Lo debaten en reuniones reservadas, lo analizan en planillas de Excel y lo dejan trascender a la opinión pública. Los altos funcionarios del Gobierno están convencidos de la existencia de un grupo opositor que busca complicar la marcha de la gestión mediante la radicación de denuncias penales. Y se jactan de que la Justicia, en tan sólo un año y medio, ya desestimó varias acciones o dictó sobreseimientos en casos sensibles.

Según un análisis elaborado por la Casa Rosada, que LA NACION estudió y cotejó con fuentes judiciales, sobre un total de 39 denuncias sensibles que recibieron el Presidente y sus ministros, 17 fueron desestimadas, archivadas o sobreseídas. Es decir, el 43% de esos expedientes dejaron de ser una preocupación para los asesores y los abogados de los funcionarios.

Los números son una foto de lo que ocurrió en los juzgados de primera instancia, pero no la película completa, ya que pueden existir fallos en distintos sentidos en la Cámara Federal o en Casación.

Además de mirar con recelo a los denunciantes, el Gobierno también pone el ojo en el trabajo de los fiscales, que tienen la tarea de impulsar las pesquisas. “Ellos deben investigar, pero a veces parece que le hacen el juego a la oposición e imputan porque sí… parece un cambalache”, se quejó días atrás un alto funcionario que asesora a Macri en materia judicial.

El blanco de los mayores recelos del oficialismo es la procuradora general Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales y promotora de Justicia Legítima.

Causas contra funcionarios

Algunas de las causas que tuvieron un resultado favorable para el Gobierno fueron de alta sensibilidad política.

El primer caso que complicó a Macri fue el de los Panamá Papers, en el que se investigaron las sociedades offshore de la familia del Presidente. Tras requerir una serie de testimoniales y librar exhortos, en abril, el juez Sebastián Casanello entendió que no existían elementos para sospechar de maniobras de lavado de dinero. Decidió derivar una parte de la causa al fuero ordinario y otra, al penal económico. Si bien el caso aún no se cerró, la noticia fue un importante alivio para el oficialismo.

También en abril de este año el Gobierno recibió otras dos buenas noticias desde los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa iniciada por bienes que tenía en su casa y que fueron robados. El juez Rodolfo Canicoba Corral, en tanto, a 80 días de radicada la denuncia, dictó el sobreseimiento del jefe de los espías, Gustavo Arribas, investigado por recibir transferencias de un valijero condenado en el Lava Jato.

Otras causas contra altos funcionarios de Cambiemos que terminaron en sobreseimiento fueron el caso contra el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por la presunta compra de máquinas de votación sin que existiera la ley de la boleta electrónica (una adquisición que no se verificó); la compra de dólar futuro que efectuaron, entre otros, los funcionarios José Torello, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y un expediente por presunta “incitación a extorsiones” para el traspaso de la empresa OCA.

Con otras nueve denuncias, la investigación no prosperó y las acciones fueron desestimadas o archivadas, como la radicada por la firma de un memorándum con Qatar, que contemplaría la utilización de fondos de la Anses, y la presentación por las negociaciones entre el Gobierno y Odebrecht.

Un dato que inquieta a la Casa Rosada es que la persona más denunciada del Gabinete es el propio Mauricio Macri. El presidente acumula 17 causas en lo que lleva de su gestión. Luego de la investigación por los Panamá Papers fue imputado por el decreto que revivió los pagos por el soterramiento del Sarmiento (donde estaba involucrada Iecsa), el tarifazo de gas y la designación de los jueces de la Corte, entre otras denuncias.

“No se puede imputar al jefe del Estado tan livianamente, no es serio. Se pueden investigar los hechos sin necesidad de imputar de antemano la investidura presidencial”, se quejan en Casa Rosada.

Del mismo modo que durante la gestión anterior varios dirigentes de la oposición radicaron múltiples denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, la gestión de Cambiemos también tiene sus “denunciantes frecuentes”. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade radicó cinco denuncias de alto voltaje político contra el oficialismo, como el caso Avianca o la denuncia por la compra de gas a Chile. Otras tres acciones fueron iniciadas por grupos de diputados del FPV.

En otros casos, las denuncias fueron impulsadas por abogados que mostraron afinidad al gobierno anterior, como Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, ambos ligados a los movimientos de derechos humanos.

Casos en alerta

La tranquilidad del Gobierno en los tribunales contrasta con el panorama oscuro que viven algunos de los funcionarios del gobierno anterior, que en las próximas semanas podrían vivir fallos adversos (ver aparte). Pero el kirchnerismo también gozó de años mozos en Comodoro Py en el pasado reciente. En el transcurso de esa gestión, por ejemplo, los Kirchner fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito en 2009, el caso Skanska fue herido de muerte y Julio De Vido permaneció ileso en múltiples investigaciones.

Cuando el kirchnerismo bajó al llano, la Justicia aceleró el pulso de los casos de corrupción.

El actual gobierno, de todos modos, también mantiene cierto estado de alerta. Casos como los de Avianca, la emisión del bono a cien años y el del Correo Argentino hoy tienen a los abogados que defienden a los ministros deambulando por los tribunales.

Fuente: La Nación