Los consumos con tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a pagar una nueva alícuota de 1,2% por impuesto de sellos, al entrar en vigencia el tributo incorporado en el Presupuesto 2021 y aprobado por la Legislatura porteña el 10 de diciembre pasado.

El Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito fue incluido por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de recaudar $7.700 millones y consiste en un gravamen del 1,2% a las compras y débitos que se hagan por ese medio a partir de este viernes.

Estimaciones privadas realizadas durante el debate de la nueva alícuota, señalaron que la recaudación a la que podría aspirar la Ciudad con este tributo y otros incrementos impositivos se elevaría a casi los $20.000 millones.

La base imponible de este gravamen serán todas las tarjetas de crédito bancarias, para los consumos tanto en pesos como en dólares, de todas aquellas cuentas registradas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su titular resida en otra jurisdicción.

A FAVOR Y EN CONTRA

La medida, incluso antes de su aprobación, había recibido el rechazo de las entidades representantes de comerciantes y de la pequeña y mediana empresa, por entender que se trata de un nuevo impuesto al consumo en momentos en que se impulsa la recuperación de la actividad económica.

En ese sentido se manifestaron entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de la Ciudad, al entender también que el riesgo es la mayor informalidad en las ventas y el menor incentivo a la bancarización.

El argumento oficial sobre la medida fue que forma parte de un plan diseñado para equilibrar las cuentas que estaban planificadas previamente a la decisión del gobierno nacional de redirigir un porcentaje de la partida de la coparticipación que percibía la Ciudad, que fue calculado en $52.000 millones.

Para ello, fijaron para el 2021 “la suspensión, ralentización y postergación” de obras, un mantenimiento “mínimo y esencial del espacio público” y la revisión de “los grandes contratos y servicios que brinda la Ciudad”, como el de la recolección de residuos.

También se determinaron cambios impositivos a partir de la eliminación de la exención sobre los Ingresos Brutos a las Letras de Liquidez (Leliq) y una modificación que consiste en incrementar del 7% al 8% la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al sector financiero.

Al defender el proyecto, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Martín Mura, explicó que “estos tributos no son un invento de la Ciudad, sino que se aplican en otras jurisdicciones”, en relación al cobro de una alícuota de 1,2% a los débitos o cargos del período incluidos en la liquidación o resumen.

En respuesta, el vicepresidente de Apyme, Julián Moreno, manifestó que “los impuestos deberían gravar otras cuestiones, como los grandes patrimonios o las transacciones financieras especulativas” y lamentó que “en un país donde el consumo representa las dos terceras partes del producto, la Ciudad se da el lujo de gravar con un impuesto al motor de la recuperación pospandemia”.

En similar sentido, el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán manifestó también su “enfático rechazo” al nuevo tributo y consideró que “es insólito, porque quieren estimular la economía agobiando al que la pone en marcha; en lugar de generar más incentivos para movilizar las ventas y la actividad productiva, le pegan al cliente”.

Fuente: Télam