La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se presentó ante el juez federal Luis Rodríguez, imputada por el presunto encubrimiento del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Es en la causa abierta contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por beneficiar a la empresa Shell –de la que fue CEO y era accionista- con los aumentos de tarifas y la compra directa de gas a Chile.

Alonso presentó un texto en el que asegura la “inexistencia de conducta u omisión alguna que pueda calificarse como delictiva”.

“No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo, no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada y desempeñé mi función con total integridad, probidad y buena fe”, sostuvo la funcionaria nacional.

También brindó detalles sobre las actuaciones de su organismo ante el posible conflicto de intereses de Aranguren al frente del entonces Ministerio de Energía y Minería por su pasado como director de la petrolera Shell en la Argentina. Dijo que le dio intervención a otros organismos, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que en una auditoría subrayó que Aranguren no intervino en procesos vinculados con Shell por haber delegado la firma en el entonces secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.

“No encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA”, insistió Alonso, quien solicitó que se dicte su sobreseimiento tras el análisis de la prueba presentada. Asimismo, la funcionaria nacional pidió que se convoque a declarar a la coordinadora del Área de Conflicto de Intereses de la OA, Ana Carina Larocca, y a la subdirectora de Políticas de Transparencia del organismo, Laura Geler.

La causa judicial por la que declaró Laura Alonso comenzó a mediados de 2016 con una denuncia de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade. El juez de instrucción número 9 investiga si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública con su decisión de incrementar los combustibles mientras aún tenía las acciones clase A en Shell y por la importación del fluido en forma directa.

Alonso había dictaminado que era aconsejable que Aranguren se deshaga de sus acciones, pero que no era un delito que las conservara, argumento que fue repetido por el exministro ante el magistrado. Sin embargo, según la denuncia, la ex directora de Poder Ciudadano hizo caso omiso a las advertencias que habían ingresado formalmente por la ventanilla de la OA, un mes antes de la decisión de la compra de gas a Chile.

Fuente: Pagina 12