Los acompañantes de los motociclistas estarán obligados a llevar un chaleco con el número de la patente del vehículo impreso. Y el Gobierno porteño podrá prohibir ir de a dos en moto en ciertas zonas, días y horarios. En medio de una ola de robos cometidos por motochorros, este jueves la Legislatura de la Ciudad aprobó una ley que ordena estas medidas para combatirlos. El proyecto original era más duro y obligaba a tener la patente grabada en los cascos. Pero no obtuvo consenso y generó numerosas protestas de motociclistas, que siguen considerando que la ley los discrimina.
Los acompañantes de los motociclistas estarán obligados a llevar un chaleco con el número de la patente del vehículo impreso. Y el Gobierno porteño podrá prohibir ir de a dos en moto en ciertas zonas, días y horarios. En medio de una ola de robos cometidos por motochorros, este jueves la Legislatura de la Ciudad aprobó una ley que ordena estas medidas para combatirlos. El proyecto original era más duro y obligaba a tener la patente grabada en los cascos. Pero no obtuvo consenso y generó numerosas protestas de motociclistas, que siguen considerando que la ley los discrimina.
El proyecto fue presentado por los legisladores oficialistas Carmen Polledo, Daniel Presti, Alejandro García y Juan Pablo Arenaza. Y fue aprobado con 43 votos a favor, 13 en contra de los bloques del Frente para la Victoria y la izquierda, y una abstención de Adrián Camps (Socialista Auténtico). Mientras se debatía, un grupo de motoqueros se apostó frente a la Legislatura con un cartel que decía: “Las personas no se patentan”.
El punto principal es que los acompañantes de los motociclistas tendrán que llevar puesto un chaleco reflectante que deberá tener impreso bien visible el número de dominio de la moto, tanto en la parte delantera como en la trasera. En caso contrario, las autoridades podrán retener el vehículo y su conductor -o si no se lo pudo identificar el titular de la moto-, recibirá una multa de 200 unidades fijas, lo que equivale a $ 2.080. También podrán inhabilitarlo para conducir de 5 a 10 días.
“El proyecto aprobado es una exageración insólita -afirmó Maximiliano Arranz, el secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros (ASiMM)-. No se puede legislar sobre peligrosidad sin delito y acá se obliga al acompañante a ponerse un chaleco como si fuera un potencial delincuente. Nos están discriminando. Aunque cuando trabajamos estamos solos, la moto es nuestro medio de transporte y esta nueva obligación es absurda. Tenemos a un equipo de abogados estudiando el tema y no nos vamos a rendir. Además, ¿qué ladrón se va a poner un chaleco con su patente?”.
La autoridad de aplicación, que va a ser la Secretaría de Transporte, quedó habilitada por la ley para prohibir a los motociclistas circular con acompañante en determinadas áreas, días y horarios. Los que no cumplan también podrán recibir multas de $ 2.080 más la inhabilitación para conducir por entre 5 y 10 días. Mientras, los motociclistas que circulen por áreas y en horarios no permitidos recibirán una multa de $ 1.040.
Transporte trabajará en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, cuyo titular Martín Ocampo explicó: “La primera fase será controlar el uso del chaleco. Luego veremos si hay zonas donde es conveniente implementar la prohibición de circular sin acompañante. Esto se hará en función del mapa del delito, pero aún no las definimos”.
Según Ocampo, la ley entrará en vigencia el 15 de junio, cuando también comience a regir un decreto del Gobierno nacional que plantea que la patente figure en los cascos y en el chaleco del acompañante. Ese mismo decreto invita a cada jurisdicción a establecer sus propias restricciones de circulación de motos. “Vamos a coordinar la implementación con Provincia y Nación para que haya una homogeneidad normativa en el área metropolitana”, precisó el ministro.
En sus fundamentos, la ley votada este jueves en la Legislatura señala que las placas de dominio “constituyen, sin más, la única posibilidad de identificación con la que cuenta el resto de la ciudadanía frente a los siniestros que puedan ocurrir y/o frente a todo hecho eventual donde resulte imperiosa la identificación de la motocicleta”. Y subraya que este tipo de vehículos son “un medio efectivo utilizado por los delincuentes para asegurar la impunidad, al permitirles huir rápidamente de la escena del crimen gracias a la maniobrabilidad, aceleración y velocidad que poseen”.
“Muchos motociclistas son víctimas del robo de sus motos, que luego son usadas para cometer otro delito”, dijo Francisco Quintana, el jefe del bloque PRO. Por su parte, Ocampo afirmó que la nueva ley facilitará los controles y será una herramienta más para combatir a los motochorros, dentro de varias otras medidas.
Desde el interbloque de ECO acompañaron el proyecto, pero con críticas. “Los delitos en moto se combaten con un verdadero control del Ejecutivo”, sostuvo el legislador Marcelo Guouman. Y su compañero de bloque, Roy Cortina, pidió la creación de una división policial especializada en la prevención y el combate del robo en motos.
La nueva ley, además, habilita la retención de motos por circular sin casco, a menos que el motociclista se lo coloque en el momento, en cuyo caso sólo será multado. También por mal estacionamiento, si las conduce una persona no habilitada para hacerlo, cuando no tienen la patente, cuando ésta no está bien visible o se encuentra girada respecto de su posición normal o si no coincide con los números identificatorios del cuadro y/o del motor. Las motos secuestradas serán remitidas a una playa y, si no son retiradas dentro de los 60 días corridos, serán consideradas abandonadas. Entonces podrán ir a desguace o ser subastadas, afectadas al uso público o donadas a entidades de bien público.
En la Provincia
Para “luchar contra los motochorros”, hace poco más de tres años la administración de Daniel Scioli en la Provincia obligó a grabar cascos y chalecos. Las autoridades reconocieron rápidamente problemas de “implementación”. En los cuatro primeros meses se incautaron 4.110 ciclomotores y se incautaron 150 armas. Además, 539 personas terminaron aprehendidas. Luego los controles se diluyeron y la norma casi no se aplica.
Fuente: Clarín
