El Consenso Fiscal permitió un mayor reparto de fondos de coparticipación bonaerense hacia los municipios de la provincia. El crecimiento de los envíos automáticos a las arcas de los intendentes creció 45,6% en el primer bimestre de este año en comparación con el mismo lapso de 2017. Una parte de los 41.000 millones de pesos que la administración de María Eugenia Vidal se aseguró para este año como consecuencia de la firma de ese pacto será distribuida entre los jefes comunales, con los que además la gobernación de Buenos Aires (y las de otras provincias también) negociará la implementación de reglas fiscales para controlar gastos e ingresos en las intendencias.
De acuerdo a cifras oficiales, en el bimestre enero-febrero de este año el envío de coparticipación bruta a los 135 municipios bonaerenses ascendió a 10.288 millones de pesos, lo que representa un incremento de 45,6% respecto a los 7.061 millones del mismo lapso del año anterior. Considerando el resto de los componentes de los giros a municipios (Fondo de Financiamiento Educativo, Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales, Fondo de Inclusión Social, entre otros), la diferencia entre ambos períodos es de 42,8%.
Este aumento en términos reales, ya que es superior a la inflación comparable para ese lapso, se explica principalmente por un mayor flujo de fondos hacia La Plata como efecto del pacto fiscal firmado en noviembre del año pasado entre el Gobierno nacional y las provincias. Para el caso de Buenos Aires, la rúbrica de ese acuerdo (que significó la resignación del juicio ante la Corte Suprema para recuperar el Fondo del Conurbano) se tradujo en el cobro de unos 41.000 millones de pesos este año como compensación.
Esos fondos provienen de dos vías distintas: 20.000 millones a partir de la eliminación del Fondo del Conurbano con la derogación del artículo 104 de Ganancias y 21.000 millones como compensación especial. De toda esa masa de fondos, la provincia tiene obligación de derramar con los municipios sólo con los 20.000 millones. Los municipios bonaerenses recibirán, entonces, el 16,14% de esa tajada, lo que representará un giro de 3.200 millones. La compensación especial, por su parte, está expresamente eximida de la obligación de giro a jefes comunales. El Consenso Fiscal afirma que la otra partida, es decir los otros 21.000 millones, está “exceptuada de lo establecido en el inciso g del artículo 9 de la ley de coparticipación federal vigente”. Ese inciso prevé el reparto entre jefes comunales de los ingresos de coparticipación.
Este incremento en el ritmo de giro de fondos a los intendentes se da en el marco de otra discusión política que ya comenzó hacia dentro de la provincia y que fue disparada también por el pacto fiscal: la aplicación de un sistema de control del crecimiento de gasto en los municipios tal como el que aprobó el Congreso a fines del año pasado que incluye a las administraciones provinciales. La provincia ya sancionó a fines del año pasado un Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, al cual deben adherir los intendentes. En términos generales, la ley bonaerense persigue los mismo objetivos que la sancionada a nivel nacional: limitar el avance del gasto al de la inflación y que las plantas de empleados municipales no se incrementen de forma más rápida que el crecimiento de la población.
Si bien no es un problema particularmente en Buenos Aires, los desequilibrios financieros municipales tienen relevancia a nivel consolidado: a fines de 2016, último dato disponible, todas las intendencias del país sumaron un déficit cercano a los 10.000 millones de pesos.
Fuente: Bae
