Bajo la consigna “Si el gobierno no dialoga, los ciudadanxs nos organizamos” la Audiencia Pública Autoconvocada se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con un auditorio colmado que debatió y expuso sus posiciones frente al impacto del tarifazo aplicado por el gobierno nacional.
Impulsada por la Multisectorial contra el Tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires, el evento contó con la participación del juez federal Luis Arias, quien suspendió las subas aplicadas al servicio de gas en todo el país.
“Me nutro de esta construcción colectiva y celebro esta iniciativa. No generar espacios de participación social fue una de las mayores deficiencias jurídicas de este aumento de tarifas”, declaró Arias. En este sentido, el juez remarcó que el gobierno nacional no puede poner un límite sobre un aumento que está suspendido y sentó su posición frente al rol de los medios ante el tarifazo: “Los medios permanentemente confunden a la población diciéndole que tiene que pagar”. Además, destacó que “las tarifas subsidiadas son parte de políticas para preservar el derecho al trabajo” y concluyó: “Hay que hablar de derechos porque son los derechos los que están en juego con el aumento de tarifas”.
La jornada comenzó a las 10.30 con la lectura de un documento de la Multisectorial en el que se expresó el deseo de ser escuchados por el Gobierno nacional y de “encontrar un camino que nos lleve a servicios públicos universales y accesibles para todos”. Los entes reguladores y los funcionarios públicos fueron invitados a participar, pero no asistieron.
Entre los expositores estuvieron Leonardo Pérez Martínez, delegado general de ATE en el Ministerio de Energía; Ignacio Sabbatella, del Programa Análisis del sector hidrocarburífero tras la recuperación del control estatal de YPF en 2012; Gustavo Lipovich, del programa transporte y territorio y Nicolás Arceo, de la Fundación Generación del Sur, quienes contaron las implicancias técnicas del impacto de la suba de servicios públicos y transporte.
Además, hubo expositores de diversos sectores afectados. Silvia Díaz, de la Cooperativa La Cacerola y de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (Facta) expresó: “A este gobierno nacional no le interesan nuestras industrias ni el mercado interno. No les importa que la suba de tarifas amenace nuestras fuentes laborales ni que muchas pequeñas y medianas empresas, cooperativas, empresas recuperadas se vean amenazas a cerrar. Pero vamos a pelear hasta que den marcha atrás con el tarifazo porque no vamos a permitir que nos quiten el derecho al trabajo”.
Federico Tonarelli, vicepresidente del Hotel Bauen, expresó que para ponerle un freno a los tarifazos es clave la unidad: “Esta medida nos afecta a todos los ciudadanos por igual”.
Por su parte, Carlos Valle, presidente de la Confederación General de Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y Retirados, saludó los Ruidazos del 14 de julio y el 4 de agosto y llamó a la movilización: “Cuando el gobierno va contra el pueblo, el pueblo tiene que reaccionar”, dijo.
En tanto, Eduardo Montes, de la Cooperativa Gráfica Patricios, contó que antes pagaban 30 mil pesos de luz y ahora deberán pagar 120 mil: “El tarifazo va a llevar a muchas fábricas y empresas al cierre definitivo, tenemos que impedirlo”.
Otro de los que habló fue Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, quien manifestó: “Los servicios públicos son derechos humanos básicos y no mercancías. Con el tarifazo muchos usuarios residenciales quedan excluídos porque no pueden pagar. Necesitamos tarifas que tengan en cuenta la capacidad económica de cada individuo”.
En este sentido, Christian Font, de la Unión de Clubes de Barrio, sostuvo:”Nueve de cada diez clubes no pueden pagar las boletas de los servicios. Recibimos aumentos del mil por ciento que hacen imposible llevar adelante nuestra actividad”.
Fuente: Noticias Urbanas
