelización de los Pueblos, la de las Iglesias Orientales y la de los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica. No quedará involucrada la Congregación para la Doctrina de la Fe, “porque no se trata de delitos de abuso, sino de negligencia de oficio”, precisó Lombardi, al marcar la distinción entre el delito en sí y la eventual negligencia de un superior ante el abuso cometido por otro sacerdote.

Según el motu proprio, al obispo se le dará la posibilidad de defenderse, con los medios previstos por el derecho. Y la congregación podrá decidir si llevar a cabo una investigación suplementaria.

Según el artículo 3, el dicasterio podrá discutir el caso con otros obispos de la conferencia episcopal o del sínodo de los obispos a los cuales el prelado en cuestión pertenezca, y, al final el dicasterio “asume sus determinaciones reunido en sesión ordinaria”.

Aprobación específica

Según el artículo 4, la congregación puede decidir si emitir, en el menor tiempo posible, “el decreto de destitución” o “exhortar fraternalmente al obispo a presentar su renuncia en un plazo de 15 días”. Como se trata de “decisiones importantes sobre los obispos”, como también aclaró Lombardi, el decreto, en el quinto y último párrafo, detalla que la aprobación específica dependerá del Santo Padre.

Otra novedad es que antes de asumir una decisión definitiva el Papa podrá pedir la ayuda de un “colegio de juristas” especialmente designado par estos casos. Se puede prever, explicó Lombardi, que serán los cardenales y obispos quienes constituyan este colegio.

El vocero vaticano indicó que, como se trata de una normativa sobre “procedimientos” no se plantea la cuestión de la retroactividad, “porque la ley sobre la posibilidad de destitución «por causas graves» ya existía”.

Entrevistado por la agencia católica de noticias I-Media, Lombardi dijo que este motu proprio de Francisco no está relacionado con ningún caso en particular, aunque últimamente provocaron mucho ruido las denuncias de abusos en la diócesis francesa de Lyon, que salpicaron al cardenal francés Philippe Barbarin.

Sobre este purpurado pesan dos investigaciones preliminares justamente por “no denunciar” agresiones sexuales cometidas contra menores entre 1986 y 1991 por un cura de la diócesis de Lyon.

Otro caso que dio que hablar es el del “zar” de las finanzas del Vaticano, el cardenal australiano George Pell, prefecto de la Secretaría para la Economía, que se vio obligado a declarar en febrero pasado por videoconferencia ante la Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, sobre su actuación en el manejo de diversos casos de abusos sexuales a menores hace cuatro décadas en Australia.

Una asociación que agrupa a ex víctimas de abusos sexuales de clérigos, la SNAP, se declaró “extremadamente escéptica” de que el nuevo motu proprio vaya a generar una ola de despidos de obispos que encubrieron abusos.

Fuente: La Nación