La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la semana pasada una ley que permite estacionar en ambas manos en las calles. La iniciativa, que empezará a regir con su reglamentación, probablemente a fines de año, no solo amplía la cantidad de lugares disponibles de estacionamiento, sino las posibilidades de un negocio no exento de suspicacias políticas: el cobro de parquímetro mediante una aplicación para teléfonos móviles, que se adjudicó el año pasado Mechp SRL, una empresa argentina de buena relación con la familia de Nicolás Caputo, y en sociedad con la española Integra Parking Solutions.
En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dicen que la nueva normativa no agregará más plazas de estacionamiento pago que las 3500 que existen hoy. La ley 6353, aprobada en noviembre de 2020, durante la cuarentena, establece sin embargo un límite 23 veces superior, hasta las 80.000 posiciones, algo que naturalmente multiplicaría en las mismas proporciones la rentabilidad del concesionario. “Eso no se va a modificar ni en el corto ni en el mediano plazo”, aclaran.
Aumentar la cantidad de parquímetros, algo que está en las condiciones del pliego y en las intenciones de la empresa ganadora de la licitación, requeriría de todos modos de una nueva ley que deberá aprobar la legislatura. De ahí que en el sector consideren tan relevante llevarse bien con quien toma las decisiones: el Estado porteño. Los competidores de Mechp, seis empresas entre las que se destacan Bolt, Plein Air Park, Ragnar y Cellopark y que llegaron en algunos casos a impugnar y a observar la licitación que perdieron, desconfían más que nada de que los socios de Mechp tengan llegada a la familia de Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri, que, sin embargo, últimamente se ha ido distanciando del expresidente y pasó a interesarse por el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta.
El empresario y el alcalde hablan con frecuencia, cuentan allegados de ambos. “No conozco a esas empresas, hace 20 años que no intervengo en negocios en que el comitente sea el Estado”, contestó Caputo a LA NACION, y lo mismo afirmaron miembros de su familia. En el gobierno porteño admiten sin embargo la relación entre socios de la empresa adjudicataria e integrantes de la familia Caputo, pero agregan que se trata solo de lazos “de amistad”, no de negocios o participación accionaria. “Todos vienen a las licitaciones siempre con padrinos de todos los colores: lo importante es elegir la oferta más conveniente para la ciudad y los contribuyentes”, se defienden. LA NACION consultó también a fuentes de Mechp y de Integra Parking Solutions y obtuvo, según el caso, respuestas dispares: o negaron nexos con Caputo o directamente no contestaron.
Mechp está integrada por cuatro socios, ninguno de ellos mayor de 40 años: Diego Porto, Miguel Martínez de Hoz y Nicolás y Tomás Hermida. Conformada en 2012 con el rubro “Explotación de instalaciones deportivas” como actividad principal, organizó durante mucho tiempo torneos de fútbol y después incorporó otros negocios, como la administración de “servicios de playas de estacionamiento y garages”. Para esta licitación se asoció con Integra Parking Solutions, una compañía que da servicios de este tipo a través de aplicaciones en unas 15 ciudades de España.
Configurada esa unión transitoria para el concurso, Mechp hizo entonces la oferta más barata: propuso quedarse con una comisión de 5,8% del parking mientras las plazas fueran 3500 en toda la Capital Federal e ir bajándola hasta el 1% en la medida en que la cantidad se fuera acercando al límite, 80.000. Según publicó en su momento el periodista de negocios Andrés Sanguinetti, la empresa logró adjudicarse la licitación con 85,35 puntos, casi 30 por arriba de la segunda, Cellopark SA, que obtuvo 57,74 e impugnó el proceso.
Cuestionamientos
Saúl Sued, presidente de Cellopark, dio en su momento las razones por las que decidió presentar la impugnación. “El margen resultante para el oferente en cuestión es de -$38.650.000 (-54%), es decir, alarmantemente negativo -argumentó-. Ello aun sin descontar los impuestos y provisiones necesarias para este tipo de servicios ni la ganancia del oferente. Se ve que desde el punto de vista económico la oferta es vil y está formulada con fines de ganar la licitación y no la de cumplir el contrato”, agregó.
Bolt, que quedó tercera y no impugnó, pero llegó a interponer una “observación” al proceso, había ofrecido cobrar una comisión del 10% por 3500 plazas, proporción que iba descendiendo hasta el 2,5% en caso de que fueran 80.000 lugares de estacionamiento.
Los cuestionamientos de las competidoras fueron en realidad de fondo y de forma. Dijeron, por ejemplo, que con esa propuesta Mechp no solo trabajaría por debajo del precio y, por lo tanto, no cumpliría con la calidad del servicio, sino que además no contaba con el mínimo de capital requerido, 50 millones de pesos. La explicación que el Ministerio de Transporte porteño les dio en su momento de manera oficial fue que había elegido la oferta más baja y que, además, el socio español les agregaba solidez técnica y experiencia en el sector. “Incluso la llevamos a la Procuración para evaluarla”, dicen ahora en la administración porteña.
En realidad, ninguna de las competidoras pensaba obtener una rentabilidad inmediata. Es lo que surge de sumar 3500 plazas a 45 pesos la hora de estacionamiento, valor que Rodríguez Larreta no pretende por ahora modificar. El interés, admiten los empresarios, está más bien en la ventaja de entrar en una ciudad como Buenos Aires, vidriera capaz de hacerles ganar licitaciones en otras partes de América latina, y la capacidad de convencer al gobierno porteño de ampliar la cantidad de plazas o subir el precio. En otras palabras, la cercanía con el poder, secreto y el tesoro del contratista.
Fuente: La Nacion